El propio informe, de forma preliminar, no se pronuncia sobre la constitucionalidad de la ley y advierte de la contradicción entre su aspiración a la reconciliación en Cataluña y los efectos que está teniendo en forma de división
El Gobierno se afanó ayer a filtrar una versión del informe preliminar de la Comisión de Venecia sobre la amnistía. Sin embargo, es solo eso: preliminar y, además, con una versión que parece sesgada para tratar de hacer entender a la opinión pública que el órgano europeo ha dado su aval a la medida de gracia. En este sentido, desde el PP se han lanzado rápidamente a desmentir la versión del Gobierno con diez argumentos:
En ningún caso, el informe se pronuncia sobre la constitucionalidad de la ley de amnistía, aunque sí subraya que la constitución no la contempla y que prohíbe indultos generales. Además, recoge la advertencia de letrados de la Comisión de Justicia de que se requiere una reforma constitucional y llega a recomendar una reforma de la Constitución para incluirla de forma concreta.
El informe preliminar destaca que la amnistía se promueve a cambio de la investidura y que esto ha generado profunda polémica y división en España. De hecho, recoge la contradicción entre el presunto objeto de la ley —lograr la reconciliación— y sus verdaderos efectos hoy: una división radical de la clase política, las instituciones, la judicatura, el mundo académico y sobre todo la sociedad española. Hasta el punto de que el informe acaba instando a las autoridades a un diálogo profundo para conseguir una verdadera reconciliación social y política.
Critica nítidamente el procedimiento escogido: proposición de ley, limitando la consulta y participación de distintos órganos, instituciones etc. Incluso advierte que las prisas pueden dañar la calidad y el sentido y propósito de la ley.
Destaca que la ley ha provocado "una crítica feroz en España y más allá", generando una profunda división social e institucional.
Critica que sea una amnistía redactada "ad hominem": es decir, para individuos concretos.
Advierte que los jueces deberán tener siempre la última palabra en la aplicación de la Ley. Y por tanto que la ley de amnistía no podría, como pretenden el Gobierno y sus socios, ser aplicada de forma automática, anulando de facto la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y el Derecho Europeo, que establecen que si una ley choca con el Derecho debe suspenderse su aplicación hasta su revisión.
Critica la vaguedad en el marco temporal de aplicación de la ley porque genera inseguridad jurídica y quiebra el principio de igualdad. Llega a recomendar reformar el texto para hacerlo mucho más preciso en el tiempo y los delitos afectados.
Advierte contra cualquier matización sobre la exclusión del delito de terrorismo.
Advierte contra amnistiar delitos de corrupción y malversación simplemente vinculándolos a las consultas independentistas del 2014 y el 2017. Y del impacto sobre principio de igualdad ante la ley.
Insiste en que, por supuesto, ningún juez debe comparecer ante las comisiones de investigación creadas para analizar el presunto “lawfare” del Estado contra los independentistas, porque sería radicalmente contrario al Estado de Derecho.
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