Siempre ha sido así, pero en estos momentos tal vez un poco más, que el sector de la construcción es uno de los más mediáticos. No solo por su importancia económica y laboral en sí, sino porque es la que debe resolver o facilitar una faceta fundamental de la sociedad como es la vivienda. No son tiempos fáciles en este sentido, porque el precio no solo de la venta sino también del alquiler supone una seria barrera para las nuevas generaciones. Además, el propio sector de la construcción se enfrenta a diversos problemas para los que pide medidas administrativas, impositivas y legales más favorables. Para conocer la situación de este sector en Castilla-La Mancha, ABC se ha puesto en contacto con Manuel Carmona Roldán, secretario general de la Federación de la Federación Regional de Empresas Constructoras de Castilla La Mancha (Fereco) y presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción de Ciudad Real (APEC). —¿Cuáles son las principales reivindicaciones que el sector de las empresas constructoras han presentado recientemente a la Junta de Comunidades? —Desde la Federación Regional de Empresas Constructoras de Castilla La Mancha (Fereco) llevamos a cabo una labor constante de interlocución con todas las administraciones para trasladar la voz y reivindicaciones de las empresas regionales del sector. Dentro de esa ronda de visitas, hemos tenido una reunión con la directora general de Vivienda en la que le trasladamos la necesidad de que, desde las administraciones públicas, se impulse la construcción de vivienda asequible, y para ello es necesario que tanto el marco jurídico, el normativo y las ayudas se actualicen a los tiempos actuales. En algunos casos seguimos actuando con normativa de hace muchos años, con la práctica desaparición de ayudas a la promoción o a la compra o con módulos de construcción absolutamente desactualizados. Todo ello enmarcado en la apuesta que se hizo desde todas las administraciones por el alquiler y la rehabilitación olvidando la compra, pero ahora creemos, y así se está demostrando, que hay muchos jóvenes y familias que quieren acceder a la compra, por lo que es necesario volver a dar margen a determinadas políticas de vivienda que la favorezcan. Por ello, entre nuestras reivindicaciones están la recuperación de estas ayudas a la compra, ya sea en avales, subsidiaciones de préstamos o ayudas a jóvenes, la actualización de normativa acorde a los tiempos actuales y una regulación que otorgue seguridad jurídica, al estar continuamente sometidos a una normativa estatal, autonómica y municipal que en algunos casos es hasta contradictoria entre sí. Papel de la Administración —¿Cree que las diferentes administraciones están cumpliendo sus propuestas o planes respecto a la construcción de viviendas? —La vivienda es un asunto muy mediático que además, cuando llegan periodos electorales y tal y como pasó el verano pasado a nivel nacional, pasa a la primera página después de estar un tiempo olvidado. En este sentido, por ejemplo, se prometió que se recuperarían ayudas o se pondrían en marcha avales para jóvenes y muchos meses después todavía no se han activado, si bien parece que este mes se podrían anunciar los primeros avales a nivel nacional. Pero también en este sentido debo decir que tanto el consejero de Fomento, Nacho Hernando, como la directora general de Vivienda mantienen una interlocución directa y fluida con nosotros en un marco de colaboración, en la que tratamos de hacer propuestas y llegar a acuerdos que favorezcan el impulso de la vivienda, y trabajamos en la misma línea dentro de las competencias que tienen. Porque siempre lo recordamos, pero el sector de la construcción es un motor de la economía regional y emplea a 65.000 trabajadores en la región, por lo que todas las medidas que favorezcan la actividad del sector redundan en la economía y en el empleo. Noticia Relacionada estandar Si El precio de la vivienda libre sube un 4% en 2023 y se acerca al nivel de 2008 Blanca Martínez Mingo El coste medio de una casa se sitúa en los 147.282 euros, 54 euros menos que cuando explotó la burbuja —¿Se mantiene en España la superficie visada para la construcción? —El mercado inmobiliario, si algo tiene, es su variedad y heterogeneidad. No se puede comparar la actividad en construcción de vivienda de las grandes capitales o áreas metropolitana con la de las zonas de costa, con las provincias pequeñas, e incluso dentro de la misma provincia, la actividad de la capital con la de los pueblos del entorno rural. Por ello, nunca al hablar de vivienda se puede generalizar pues son realidades muy distintas. El ejemplo más paradigmático que encontramos en la actualidad es que conviven ciudades donde se intentan desarrollar normas para que los turistas o no residentes no compren vivienda, con territorios donde sucede todo lo contrario y se trata de atraer a residentes de otros sitios para que vengan a vivir. Pero en general, la demanda de vivienda sigue existiendo, hay un buen ritmo de actividad aunque es cierto que la subida de tipos de interés y la incertidumbre económica no favorecen. —¿Cuál es el porcentaje entre iniciativa pública y privada? —La iniciativa pública en materia de vivienda en este país es ínfima