La plaza de los Derechos Humanos, frente al Palacio de Justicia de la capital guatemalteca, fue el escenario para que cientos de manifestantes de todos los sectores sociales acudieran al llamado que hizo el presidente electo, Bernardo Arévalo , en protesta de las persecuciones judiciales que la fiscalía de la nación -el Ministerio Público- lleva a cabo en contra del partido que ganó las elecciones presidenciales más tumultuosas de las últimas décadas. La cita ocurrió el pasado lunes 18 de septiembre, cuando Arévalo, la vicepresidenta electa Karin Herrera y diputados electos y miembros del equipo jurídico de Movimiento Semilla -el partido que postuló a Arévalo- se dieron cita en el Palacio de Justicia para presentar un amparo en la Corte Suprema de Justicia con el fin de que se invaliden todas las acciones jurídicas que se han llevado a cabo en contra de los resultados de las Elecciones Generales. Con acciones jurídicas el partido se refiere a aquellas que ha emprendido el MP dirigido por la fiscal general Consuelo Porras y Rafael CUrruchiche, el fiscal jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), amparadas por las decisiones del juez penal Fredy Orellana. Arévalo acusa a los fiscales y el juez de orquestar un «golpe de Estado» para evitar que asuma el poder el próximo 14 de enero. Y si bien esta no es la primera demanda que interponen en los tribunales para cortar de tajo la «cacería política» que lideran Porras y Curruchiche, esta sí que es la primera vez que Arévalo y Semilla lo hacen rodeados de cientos de manifestantes pacíficos que ondeaban las banderas del país, al son de tambores y trompetas, en una tarde que paralizó el Centro Histórico de la capital y cuyas manifestaciones también resonaron en otros puntos estratégicos del país, como la Ciudad de Quetzaltenango. Noticia Relacionada estandar Si El presidente electo de Guatemala rompe el diálogo con el gobierno saliente y suspende la transición Juan Diego Godoy El Ministerio Público del país arremete de nuevo contra los resultados de las elecciones y abre las cajas electorales ante protestas de la ciudadanía y críticas de diversos sectores, que tildan el suceso como «rompimiento constitucional» Uno de los aspectos que más ha llamado la atención, además del número de manifestantes que tomaron la plaza durante un lunes laboral, ha sido la convergencia de sectores y actores sociales que han respaldado la presentación del amparo. Desde líderes de la Iglesia católica -encabezados por monseñor Álvaro Ramazzini- hasta la Premio Nobel de la Paz guatemalteca, Rigoberta Menchú, y líderes comunitarios de todas las representaciones indígenas del occidente del país, entre ellos los 48 Cantones de Totonicapán, la Alcaldía Indígena de Sololá, el Parlamento Xinca y las autoridades de Chichicastenango. No faltaron estudiantes universitarios de las principales casas de estudios del país ni representantes del sector empresarial del país, como los miembros del Consejo Nacional de Empresarios. Contra la corrupción Los líderes indígenas han amenazado con bloquear todas las rutas de tránsito terrestre del país. Y comenzaran a partir de este martes 19 de septiembre. El conglomerado indígena Codeca ya anunció bloqueos durante toda la semana para exigir la renuncia de Porras, Curruchiche y Orellana. Se movilizarán en al menos 23 carreteras a escala nacional. En conferencia de prensa Codeca informó que esta «lucha contra la corrupción» debe ser de todos los pueblos e indicaron que las manifestaciones «son para expresar su rechazo porque no se ha respetado el voto popular». A su llamada se han unido otros líderes comunitarios. Integrantes de los 48 Cantones de Totonicapán, la Alcaldía Indígena de Sololá, el Parlamento Xinca y las autoridades de Chichicastenango presentaron un memorial ante la Corte en el cual consta la solicitud de petición de renuncia en contra de los funcionarios citados y amenazaron que, de no ser atendido y acatado el memorial, paralizarán el país. Mientras tanto, el presidente saliente Alejandro Giammattei se ha mantenido lo más al margen posible. Ha evitado en reiteradas ocasiones condenar el actuar del MP, puesto que ha sido la misma FECI quien ha desestimado o retrasado acusaciones de presunta corrupción que la ciudadanía ha hecho en contra del presidente y su círculo cercano. Tal es su distancia que ha puesto países de por medio. Ahora mismo, Giammattei se encuentra en Nueva York, EE. UU., para participar en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en donde rendirá su último discurso ante Naciones Unidas y presentará un informe sobre los avances de su Administración en materia de narcotráfico y trata de personas. La visita del presidente, sin embargo, es incómoda. Sucede en el marco de manifestaciones en su país y una crisis política pujante, mientras Washington le pide fervientemente que denuncie «los atentados» en contra de la democracia de Guatemala y varios países de la región, como Honduras, México, Costa Rica, Colombia, Brasil, Chile y Argentina, han condenado la situación del país, en consonancia con los miembros más fuertes de la Unión Europea, como Francia y España. La condena de la OEA La condena internacional contra Guatemala comienza a sentirse, sobre todo, en el mismo continente. Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha pedido tajantemente al MP que frene toda investigación contra el partido de Arévalo. La solicitud de Almagro ocurrió también el pasado lunes, cuando rindió un informe ante la Comisión Permanente de la organización, luego de la última -y polémica- visita al país. Los líderes indígenas han amenazado con bloquear todas las rutas de tránsito terrestre del país Almagro dijo que la comunidad internacional «no podía permitir que una fiscalía sin competencia en temas electorales rompa la institucionalidad y la Constitución del país» y criticó el actuar del juez Orellana, quien no tiene competencia en temas electorales, por lo que «la suspensión de Movimiento Semilla no tiene fundamento jurídico, ya que solo el Tribunal Supremo Electoral puede inhabilitar una agrupación política». Tras la presentación del informe, 15 países condenaron por tercera vez las acciones judiciales del MP, las cuales califican como «intentos de socavar la elección popular » y la instrumentalización de la persecución penal y han invocado la Carta Democrática Interamericana que la OEA suscribe. Estados Unidos reiteró su preocupación por las «actitudes antidemocráticas» de la Fiscalía y países como Costa Rica, Argentina, Dominicana, Colombia, España, Uruguay, Chile, Canada, Brasil, México, Honduras también se pronunciaron fuertemente contra la situación.
