La Justicia sanciona el hostigamiento ultra a políticos y periodistas progresistas en internet
Luis 'Alvise' Pérez se presenta a sí mismo como analista político. Un cargo que ejerce en diversos medios de comunicación, aunque el grueso de su actividad pública en los últimos años tiene que ver con su canal de Telegram y su cuenta de Twitter: ahí es donde difunde información sobre políticos, periodistas y empresarios que, según afirma, contribuye a luchar contra el stablishment ante sus más de 200.000 seguidores. Fotos cenando, insinuaciones sin pruebas sobre irregularidades fiscales o, directamente, bulos y falsedades, que le acaban de costar su cuarta condena recurrible por lo civil a este joven sevillano. Lo que el agitador ultra vende a sus más de 209.000 seguidores como una lucha contra "la mafia" para los jueces es hostigar a personalidades públicas vulnerando sus derechos fundamentales.
Pérez saltó a la vida pública cuando a finales de 2018 Ciudadanos le nombró asesor de Toni Cantó en las Corts Valencianes. Para entonces este joven ya tenía una numerosa legión de seguidores en Twitter y había culpado en falso a un grupo de manteros del atropello de un niño en una calle peatonal de València. Un año después, Alvise era apartado de su puesto como jefe de gabinete de Cantó y lanzaba su carrera de agitador en las redes sociales, afirmando estar al servicio de nadie y apuntando, sobre todo, a la inmigración, el feminismo y a políticos y periodistas progresistas, aunque sin renunciar a dirigirse contra otras sensibilidades políticas.
Durante la pandemia centró sus críticas en la acción del Gobierno y las restricciones sanitarias. Por ejemplo, difundiendo una marquesina de autobús con la cara de Pedro Sánchez y la frase "confía en tu Gobierno, un buen ciudadano obedece", o convocando una "manifestación online" contra el ejecutivo con cientos de miles de usuarios. También se ha opuesto con fuerza al uso de las mascarillas. Y en los últimos años, después de ser expulsado de Twitter, ha centrado su difusión en Telegram, donde se comunica de forma directa con más de 209.000 personas que siguen, comentan y comparten sus mensajes. En algunos difunde bulos, en otros airea información que supuestamente hace temblar los pilares del estado de derecho y, en otros tantos, vigila a la "mafia".
Ese marcaje se suele traducir en difundir fotos de políticos o periodistas en su vida privada, cenando en un restaurante o en un festival de música, pero acompañadas de un mensaje que da a entender que están haciendo algo inconfesable. Una de sus obsesiones más claras es Óscar Puente, exalcalde de Valladolid y cabeza de lista del PSOE por la provincia para las elecciones del domingo. Recientemente, Pérez difundió una imagen del político en un festival "cazado" con una misteriosa mujer, a la que califica de "amiga". Una "amiga" que, en realidad, es su hija menor de edad.
También fotos en la estación de Chamartín con su mascota o mensajes afirmando que va en un avión camino de Suiza. Supuestos casos de corrupción que nunca se han traducido en unas diligencias judiciales. La estrategia se repite con otros personajes públicos, sobe todo de la izquierda, en lo que el analista vende como una lucha contra la "mafia".
Los jueces, sin embargo, consideran que esa lucha contra "la mafia" es en realidad una difusión constante de bulos y de fotos íntimas de personajes públicos que nada tienen que ver con su trabajo y que no revelan ninguna conducta sospechosa. Por ahora ha recibido cuatro condenas por la vía civil, todavía pendientes de recursos ante el Supremo y la Audiencia de Madrid, mientras que nunca ha sido juzgado o condenado por la vía penal.
Son sentencias que dan una perspectiva distinta de su hostigamiento cibernético a personalidades de la izquierda. En líneas generales, los jueces le reprochan que no comprueba lo que publica, que difunde imágenes de la esfera íntima de la gente y que, además, cuando es citado en el juzgado o no comparece o ni siquiera pide que se compruebe si lo que dice es cierto.
Uno de los casos más sonados fue el de Manuela Carmena. El 31 de marzo de 2020, en las primeras semanas de pandemia, las autoridades sanitarias contabilizaron 9.000 nuevos contagios y 849 nuevos fallecimientos por la expansión del virus. En un contexto de máxima carencia de recursos médicos y hospitalarios, Pérez publicó una foto de una furgoneta en Twitter y afirmó que la exalcaldesa de Madrid acababa de recibir en su domicilio un respirador de una empresa privada como los que hacían tanta falta en los hospitales de todo el país.
Esa afirmación le costó una condena todavía no firme de 5.000 euros. Él lanzó una acusación que no contrastó lo más mínimo, ni en Twitter ni en el juzgado, dijo el magistrado que firmó su sentencia. Y aunque no sea periodista, añadía esta sentencia, tiene la obligación de comprobar si lo que dice es verdad dado que en ese momento tenía 145.000 seguidores en esta red social. Su capacidad de difusión, desde hace tiempo, está por encima de la de muchos medios de comunicación.
