Javier Elola, un fiscal general de la República convertido en símbolo de la represión franquista a la carrera judicial
“Que me sentencie el pueblo, que es para mí el más alto tribunal, si no cumplo con mi deber”. Son las palabras que Francisco Javier Elola (Monforte de Lemos, 1877) pronunció en 1931 en una reunión con compatriotas gallegos en Madrid tras ser nombrado Fiscal General de la República. No se cumplió su voluntad. Ocho años después, a las cinco de la mañana del 12 de mayo de 1939, fue fusilado en el Camp de la Bota de Barcelona tras un simulacro de juicio y sentencia. Antes de morir había dejado por escrito su deseo de que, cuando se restableciera la democracia, se revisara el sumarísimo procedimiento por el que había sido condenado a muerte, según reveló este miércoles en Madrid su nieto Javier Elola durante la presentación de un libro que glosa la vida y obra de su abuelo.
Esa ansiada revisión judicial nunca llegó a producirse — la nueva ley de memoria sí establece la nulidad de las sentencias y resoluciones de los tribunales franquistas—. Pero 84 años después Elola sí ha recibido, al menos, una suerte de desagravio ante el olvido institucional en la misma sede de la institución que presidió durante apenas tres meses, pues dimitió para ser nombrado magistrado del Tribunal Supremo. La Fiscalía General del Estado acogió la presentación de la obra ‘En memoria de Francisco Javier Elola’ (Tirant Lo Blanch) a la que asistió la fiscal de Sala de Memoria Democrática, Dolores Delgado, y una nutrida representación de jueces, fiscales y otras personalidades del ámbito judicial.
Su nieto, que nació 12 años después de su fusilamiento, puso en valor actos como este que, a su juicio, “son un tránsito obligado para una verdadera reconciliación entre los españoles”. “Este acto no es sólo de reconocimiento y de justicia, también nos une a todos”, dijo Javier Elola, que acabó su intervención con una proclama a favor de “la España democrática e inclusiva” y logró poner en pie a toda la sala en un largo aplauso.
Durante casi dos horas, diferentes intervinientes glosaron la figura de Elola, que también fue juez y político. Y, de hecho, compatibilizó ambas tareas. Cosas de la época. Fue elegido diputado a Cortes Constituyentes en junio de 1931 por el partido radical de Alejandro Lerroux, de carácter republicano, anticlerical y anticatalanista. En 1933, coincidiendo con el giro derechista de esa formación, Elola pasó a ser diputado republicano independiente, según recuerda en el libro el fiscal César Estirado, coordinador de la obra.
Estirado definió a Elola como un “auténtico intelectual” y destacó sus aportaciones en todos los ámbitos jurisdiccionales. Recordó, por ejemplo, sus decisiones impidiendo los desahucios de los inquilinos que no podían hacer frente al pago de las rentas o a la subida anual que quería establecer el propietario. El libro recuerda que incluso falló en contra de un casero hidrófobo al que recordó que el acto de bañarse no podía ser motivo de sanciones contra su inquilino.
A pesar de sus ideas conservadoras también sorprendían sus sentencias “transgresoras para la época”, sobre todo las relativas a las mujeres y las clases menos pudientes, explicó la historiadora María Torres, que dijo que "la memoria es la única alternativa al silencio impuesto" y aludió al "compromiso moral de no olvidar". "La intolerancia amenaza a las minorías, a los refugiados...", aseveró.
La fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Dolores Delgado, destacó la “sólida formación y pensamiento” de Elola que, dijo, “fue ejecutado por la única razón de ser un juez, leal y cumplidor de la legalidad”. Destacó de él su “extraordinaria formación, de pensamiento y de obra". Y dijo que “forma parte de un innumerable grupo de hombres y mujeres que por sí solos constituyen un sello de calidad como país, que merecen un reconocimiento y un homenaje".
Delgado destacó también el hecho de que Elola, en su momento, ya alertaba "contra la oligarquía judicial y el gobierno de los jueces" y decía que los jueces también debían ser "sometidos a la soberanía popular". De hecho, el libro recoge como en sus intervenciones parlamentarias siempre defendió una modernización y renovación del Poder Judicial, alejado de toda inercia corporativista. “Palabras éstas sobrecogedoras por su carácter premonitorio”, sostiene el fiscal Estirado en el prólogo.
Elola llegó a ser instructor del sumario contra el general Joaquín Fanjul como el máximo responsable del golpe militar en Madrid. Renunció a ese procedimiento precisamente por no admitir las limitaciones que se le imponían, pues no se le permitía al investigado el uso de todas las pruebas de las que intentaba valerse. “Es un verdadero referente para jueces y fiscales. Tenía muy claro que un juez y un fiscal tenía que atenerse estrictamente a los hechos y las leyes, sin dejarse interferir por las creencias políticas o la mentalidad de los justiciables. Ojalá muchos se aproximaran a su figura”, añadió Estirado.
El acto contó también con la intervención del magistrado del Tribunal Constitucional Ramón Sáez, que participa en el libro. “Es un acto de justicia, se trata de reincorporar a nuestra comunidad a quienes fueron violentamente expulsados y, además, negados. El Estado y la Fiscalía tenían una deuda simbólica, cultural y de afecto con él”, afirmó el magistrado, que situó a Elola como “representante” de “un grupo fascinante de juristas de la República que fueron asesinados o murieron en el exilio”, entre los que citó también a Luis Jiménez de Asúa y Felipe Sánchez-Román, entre otros.
También tomó la palabra el magistrado de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada, que firma otro de los capítulos de la obra. Destacó especialmente su contribución a la construcción del Poder Judicial en la II República y su preocupación por la autonomía e independencia de los jueces. Asuntos que siguen de total actualidad más de ocho décadas después.