El narco aterroriza a la ciudad argentina de Rosario y Milei opta por imitar a Bukele

Una sucesión de asesinatos de dos taxistas, un conductor de trolebús y un empleado de una gasolinera ha marcado una escalada de violencia narco inédita en Rosario, tercera ciudad de Argentina en cantidad de habitantes. Los crímenes de esas víctimas, escogidas al azar, fueron cometidos entre el martes y el sábado pasados y ninguno de ellos tuvo por objeto el robo. Se trató de mensajes mafiosos.

A las 23:42 horas del sábado, un joven se acercó raudo a una cabina de la estación de expendio de combustible, en la zona oeste de Rosario, sacó su arma, apuntó al empleado y disparó tres veces. La víctima, Bruno Bussanich, de 25 años, murió instantes después.

“Esta guerra no es por territorio. Es contra (el gobernador Maxilimiano) Pullaro y (el ministro de Seguridad provincial Pablo) Cococcioni. Así como nosotros llegamos a 300 muertos, estando unidos vamos a matar más inocentes por año”, decía una nota arrojada por el homicida a metros del lugar. “No queremos celulares (supuestamente secuestrados en cárceles). Queremos nuestros derechos de ver a nuestros hijos y familia. Basta de seguir humillando con la familia”, completó el texto firmado por las zonas norte, sur y oeste, “unidos”. La rúbrica daría cuenta de que se trata de un reclamo de los detenidos de todos los cárteles de droga de la ciudad, envueltos en una guerra que ha causado centenares de muertes en los últimos años.

Poco antes de la medianoche del martes, un pasajero abordó un taxi. Al llegar al destino, en la zona sur de Rosario, mató al conductor y dejó una zapatilla a unos metros. Al día siguiente, a la misma hora, un pasajero —acaso el mismo— cogió otro taxi y apuntó una dirección en el norte. Al llegar, mató de un disparo al conductor y dejó una zapatilla a unos metros. Según los primeros peritajes, en ambos casos, las balas correspondían a la Policía de Santa Fe, provincia de la que Rosario es la principal ciudad. En suma, fueron cuatro los taxistas asesinados en un mes.

La secuencia delictiva siguió a las 19:00 horas del jueves. Una persona hizo la señal a un trolebús en una parada en el oeste de la ciudad. Cuando la unidad se detuvo, el falso pasajero sacó su arma y disparó al conductor, quien sobreviviría hasta la mañana del domingo. La bala también fue policial.

La ristra de asesinatos aterrorizó a la ciudad. Una sábana colgada de un puente sobre una calle dejó claro el mensaje: "Van a seguir las muertes de inocentes: taxistas, colectiveros [conductores de autobús], basureros y comerciantes".

Rosario amaneció el lunes con calles desiertas, sin trolebuses, buses, ni taxis. Las gasolineras establecieron un esquema de emergencia y no hubo recogida de basuras. Tampoco abrieron sus puertas las escuelas. “Una pandemia de miedo”, dice a elDiario.es el encargado de dos comedores, una biblioteca y un club en un barrio humilde en el centro-oeste de la ciudad, cuyo nombre se preserva por seguridad.

El sábado, decenas de niños estaban jugando al fútbol en las canchas del club cuando llegó un audio anónimo de WhatsApp con la advertencia de que debían desalojar la instalación. En la ciudad de Lionel Messi, Gabriel Batistuta y Ángel Di María, “hay 200 canchas de fútbol y los sábados y domingos son un hormiguero de pibes. Cuando recibimos el audio, levantamos todo y los mandamos a su casa”, dice la misma fuente.

Rosario es, de lejos, la ciudad con más homicidios por habitante de Argentina (quintuplica la media). En 2022, el índice de muertes en Santa Fe fue de 11,3 cada 100.000 habitantes. En Rosario, la tasa llegó al doble, 22/100.000, frente a los 4,2/100.000 de Argentina, el indicador más bajo de América Latina.

El presidente argentino, Javier Milei, su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el gobernador de Santa Fe, Pullaro, venían encendiendo un tono belicista, en una competencia por la mano dura. Se supone que Bullrich y Pullaro son aliados, ya que pertenecen a la coalición conservadora Juntos por el Cambio (JxC), pero la desconfianza entre ambos lleva varios capítulos. Aunque el gobernador intentó aproximarse a Milei, las muestras de hostilidad del ultra han sido elocuentes.

Milei y Bullrich —rivales en las elecciones presidenciales de 2023 y hoy unidos en el barco ultraderechista— han tomado impulso para avanzar hacia dos de sus objetivos explícitos y correlacionados. Primero, establecer una “guerra contra el narcoterrorismo” y, segundo, involucrar al Ejército, lo que está prohibido por ley.

