La corrupción y las apariencias

A decir de diversos expertos administrativistas, el presidente del Gobierno pudo incurrir en una incompatibilidad por conflicto de intereses cuando participó en al menos dos Consejos de Ministros que aprobaron ayudas públicas a empresas –un rescate en toda regla- del grupo Globalia, compañía que patrocinó diversos actos en los que participó Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez . La relación de Gómez con Globalia está acreditada y así constan diversas reuniones de ella con Javier Hidalgo , consejero delegado del grupo, e incluso con Víctor de Aldama , una de ellas al menos en San Petersburgo, cuando en plena pandemia la compañía necesitaba urgentemente un rescate. La primera decisión del Consejo de Ministros fue el 3 de noviembre de 2020. En ella, con Sánchez presidiendo el Consejo, se aprobó el rescate público a Air Europa por 475 millones. La segunda fue el 16 de marzo de 2021, con ayudas de hasta 320 millones a Avoris, una agrupación de operadores de viajes de la que participaba Globalia. Los indicios acumulados de que Sánchez pudo incurrir en una incompatibilidad manifiesta son más que razonables. Ese es el motivo por el que es necesaria, como mínimo, una investigación preliminar y muchas explicaciones. Los hechos que se han venido publicando no han sido desmentidos ni por Begoña Gómez, ni por la matriz de Air Europa, ni por La Moncloa. Es imprescindible al menos una versión pública, incluso a nivel parlamentario, de por qué la esposa del presidente del Gobierno se reunió en Rusia, y en varias ocasiones más, con Víctor de Aldama, en su calidad de asesor de esa empresa, cuando a su vez resultaba tener contacto con la trama de Koldo García como intermediario y comisionista, según las revelaciones del juez. Y determinar, desde luego, de qué se habló en esas reuniones, en las que estaba el consejero delegado de Globalia por sus dificultades empresariales en la pandemia. El nexo entre Aldama y Globalia era incluso contractual, y era tan evidente como la relación de Aldama con los comisionistas de la red de Koldo García, a su vez hombre de confianza de José Luis Ábalos. Tanto, que Aldama acudió a Barajas durante aquella opaca noche de 2020 en que aterrizó Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, pese a tenerlo prohibido. Ese país debía más de 170 millones de euros a Air Europa y en su inicial recuperación, según la ONIF, había fracasado antes José Luis Rodríguez Zapatero. Tantas 'casualidades' y la coincidencia de personajes, así como su cercanía máxima a Pedro Sánchez, exigen una aclaración política de La Moncloa que jamás se ha producido. Son naturales las dudas. Si hubo o no conflicto de intereses en Sánchez es algo que debe definirse en aras de la transparencia. Jurídicamente, y con los datos existentes, cualquier sanción administrativa tiene una difícil viabilidad. Menos aún, en el ámbito penal. Pero políticamente, y sin una solvencia explicativa de Sánchez, el terreno de la sospecha compromete la exigencia de imparcialidad o abstención que plantea la ley reguladora del ejercicio del alto cargo. Los silencios del presidente, así como la reiterada versión de Moncloa de que la agenda de Begoña Gómez es privada, no son convincentes. No se trata de presumir gratuitamente un tráfico de favores. Pero el listón de la ejemplaridad, de la ética y de la estética en política lo puso el propio Sánchez comprometiendo su palabra. Si la mujer del presidente se entrevista con un comisionista y con un CEO en dificultades, y finalmente se produce el rescate, las apariencias son relevantes. Es forzoso que Sánchez se imponga el mismo rasero que en materia de corrupción siempre exigió para los demás.