en comparación con la iniciativa privada. Por poner un ejemplo, casi el 90% de la vivienda protegida de este país la han hecho promotores privados. Y desde las administraciones públicas, en muchos casos ayuntamientos, no se han hecho políticas de vivienda serias y a largo plazo, sino muchas veces con un interés electoralista y cortoplacista. Por ello, cuando se critica a los promotores y se habla de la falta de vivienda asequible, habría que hacer un análisis un poco más en profundidad, y hablar por ejemplo de cómo se han gestionado los patrimonios públicos de suelo de los ayuntamientos que debían ir destinados a vivienda protegida. Falta de ano de obra —Uno de los problemas dentro del sector es el de la dificultad de encontrar mano de obra especializada por el cambio generacional ¿Por qué se produce? ¿Cómo de importante es la situación en este sentido? —La grave crisis que sufrió el sector de la construcción a partir de 2008 expulsó a casi un millón de trabajadores en España, lo que ha generado que no haya habido ni relevo generacional ni rotación en determinados oficios y puestos. Y esto es mucho más grave en un sector como el nuestro donde muchas de las competencias se adquieren por la experiencia en la obra y no por la teoría. Ello unido a que se trata de un sector que ha sido en cierta medida estigmatizado, hace que resulte muy difícil atraer a gente joven para trabajar, lo cual supone una limitación para la actividad de las empresas. Por ello debemos poner en valor todo lo que la construcción ofrece: se trata de un sector con futuro, que está invirtiendo en digitalizarse y transformarse, que tiene unas condiciones laborales y salariales muy por encima de otros sectores, con un salario mínimo un 20% de media por encima del SMI, con un convenio estable y un calendario laboral, con un plan de pensiones sectorial para los trabajadores, etc… Es decir, con un entorno que entendemos que debe ser atractivo para atraer trabajadores y crear plantillas estables y con futuro. Por ello, no podemos dejar de criticar que la normativa laboral no se adopte por decreto, tal y como nos ha acostumbrado el Ministerio, sino en el marco del diálogo social y de los convenios, pues no todos los sectores son iguales, y nadie como los empresarios y trabajadores, que conocen el sector, en una mesa de negociación, para dar respuesta y soluciones. —¿Cómo definiría la situación del coste de los materiales de construcción? —La subida de los últimos años de los materiales sólo puede calificarse de brutal, con algunos incrementados hasta en un 200% tras la pandemia. Ello ha originado que, según los estudios de nuestras patronales nacionales, el coste de las obras se haya incrementado de media hasta en un 20% en edificación y un 30% en carreteras, por poner varios ejemplos. Y si bien en los últimos meses se ha estabilizado, ello no quiere decir que hayan bajado, pues se siguen manteniendo en márgenes muy altos en comparación con 2021. Para paliar esta subida, y gracias nuestras reivindicaciones, el Ministerio puso en marcha un decreto de revisión de precios de las obras públicas, que a pesar de funcionar en determinadas obras, se ha demostrado insuficiente para dar una respuesta general. Y es por ello que venimos reclamando a nivel estatal un sistema de revisión de precios estable y flexible, que pueda adaptarse a situaciones como las vividas donde se ha incrementado tanto el precio y que otorgue seguridad jurídica a empresas, administraciones y clientes. Hipotecas e intereses —¿Otro de los factores es el de las condiciones financieras, tanto para los constructores como para los compradores ¿Cómo la definiría? —La subida de tipos de interés y un contexto de incertidumbre económica tienen siempre un reflejo en la compra de vivienda. La vivienda es la compra más importante que una persona hace en su vida, y por ello toma esta decisión siempre en un contexto de seguridad económica y laboral. Si algo de esto falla, la demanda se contrae. La subida de tipo de interés también hace que a las empresas les cueste más financiarse a la hora de acometer proyectos o crecer. Si los tipos de interés se estabilizan y comienzan a bajar, habrá un contexto más favorable, que también debe venir por medidas favorecedoras de la actividad empresarial, sobre todo laboral, y no legislar contra el empresario sino todo lo contrario. —¿Ve complicado que las nuevas generaciones con sus sueldos puedan acceder a una vivienda? —Insisto en que no se puede hacer una valoración general de los precios de vivienda porque no es lo mismo acceder a una vivienda en una gran capital, donde existe falta de suelo y unas condiciones de acceso diferente, a provincias más pequeñas donde los precios se mantienen en márgenes estables. De hecho, el mayor problema en muchos casos no suele estar en el pago de la hipoteca, que por ejemplo una pareja joven puede asumir, sino en esa entrada, ahorro inicial o la parte del préstamos que no se financia. Por eso reiteramos que es muy necesario que desde las administraciones públicas se pongan en marcha medidas para facilitar este acceso a la vivienda a través de ayudas, avales, bonificaciones o subsidiaciones como las que existían en su día y que se demostraron eficaces.