Apenas conocido el asesinato del empleado de la estación de servicio, Bullrich difundió que las Fuerzas Armadas tendrían funciones en la nueva fase de la guerra. No está claro de qué forma ni con qué alcance. Probablemente, no pase del mero anuncio o un simbolismo, porque la ley de Seguridad delimita que los militares tienen vetada su participación en asuntos internos, un consenso alcanzado en un país que tuvo decenas de miles de desaparecidos la última vez que el Ejército se involucró contra “enemigos” fronteras adentro.

Milei ha dicho que, de momento, no declarará el estadio de sitio en Rosario. “Estamos acorralando a la droga y al narcotráfico y nos encontramos ahora con la respuesta, pero no estamos dispuestos a ceder ni un milímetro. Son ellos o nosotros. Están actuando todas las fuerzas, se le está dando asistencia logística con el Ejército”, declaró este lunes el ultraderechista al canal La Nación +.

El Gobierno ha anunciado su intención de que sea aplicada la ley antiterrorista, que duplica las penas, y la reposición de efectivos de las fuerzas de seguridad federales que habían sido aparentemente retiradas en las últimas semanas. También se propone avanzar con una ley “antibandas” que replicará las legislaciones de El Salvador, Estados Unidos e Italia.

El encargado del club popular cuenta el protocolo elaborado por la escuela al que envía a sus hijos, en el barrio de Agote, la misma a la que concurrió la estrella global del rap y trap Nicki Nicole. Los padres tienen que llegar con sus niños con estricta puntualidad y no deben dispersarse ante de tiempo en la plaza ubicada enfrente, como suele ocurrir. A la salida, los adultos buscarán a los alumnos a las puertas de las aulas.

El Gobierno de Milei cortó la entrega de alimentos a los más de 34.700 comedores populares en barrios vulnerables en toda la geografía argentina. En los dos comedores que maneja la fuente consultada, el abastecimiento dado por el Gobierno de Santa Fe es por el mismo monto de dinero que en noviembre pasado, en un país en el que la inflación desde entonces se acerca a 100%. “Compramos menos de la mitad de la mercadería que comprábamos hace unos meses, y la demanda es mucho mayor”, dice.

Una interpretación generalizada entre expertos es que el narcotráfico se ha convertido en una salida económica privilegiada para los adolescentes y jóvenes de barrios pobres, frente a opciones de empleo precario o la contención en instituciones estatales o sociales.

La trama política de Santa Fe es particularmente compleja en el mapa argentino. Actualmente está gobernada por Pullaro, un centrista de la Unión Cívica Radical que se subió a la ola de Milei en la segunda vuelta presidencial de 2023 y encabeza una coalición provincial con el partido conservador PRO, de Mauricio Macri, y el centroizquierdista Partido Socialista. Tres gobernadores del Partido Socialista dirigieron Santa Fe entre 2007 y 2019. En el plano nacional, el PS no tiene mayor peso y ha sido el rostro de centroizquierda de diversas alianzas de centroderecha o derecha. A su vez, el peronismo alberga en Santa Fe a una corriente progresista y de izquierda, y otra conservadora, de la que proviene el anterior gobernador (2015-2019), Omar Perotti.

Esos liderazgos se han visto ensombrecidos por diversas opciones mediáticas ultras como en ninguna otra provincia. No en vano, Milei sacó 63% de los votos en Santa Fe en la segunda vuelta presidencial de noviembre frente al peronista Sergio Massa.

Los últimos gobernadores han sido testigos del avance narco, que pasó de un nivel estándar a choques y venganzas violentas por el dominio del territorio, con adolescentes y jóvenes “soldaditos” surgidos de los barrios pobres como los principales perpetradores y víctimas. La escalada llevó a disparos de amedrentamiento contra escuelas, viviendas de funcionarios y medios de comunicación en horario nocturno. Eran avisos. Con las muertes de la semana pasada, Rosario vive una realidad inédita.

Infinidad de cúpulas policiales y ministros de Seguridad han rotado durante los últimos gobiernos de Santa Fe. Altos jefes de la Policía han sido condenados por su complicidad con los narcos o debieron dejar el puesto en medio de sospechas. Ningún gobernador, incluido el actual, se privó de enaltecer a algún comisario que terminó preso o procesado.

Capos narcos de las dos principales bandas de la ciudad, Los Monos y Alvarado, fueron detenidos o se mataron entre ellos. De los condenados de ambos clanes, la mitad eran policías, remarcó Juan Monteverde, un dirigente social de izquierda que se quedó a las puertas de ganar la alcaldía de Rosario en 2023. Las autoridades políticas y judiciales dan por hecho que las bandas son dirigidas desde las cárceles. El encarcelamiento y la rivalidad de los capos de los dos principales cárteles redundó en la atomización del negocio.

