España siguió mandando material militar a Israel en diciembre a pesar del embargo anunciado por el Gobierno

España siguió mandando material de defensa a empresas israelíes hasta al menos el pasado diciembre, a pesar de que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha insistido varias veces tanto en medios como en sede parlamentaria que las exportaciones de armas al país hebreo están congeladas desde el 7 de octubre, cuando empezó el actual conflicto en Gaza.

elDiario.es reveló hace unas semanas que en noviembre se mandó casi un millón de euros en munición a Israel. Los envíos, sin embargo, han continuado: las estadísticas oficiales del portal de comercio exterior muestran que también en diciembre se llevaron a cabo exportaciones de material de defensa a Tel Aviv, según los datos analizados por el investigador del Centre Delàs Alejandro Pozo.

En el último mes de 2023 se exportaron “estabilizadores de bombas de aviación” por un valor 125.240 euros, desde la Comunidad de Madrid. El Gobierno precisa en la base de datos de comercio que, en esta ocasión, el envío a Israel tenía una “finalidad de reexportación” a Filipinas, “que es su destino final”. 

La Secretaría de Estado de Comercio también indica a este medio que la exportación “corresponde a una licencia autorizada con anterioridad al 7 de octubre”, un argumento similar al que ofreció hace pocas semanas. La respuesta da a entender que todas las exportaciones de armamento a Israel aprobadas antes del inicio del conflicto se acabarán enviando a pesar del embargo anunciado por el Ejecutivo.

El hecho de que la exportación estuviese autorizada no impide que se pueda revocar el permiso. Según establece el reglamento de control del comercio de material de defensa, las autorizaciones pueden cancelarse si existen “indicios racionales” de que el material puede usarse en acciones “que perturben la paz”, que puedan “exacerbar tensiones” o “que puedan ser utilizados de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano”, entre otros preceptos.

“A pesar de haber anunciado un embargo, España sigue colaborando y comerciando con empresas israelíes que publicitan sus productos como probados en combate”, apunta Pozo, en referencia a que el principal campo de pruebas de estas compañías es la Franja de Gaza.

Desde Amnistía Internacional opinan de manera similar: “Más allá de mantener las relaciones comerciales con Israel y el abaratamiento de los costes unitarios de producción de las armas fabricadas en ese país con sus exportaciones, España debe tener plena coherencia entre la política exterior y la de exportación de armas”, apunta Alberto Estévez, portavoz sobre comercio de armas de la organización. 

La ONG celebra los pasos diplomáticos dados por el Ejecutivo respecto a la guerra en Gaza, pero considera que deberían ir acompañados de hechos en su política de comercio de armas. “Se debe ampliar la suspensión temporal de transferencias de armas a Israel a las licencias autorizadas antes del 7 de octubre”, insisten desde Amnistía Internacional. También pide que se hagan públicas las exportaciones autorizadas a Israel entre julio y octubre de 2023, para evitar que cada mes haya “sorpresas” en las estadísticas de exportaciones que demuestren que se sigue mandando armamento a Tel Aviv.

Cuando elDiario.es desveló el pasado febrero que se había mandado munición a Israel en noviembre desde la compañía Nammo Palencia, el Ejecutivo aseguró que el material mandado era para “pruebas” y “sin carga explosiva”. No era del todo cierto. 

La matriz de Nammo Palencia, radicada en Noruega y participada por el Gobierno noruego, aseguró el pasado febrero al diario Vårt Land –que se había hecho eco de la noticia publicada en este periódico– que en el envío que salió de España había 200 cartuchos “normales”. Es decir, con carga explosiva.

Preguntados por este aspecto, que el Gobierno ocultó el mes pasado, desde la Secretaría de Estado de Comercio explican que “los fabricantes de sistemas” hacen “la mayor parte de sus pruebas con disparos inertes”, pero “compran una pequeña cantidad de otras configuraciones de disparos” para “verificar que el sistema funciona correctamente”.

La empresa exportadora también indicó a la prensa noruega que el destinatario de la munición era Elbit Systems y confirmó que los proyectiles eran “para pruebas”. Elbit Systems es la principal empresa de defensa israelí y publicita sus productos como “probados en combate”. La compañía israelí fue excluida del Fondo de Pensiones Global de Noruega en 2009 por su “conducta en contravención del derecho internacional”.

El envío de munición desde una filial de una empresa semi pública noruega generó cierto revuelo en el país nórdico, donde las exportaciones de armamento a Israel están prohibidas desde hace 20 años. Lo que se constató fue que las empresas están utilizando filiales en otros lugares para seguir comerciando con el país hebreo.

