Cuando la pesadilla no termina con el crimen: la condena permanente de los Picazo Moratalla

Ana Redondo, ministra de Igualdad, dijo el pasado 29 de febrero en el Congreso de los Diputados que hay que trabajar con «mayor insistencia e intensidad» con el entorno de las víctimas de violencia de género en el medio rural. Que en ese entorno se enfrentan unas «dificultades añadidas» a la hora de denunciar, encubrir o silenciar un maltrato. El matiz que le hacen algunas familias de las víctimas es que no solo hay que trabajar con el entorno, sino en el entorno. Y es que un elemento adicional de la vivencia del maltrato en pequeños pueblos es que la pesadilla para ese círculo íntimo de las mujeres no termina con su asesinato, por muy duro que resulte leer o escuchar esto. Antes, durante y después de la violencia machista que sufría Andrea Picazo Moratalla –estrangulada por su marido, que se abalanzó sobre ella y apretó su cuello hasta matarla–, su familia ha enfrentado el terror puro y duro. Noticia Relacionada 25-n: escribe un manifiesto por el respeto opinion Si A los diez años del asesinato de mi hermana Andrea: «El maltrato no es amor y solo sale de los más débiles» José Antonio Picazo Moratalla* El crimen machista ocurrió en noviembre de 2013. José Antonio Picazo pide alzar la voz y denunciar, para no ser cómplices de violencia de género En todo este tiempo, su hermano José Antonio (Josean) Picazo y su madre Juliana Moratalla no han dejado de luchar ni un segundo por el bienestar de sus dos sobrinos y nietos, respectivamente. «Los hemos tratado como si fuesen hijos nuestros« , repite siempre Josean, apoyado por su mujer. Los niños tenían 4 y 9 años en el momento del crimen, han pasado ya diez años, pero el asesino a los siete años disfrutaba de sus primeros días fuera de prisión. Las quejas de José Antonio han sido públicas porque comenzó reivindicando una pensión digna para los dos menores (finalmente se cambió en 2015 el Estatuto de la Víctima para concernir también a los huérfanos que dejaba la violencia machista), penas más altas por los feminicidios y la necesidad de mantener viva la memoria de los muertos. Josean los lee cada 25 de noviembre, el Día Internacional contra la lacra: «Me costó mucho esfuerzo. Primero nos negaron la pensión de orfandad porque mi hermana no tenía cotizados quince años en la Seguridad Social. ¡Pero si la han matado!«. El grito atronador de Josean resonó en varias instituciones; al final pudieron conseguirla tras mucho tiempo de batalla. Además, este 'hermano coraje' se quejó porque las leyes de cada comunidad autónoma no son iguales ni dan el mismo amparo a todas las víctimas y sus familiares, por ejemplo, sus sobrinos no tenían asistencia psicológica. Y el duelo, ya se sabe, necesita de palancas. El pasado noviembre A.S.S., el asesino de Andrea, salió de la cárcel a los diez años (de los 12,5 años a los que fue condenado y ratificada su condena en la Audiencia Provincial de Cuenca en 2016). Se ha instalado a quince kilómetros de Juliana (que reside, con 78 años en Villanueva de la Jara, su pueblo, lugar del que «nadie la va a sacar»). A.S.S. reside en Motilla del Palancar, de menos de 6.000 habitantes, el municipio con el instituto adonde acuden los muchachos de toda la zona. El año que viene su hijo pequeño cumple 15 años y podría estudiar allí, y el mayor temor de Juliana y Josean es que se cruce con su padre, ése al que intuyó matando a su madre una gélida madrugada del 2 de noviembre de 2013. Josean reside en Cuenca con su mujer e hijos. Allí también conviven con la primogénita de Andrea, que estudia en la capital provincial. En esta casa familiar «nunca hablan de su padre», dice su tío, cada uno ha ido digiriendo la pérdida de su pariente como ha podido, con el auxilio de la familia y terapia costeada por sus bolsillos. «Rezo para no encontrármelo» Cada jueves por trabajo, Josean aparece también en Motilla del Palancar y no adivina cuántas fuerzas tendría para resistirse si se pone frente a frente con su cuñado. «Para mí está muerto –se desafía–, no existe, no podemos perder ni un minuto de nuestro tiempo acumulando rencor, pero supongo que si me lo encuentro sentiría rabia e impotencia. No sabes realmente cómo vas a actuar. Mientras tanto, rezo para no encontrármelo». «Coartan la libertad de la familia más que la del asesino, que entra y sale. En el terrorismo machista, el criminal tiene privilegios y las víctimas, no» José Antonio Picazo Hermano de la víctima asesinada Josean se retiene cuando le dicen que el criminal está en tal supermercado, gasolinera o taller, pero no adivina por qué si el asesino tiene una orden de alejamiento de su suegra, de sus hijos y de su persona, tiene que ser él quien evite cruzar sus pasos en el pueblo vecino. «Otra pregunta que me hago es: ¿No hay cárceles en España para que envíen al asesino de tu hija a dos kilómetrros de donde vives? Porque yo salía de casa de mi madre y veía la cárcel de Cuenca, que es donde mandaron a este hombre. Se me revolvía todo el cuerpo y todos los recuerdos de lo sucedido cada vez que iba«, prosigue el hermano. Medidas de protección Órdenes de alejamiento La orden de alejamiento es una medida cautelar ordenada por un juez que prohíbe a un agresor acercarse a su víctima o a algunos de sus familiares. La distancia suele ser de 500 metros. Solo el juez puede ordenar su retirada. Se quebranta en dos supuestos: si agresor y víctima se encuentran de manera fortuita y sin mediar dolo, el hecho quedará impune, siempre que el agresor se aleje; si el agresor se salta la orden con dolo, se fija prisión de 6 meses a un año por quebrantamiento de condena. 