Inocencia rota: El abuso infantil se diluye en el delito de trato cruel
Con una vara de madera, una mujer golpea repetidamente hasta dejar moretones en todo el cuerpo de su víctima. La escena no es una tortura ocurrida en una cárcel, sino el castigo de una abuela hacia su nieta de 11 años por dañar una cinta adhesiva.
Por María Valentina Costero / talcualdigital.com
En otra casa, los vecinos auxiliaron a una niña de 8 años que fue quemada con una cuchara caliente en su boca y parte del rostro por haber tomado un alimento de la cocina. Su madre la estaba «castigando». Estas son tan solo dos de las 15 denuncias de maltrato infantil registradas en el país en el mes de mayo.
Durante 36 días, del 1° de mayo al 5 de junio de 2023, TalCual hizo un seguimiento a las denuncias de delitos contra niños, niñas y adolescentes publicadas en las redes sociales del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y de Douglas Rico, su director. En total, se registraron 26 casos que fueron especificados. Otros solo eran mencionados en reseñas generales.
El principal delito imputado fue trato cruel o maltrato. Le siguen el abuso sexual, del cual se registraron cuatro casos, y el homicidio, con tres denuncias. También en las publicaciones se reseñó un intento de homicidio, una situación de acoso y dos secuestros.
Por estas agresiones fueron detenidas 42 personas, de las cuales 20 pertenecían al círculo familiar directo del niño, niña o adolescente.
Las víctimas de homicidios fueron un niño de seis años que fue asesinado por su padrastro, un niño de siete años maltratado y asesinado por un hombre externo a su familia y una adolescente de 13 años, quien fue asesinada a manos de un joven de 18 años que la había citado a un encuentro.
En esa muestra que solo refleja los casos cuando los agresores son detenidos, se repite continuamente el delito de «trato cruel», aunque los niños queden fuertemente lesionados, e incluso hayan muerto debido a la agresión.
El educador y fundador de la organización en defensa de la niñez y adolescencia Cecodap, Fernando Pereira, explica que los casos de maltrato que son denunciados ante las autoridades normalmente son «los más severos, los más graves, los que dejan consecuencias físicas».
«Otros (casos) siguen ocurriendo dentro de las viviendas y si no trasciende, no se denuncia, permanecen allí en un ciclo», agrega el educador, quien resalta que solo se conoce «la punta del iceberg», por lo que debajo hay más situaciones de violencia.
Angeyeimar Gil, trabajadora social y defensora de la Red de Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes (Redhnna), sostiene que lo que llega a los medios «suele ser un porcentaje mínimo de lo que realmente sucede en los hogares venezolanos».
Una cultura que legitima
La prevalencia del maltrato infantil en la sociedad venezolana no responde a una sola razón. De acuerdo a Angeyeimar Gil, la cultura adultocéntrica, en la que los adultos son considerados superiores a los menores de edad, hace que las personas que están al cuidado de los niños, niñas y adolescentes se sientan con poder sobre ellos. «Eso les da posibilidad de actuar de la manera que les parezca para corregir, para sancionar y para pedir un cambio de conducta», explica.
El educador Fernando Pereira señala que hay una «permisividad» cultural en Venezuela hacia los castigos físicos que, aunado a algunas ideas religiosas de base cristiana «como corregir a los hijos con la vara», lleva a que los niños sean considerados «objetos» de los padres.
También destaca que en el país aún persiste la idea de que hay ‘violencias buenas o necesarias’. «Cuando vamos a comunidades o al centro educativo, la gente hace alusión a la falta de correctivos severos y relacionan la ausencia de castigos físicos con lo ‘mal’ que están los muchachos hoy en día. Se le atribuye a que no se esté castigando suficientemente a los muchachos», comenta.
Sin embargo, de acuerdo a la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (Lopnna), un castigo no es equivalente a maltrato infantil. La Lopnna prohíbe cualquier castigo físico o humillante con el fin de corregir un comportamiento en el artículo 32-A, pero no los califica como hechos punibles.
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