Tribunal de Calama decreta presidio perpetuo y 15 años de cárcel por homicidio de defensora ambientalista
El Tribunal Oral Penal de Calama condenó ayer a Jean Pierre Barrios Durán a presidio perpetuo y a Miguel Alejandro Lovi Sánchez a 15 años de cárcel por el homicidio calificado de Javiera Rojas Veas, conocida defensora ambientalista de 42 años al momento de su muerte, crimen cometido en noviembre de 2021 en la ciudad minera.
Recordemos que la mujer se desempeñaba como guía turística y era reconocida por presidir la Agrupación Ecológica Valle de El Durazno, organización que surgió en contra de la construcción del embalse La Tranca, cuya instalación logró ser suspendida por la oposición de la comunidad, debido a los riesgos de inundación que presentaba el proyecto para la localidad de El Durazno en Combarbalá, Región de Coquimbo.
En fallo unánime, el tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que la víctima se reunió con ambos condenados el 24 de noviembre de 2021 en las afueras de un local comercial y luego se dirigieron a la vivienda de material ligero que habitaban Barrios Durán y Lovi Sánchez, ubicada en calle Antofagasta, en Calama.
Según señala el fallo, “si bien no se cuenta con una data exacta y detallada del desarrollo de los hechos, es posible concluir que una vez situados en dicho lugar, a contar del día 24, comienzan a agredirla en diferentes momentos con golpes de puños, elementos cilíndricos y a amarrarla de manos, pies y cuello, dejando a la víctima, en diversas posiciones, recibiendo incluso mordeduras de un animal tipo perro de acuerdo a las improntas dentarias, recibiendo reiterados golpes en la cabeza”.
El tribunal aplicó, además, tanto a Barrios Durán como a Lovi Sánchez, las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos por el tiempo de vida del sentenciado, y la sujeción a la vigilancia de la autoridad por el máximum que establece el Código Penal.
Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas de los sentenciados para determinar sus huellas genéticas e incorporación al registro nacional de ADN de condenados.