La Junta se impone un examen para medir la eficacia de sus políticas

La Junta de Castilla y León se impone el autoexamen a las políticas públicas . Un decreto aprobado ayer por el Consejo de Gobierno obliga ya a ello, dando un «paso más» a la práctica que hasta ahora se limitaba prácticamente a medir el presupuesto gastado, lo realizado... «Pero no había una evaluación más allá», señaló el portavoz del Gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo, quien apuntó que esta evaluación de las políticas públicas pretende analizar la «calidad de los servicios» con un «doble objetivo» : por un lado, su «mejora continua» estando «siempre atentos», y, por otro, «avanzar en transparencia», pues los resultados de esos autoexámenes serán públicos y podrán ser consultados por los ciudadanos. La idea, señaló el también consejero de Economía y Hacienda, «no» es propiciar el debate político, tal y como, señaló, les ha «orientado» la Airef (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) a la hora de marcar las pautas para este análisis, sino medir los objetivos y resultados alcanzados, con el afán de «mejorar», ver las causas sino se alcanza lo marcado o cómo hacerlo. Noticia Relacionada estandar No El PSOE ve «una nueva chapuza» en el logo de «dudoso gusto» que promociona el turismo de la Comunidad ABC / I. J. Pedirá explicaciones al consejero de Cultura al apuntar que se habría «cogido» de una base de datos gratuita y ha costado 17.000 euros Una iniciativa «valiente», defendió Carriedo, con la que se desarrolla la Ley de Derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración, ya que «establece un mecanismo» que obliga a esa evaluación que servirá de guía también para «corregir» las deficiencias. Implicará a todas las consejerías, organismos autónomos y entes públicos, que tiene ahora un plazo de cuatro meses para señalar qué programas, planes y estrategias han de someterse a esta evaluación, que será obligatorio contemplar en los que lleguen en el futuro. Empleados públicos El trabajo se realizará por los propios empleados públicos de la administración autonómica, a los que se «formará» y adquirirán una «especialización» , señaló Carriedo, quien descartó que suponga mayor carga de trabajo. Sólo como «excepción» el decreto contempla la posibilidad de externalizarlo en algún momento por la complejidad o volumen del análisis. «Se pretende hacer de la crítica constructiva un elemento de mejora continua de los servicios prestados, evitando así la autocomplacencia y el inmovilismo», subrayó Carriedo sobre este decreto aprobado a propuesta de la Consejería de la Presidencia.