Tanto el partido Izquierda Socialista de Noruega, socio presupuestario del Ejecutivo, como articulistas y organizaciones humanitarias condenaron la exportación. “Como propietario de Nammo, el Gobierno [noruego] debe dar un mensaje claro de que debe cesar el envío de armas a Israel”, señaló Ingrid Fiskaa, portavoz del mencionado partido. “No importa si la producción se realiza fuera de las fronteras de Noruega: Nammo es responsable de toda la cadena de producción, ya sea que las armas se produzcan en Arizona, Palencia o Raufoss”.

Las respuestas ofrecidas por la Secretaría de Estado de Comercio a este periódico y las exportaciones a Israel que figuran cada mes en las bases de datos plantean la duda de si el “embargo total” a Israel que ha anunciado en varias ocasiones Albares es real o no.

El pasado 20 de enero, Eduardo Melero, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid y experto en comercio de armas, registró una solicitud de acceso a la información pública para saber si el Gobierno había “acordado la suspensión temporal de las autorizaciones de exportación de material de defensa con destino a Israel” y, en caso de ser así, poder acceder a “una copia de la decisión administrativa adoptada en la que se acuerda la suspensión temporal”.

“Quería saber qué tipo de orden específica se había dado, si un embargo o cualquier otra forma de prohibición o restricción oficial a través de un proceso formal o si, simplemente, estábamos ante una declaración política de intenciones”, explica este jurista.

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa no quiso aclarárselo: en su respuesta recordó que se trata de “materia clasificada” protegida por la ley de secretos oficiales. Tras la desestimación de su solicitud, Melero ha presentado una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en la que a lo largo de doce páginas expone las razones por las que considera que la ciudadanía de un Estado democrático tiene derecho a conocer la información solicitada.

elDiario.es también ha preguntado a la Secretaría de Estado de Comercio si el embargo es una declaración política o figura de manera formal en algún acto administrativo. Comercio no ha respondido a la pregunta y se ha remitido a un comunicado del Ministerio de Exteriores en el que se precisa que no se han aprobado más operaciones de venta de armas a Israel tras el 7 de octubre.

España cuenta con una Ley de Transparencia y otra sobre el control del comercio de armamento (2007). Además, ratificó en 2014 el Tratado sobre el Comercio de Armas, pero todo ello se topa en la práctica con muros y agujeros negros originados por la Ley de Secretos Oficiales del año 1968 (modificada parcialmente en 1978) y por dos acuerdos posteriores aprobados en sendos Consejo de ministros.

Uno de esos dos acuerdos, el de 1987, suscrito bajo mandato de Felipe González, convierte en secretas todas las actas de la junta interministerial encargada de aprobar las exportaciones de armas, y el otro, de 2010, autoriza la clasificación de catorce áreas completas de la política exterior española.

Varias organizaciones no gubernamentales, como Amnistía Internacional, Intermón Oxfam, Greenpeace y FundiPau, se unieron hace un tiempo a través del programa “Armas bajo control” precisamente para exigir el acceso a la información sobre las exportaciones de armas.

No es excepcional que se envíen componentes españoles a empresas de defensa israelíes, que los ensamblan para después exportar el producto final. Según los informes oficiales que elabora la Secretaría de Estado de Comercio, también en 2021 se exportaron componentes a Israel con la finalidad de ser reexportados a la India, Filipinas, EEUU e, incluso, para que después regresaran a España.

El reenvío a Filipinas –un país en el que la ONU ha documentado “violaciones de derechos humanos generalizadas e impunidad persistente”– tampoco está exento de polémica: sólo en 2022 se denegaron seis exportaciones a Israel ante el riesgo de que el material acabara en Filipinas.

Preguntados por este aspecto, desde el Gobierno señalan que en el pasado se rechazaron esas exportaciones porque otros países de la Unión Europea habían denegado operaciones similares ante el riesgo de que los productos acabaran en la guerra de Ucrania. “La sensibilidad de las dos operaciones no era la misma en el momento de la evaluación de riesgo de cada una”, añaden.

Amnistía Internacional también viene denunciando desde hace un lustro que el sistema de reexportaciones de armamento desde Israel es “opaco” y permite exportaciones de armas a países donde se han usado para cometer “violaciones graves de derechos humanos”.

Esta entidad recuerda que el propio Gobierno español recomendó a Filipinas en 2017 “establecer los mecanismos necesarios para erradicar las ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias”, e intensificar “los esfuerzos” para “erradicar el uso de la tortura y los tratos inhumanos y degradantes”.