Norma Acosta, allegada a Guillermo Cantero, líder de Los Monos, instaló una carpa en una plaza céntrica de Rosario junto a familiares de detenidos, en protesta por supuestas violaciones a los derechos humanos. En diálogo con Radio Rosario, Acosta denunció que las autoridades del penal de Piñero impiden a los detenidos recibir paquetes de comida, llamar a su familia y consultar a sus abogados. También expresó que los encarcelados en Piñero, segundas y terceras líneas de las bandas, fueron torturados.

Acosta negó cualquier vinculación de los Cantero o los Alvarado con las muertes de la semana pasada, “porque tienen códigos”, y apuntó a la responsabilidad a un tercer jefe narco que estaría libre y trataría de controlar el tráfico.

Milei abundó en sugerencias de que el Partido Socialista de Santa Fe es cómplice de los narcos. “Todo lo que tocan (los socialistas), lo destruyen”, declaró. La versión coloca en una posición incómoda a Pullaro, que alberga a cargos de ese signo en su gabinete. El propio Pullaro fue ministro de Seguridad del último Gobierno socialista.

Bullrich llegó a afirmar en 2023 que, cuando era ministra de Seguridad de Macri (2015-2019), se privaba de avisar al entonces ministro provincial, Pullaro, de los operativos de las fuerzas policiales federales para que no se frustraran.

Ambos estacionaron las diferencias para la primera vuelta presidencial, pero días atrás, ante la ola aterrorizadora, la ministra retomó la acusación, informó el diario La Nación.

Del lado del gobernador argumentaron que Bullrich había retirado de Rosario a la principal fuerza de alcance nacional que maneja su ministerio, Gendarmería (policía de fronteras), para abastecer a los gigantescos operativos que monta en Buenos Aires cada vez que tiene lugar una protesta opositora.   

Rosario, a unos 300 kilómetros al norte de Buenos Aires, es cuna de vertientes culturales de enorme influencia en el país y el principal puerto cerealero del mundo por volumen. La ciudad ha sido un polo industrial, que en parte sigue siendo, pero con menor tasa de empleo. Así como hace un siglo Rosario fue una de las principales ciudades receptoras de inmigrantes europeos, en décadas recientes lo fue de paraguayos y bolivianos.

Las sucesivas crisis y la producción agrícola extensiva degradaron los barrios periféricos y consolidaron una pobreza estructural. Esas barriadas y villas de emergencia coexisten con un centro modélico en términos de su convivencia con el caudaloso río Paraná y el verde de su costanera, y zonas de opulencia hacia el norte y otras periferias. Por ejemplo, el Puerto Norte exhibe una línea de rascacielos de lujo construidos en los últimos quince años. Es vox populi que esos edificios con piscinas y vistas panorámicas tienen varias unidades deshabitadas.

Milei expresó en el pasado que, entre el Estado y la mafia, él se queda con la mafia, porque, al menos, esta tolera la competencia. Las acciones del presidente tienden a levantar toda regulación al movimiento de capitales y el fomento al establecimiento de sociedades en tiempo récord y sin mínimos resguardos sobre la identidad de sus titulares.

Días atrás, Bullrich y Pullaro competían por arrogarse el mérito de una supuesta bajada de la cifra de homicidios interanual del 60% desde comienzos de año. Entre enero y febrero, 23 personas fueron asesinadas en Rosario, contra 59 un año antes.

El 6 de marzo, el gobernador y sus funcionarios publicaron en sus redes sociales fotos de una requisa en la cárcel provincial de Piñero con hileras de presos maniatados con el torso desnudo, con reminiscencias ineludibles a El Salvador de Nayib Bukele. “Cada vez la van a pasar peor”, dijo entonces el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcini. La acción fue en represalia por un tiroteo narco contra dos ómnibus que trasladaban a guardias penitenciarios que no arrojó víctimas.

Milei y su ministra estrella no se quedan atrás. Vienen prometiendo para Argentina los mismos métodos que Bukele en El Salvador. Hasta el presidente salvadoreño y responsables de su Gobierno se vieron forzados a aclarar que no todos los ejemplos son trasladables.

La imagen de los presos difundida por el Gobierno de Santa Fe disparó objeciones, tanto desde una perspectiva de derechos humanos como desde la utilidad. Estrella Moreno, jefa del Servicio Público Provincial de la Defensa, advirtió que “no es el modelo que esperamos". “No suma”, dijo el presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, Rafael Gutiérrez.

Moreno presentó recursos de habeas corpus para indagar sobre las requisas, las condiciones de hacinamiento y los presuntos abusos a los familiares, según contó Rosario 12. En diez años, la tasa de detenidos en Santa Fe pasó de 135/100.000 habitantes a 291/100.000, informó Moreno.

La duda que subyace es si la reacción narco obedece a un mayor control en las cárceles o si hay un cambio circunstancial en el negocio para tomar un nuevo impulso.