Sergio Massa busca aval para que el Estado se quede con un negocio millonario
El Estado nacional busca volver a quedarse con el control de las concesiones hidroeléctricas privatizadas hace 30 años, durante el gobierno de Carlos Menem. Los primeros contratos vencieron el 11 de agosto pero se prorrogaron por hasta 120 días; mientras que otros culminarán en 2024.
El artículo 78 del proyecto de ley de Presupuesto 2024 estipula que a la finalización de las concesiones, "la administración, operación y explotación de cada uno de los aprovechamientos hidroeléctricos será asumida por Energías Hidroeléctricas Sociedad Anónima Unipersonal (SAU)", un nuevo vehículo de Energía Argentina (ex Enarsa), "con el objetivo de asegurar la plena operatividad de las centrales, la continuidad de los servicios y el correcto funcionamiento de las instalaciones, sin perjuicio de las eventuales responsabilidades por las obligaciones asumidas por los actuales concesionarios".
La ex Enarsa podrá vender la energía a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) y se deberá hacer cargo de la eventual transferencia del personal y contratos relacionados con esas centrales, así como de los "estudios, proyectos, construcciones, renovaciones y ampliaciones de los bienes revertidos al Estado nacional".
De ser aprobado en el Congreso de la Nación, una vez que las elecciones presidenciales reconfiguren un nuevo cuadro político en la Argentina, el Estado se quedaría con el "negocio del agua", por entre 100 y 200 millones de dólares al año.
El negocio de las represas hidroeléctricas
Las cuatro centrales que volverían a las manos públicas son Alicurá (AES), El Chocón - Arroyito (Enel) y Cerros Colorados (Orazul Energy), a partir del 9 de diciembre; y Piedra del Águila (Central Puerto), entre febrero y abril del próximo año. De todas formas, este o el próximo Gobierno podrían decidir una extensión de la prórroga hasta agosto de 2024.
Ya el siguiente año caducarán los contratos de las hidroeléctricas Los Nihuiles, Diamante y Río Hondo.
Por los reiterados incumplimientos del contrato por parte del Estado nacional, las empresas evalúan ir a un juicio ante el CIADI si es que se les termina el contrato de concesión y no hay una compensación
La visión de los funcionarios nacionales hoy es que la infraestructura fue construida por el Estado nacional y los recursos efectivamente son de las provincias, por lo que quieren compartir la participación en la gestión de las represas. Además, el Gobierno explora alternativas para otorgar un contrato de Operación y Mantenimiento (O&M) a los privados, que tienen el expertise pero no están interesados en asumir ese riesgo con baja rentabilidad y sin la propiedad del activo.
El pago que hace Cammesa -que recibe el dinero de las tarifas que pagan los hogares, comercios e industrias, así como de los subsidios que pone el Estado nacional- es de aproximadamente 20 millones de dólares por año a cada una de las centrales hidroeléctricas concesionadas, entre la energía (generación) y la potencia (disponibilidad). La remuneración sirve para la operación, el mantenimiento y las inversiones que permiten mantener en pie el equipamiento.
Como las hidroeléctricas tienen un bajo costo de operación y no necesitan combustible, su remuneración ronda el equivalente en pesos a 7,50 dólares por megavatio-hora (MWh), bien por debajo de los entre 40 y 60 dólares que se le pagan a las centrales térmicas más eficientes, a las que se les suministran el gas, el gasoil, el fuel oil y el carbón mineral.
Por los incumplimientos del Estado durante el contrato, las empresas evaluarían futuros juicios ante el CIADI una vez que dejen de tener la concesión de las centrales.