Fue condenado en términos similares por la Audiencia Provincial de Madrid tras difamar a la periodista Ana Pastor. En ese caso, tanto él como un youtuber difundieron información sobre la empresa Newtral, que dirige Pastor, para poner en duda sus cuentas y si pagaba los impuestos que debía. La respuesta de los jueces fue la misma que en el caso de Carmena: ni tenía pruebas cuando publicó los tuits ni las pidió cuando el caso llegó a manos de la Justicia para demostrar su inocencia.
Esta sentencia dibujó el 'modus operandi' de Luis Pérez cuando se trata de apuntar a supuestas ilegalidades. Sus tuits sobre Newtral y Ana Pastor estaban "trufados de insinuaciones", presentando como "sospechosa" la evolución de la empresa pero "sin contrastar" la información y con "datos insuficientes". El resultado, una indemnización de 1.000 euros para la periodista. Una condena similar a la recibida por otra agitadora de la órbita de la ultraderecha: Cristina Seguí, exdirigente de Vox en València, fue condenada por insultar a Ábalos en Twitter.
Otra de sus líneas de acción es conseguir fotografías de políticos, periodistas o empresarios en su ámbito privado, o datos de qué hacen en un momento determinado, y difundirlos con un halo de misterio para hacerlo pasar por algo sospechoso. Sucede con Óscar Puente –el medio digital ultra EDAtv ha difundido una foto con su hija menor de edad insinuando que se trata de una amante– pero también con otras personalidades.
Lo hizo, por ejemplo, con el exministro José Luis Ábalos, otro de los focos de sus mensajes en Twitter y Telegram. En enero de 2021 difundió una imagen del político socialista en la terraza de su casa en València acompañado de un mensaje que destacaba que llevaba varias horas mirando unos pájaros. Insinuando, en definitiva, algún problema de salud mental.
Ese mensaje mereció la condena más alta hasta la fecha: una indemnización de 60.000 euros. La Audiencia de Madrid reprochó que esas fotos no tenían nada que ver con el trabajo de Ábalos como ministro, que pertenecían a su "ámbito más privado" y que, finalmente, habían sido obtenidas y difundidas sin su consentimiento. El mensaje, finalmente, contenía una insinuación "sumamente vejatoria".
Por esa vía ha llegado su cuarta condena de otra sección de la misma Audiencia Provincial, esta acompañada de una indemnización de 10.000 euros. Nuevamente por un tuit sobre Ana Pastor, esta vez con una foto de ella cenando con su marido, el también periodista Antonio García Ferreras, en Balears con Óscar Camps, de la ONG Proactiva Open Arms.
Nuevamente la foto, según los jueces, no aportaba nada sobre la profesión periodística de Ana Pastor, ni tampoco alumbraba ninguna supuesta "mafia", como afirmaba Pérez en sus mensajes que acompañaban a la imagen. "Cómo se tensa la mafia cuando los observados, perseguidos y desnudos ante la opinión pública son ellos ¿verdad?", se preguntaba.
En realidad había poco misterio detrás de aquella foto. Unas semanas antes de su publicación, en el verano de 2020, Camps y Pastor habían comparecido juntos en Palma para presentar un documental sobre la ONG que había producido Newtral, la empresa de la periodista, rodado en Senegal. Existen fotos del momento publicadas por la agencia estatal EFE, como la que acompaña esta información.
Está por ver si la jurisdicción civil declara firmes estas condenas, las anula o las matiza en los próximos meses. Según difundió el propio Luis 'Alvise' Pérez, el Tribunal Supremo ya ha admitido a trámite al menos uno de sus recursos contra una de ellas. Por la vía penal, varias acciones judiciales contra él han fracasado mientras un juzgado de Barcelona sigue investigándole por difundir, supuestamente, una falsa prueba PCR del entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa. Esa causa, según fuentes jurídicas, está a la espera de información procedente de la empresa Twitter.
Según la información que él mismo difunde en su canal de Telegram, Pérez ha ido recurriendo sus condenas, en algunos casos afirma haberse enterado por la prensa de que el juicio se ha celebrado sin su presencia y, en otras ocasiones, vaticina un resultado que luego no se corresponde con la realidad.
En el caso que le enfrentó a Manuela Carmena, por ejemplo, el agitador afirmó que se había enterado gracias a "la indiscreción de un operador judicial" de que había ganado el caso porque nadie le había notificado que se había desestimado la demanda. Esta afirmación llegó hasta la jueza que dictó la sentencia, que le dedicó unas líneas en la resolución antes de condenar: "Es notorio que las anteriores informaciones emitidas a través de una red social con amplia difusión no son tampoco ciertas", afirmó la magistrada.
En otros casos, los jueces se limitan a afirmar que si no se ha enterado de la celebración de un juicio es porque está en "rebeldía", término judicial utilizado cuando alguien no se presenta en el juzgado o no se persona en las actuaciones. Su última condena por publicar fotos de Ana Pastor, por ejemplo, constata que está en "voluntaria rebeldía".