4.548 pulseras activas Las pulseras antimaltrato constan de dos dispositivos, uno lo lleva la víctima y otro el agresor. Se controla que el delincuente no se acerca a la víctima cuando lo tiene prohibido por orden judicial. Se emplean desde 2009 y se han colocado 16.213. En 2023 había 4.548 activas; otro medio millar se ha habilitado en caso de orden judicial para proteger a víctimas de agresiones sexuales. Información de los antecedentes El Ministerio del Interior ha alertado desde septiembre a 11.578 víctimas de violencia de género de que su agresor ha maltratado a más mujeres. La pesadilla es tan amarga que Juliana y Josean han tenido que sortear las críticas de amigos de la otra familia aduciendo a que Andrea se lo buscó, empeñada en divorciarse. «Siempre se acusa a la que no está de cosas», dice Josean sobre una herida que sangra todavía. O también se malician de que Andrea compartía momentos con un amigo y fueron los celos los que consumieron a su entonces pareja. Se indigestan los rumores en un pueblo (Villanueva de la Jara, en Cuenca, de 2.300 habitantes) atravesado por las habladurías sobre las dos familias: «En los últimos tiempos el matrimonio ya estaba muy mal –concede Josean–. Mi hermana decía que él tenía que acudir a un psiquiatra o que necesitaba medicación. Él no quería admitir si estaba en un periodo depresivo o por lo que estuviera pasando, pero en ningún caso un asesino confeso como éste se puede salir con la suya, no puede tener atenuantes como pretendió su defensa o puede estar a los diez años en la calle». Prosigue el lamento de los Picazo Moratalla: «Mi madre lo ha pasado muy mal por este tema. Yo, al estar en la ciudad, he podido evitar muchos de esos comentarios hirientes, aunque me he enterado de muchas medias verdades y bulos, pero el pasado 25 de noviembre cuando leía un manifiesto en memoria de mi hermana, se presentaron los padres del asesino en la plaza del pueblo y me acusaron de que estaba haciendo aquello en contra de su hijo, que los dejara en paz y que su hijo había pagado la indemnización acordada y la pena de prisión por homicidio». El hermano de Andrea cierra el desagradable episodio: «El padre del asesino llegó a insultarme y decir que 'soy un gandul que vivo a costa de los pagos de su hijo' sin pensar en que mi lucha es por el bienestar de sus nietos. La familia mete miedo o justifica el asesinato y eso abre las carnes de cualquiera». Arriba, A.S.S., condenado por matar a su mujer, en la Audiencia Provincial de Cuenca, en 2016. Abajo a la izquierda, retrato de los hermanos, y a la derecha Andrea Picazo Moratalla, en un retrato del álbum familiar EFE / CEDIDAS A ABC En este crimen, se condenó a A.S.S. por homicidio y no por asesinato porque las partes llegaron a un juicio- acuerdo para reducir esa pena y que el agresor abonase 150.000 euros a cada uno de sus hijos. No pagó las costas de la abogada también pactadas, por lo que todavía está en deuda de 32.000 euros, que debe a Josean. La familia del agresor habló del dinero, y esto estomaga al hermano de Andrea: «Una vida no se paga con eso». Pulseras para geolocalizar también a los agresores sexuales Serán los jueces los que determinen si una víctima de agresión sexual necesita ser protegida o no con una pulsera telemática de seguimiento a su agresor. De esta forma, ni el Ministerio del Interior ni el de Igualdad tienen datos sobre si este recurso se está usando ya, pero los dispositivos acaban de entrar en funcionamiento –tal y como preveía la ley del ‘solo sí es sí’–, además de para mujeres maltratadas en el ámbito de la pareja o expareja, también para víctimas de violencia sexual. Así, cuando el juez lo ordene, se vigilará que el agresor no se acerque a su víctima. En el caso de la violencia machista, ninguna mujer que usa esta protección ha sido asesinada y su eficacia está garantizada, destacan expertos como la fiscal de Valencia experta en esta violencia, Susana Gisbert. En resumen, protesta, desde noviembre «el asesino está suelto, tiene una orden de alejamiento de la Jara. No puede entrar al pueblo ni acercarse a mi madre o a mí a menos de 500 metros, pero me lo puedo encontrar donde vive, que es a tan solo unos kilómetros. También su hijo se puede chocar con él a la puerta del instituto, pero hay una orden de un juez para que no se acerque a ellos. A mi mujer e hijos sí que se puede aproximar, con lo cual las familias de las asesinadas vivimos con la libertad más limitada que los propios asesinos. Como siempre, a quien coartan la libertad es a la víctima y a su familia, no a los autores de estos crímenes». «Los privilegios y los derechos deberían ser para la víctima y no para los asesinos». «Es como estar en un videojuego. Uno comete un asesinato y le dicen 'pórtate bien en la cárcel y saldrás antes'. La gente del pueblo fue a visitarlo, por morbo, cercanía o curiosidad y yo pienso que nos ha destrozado a todos y algunos conocidos están animándole para que rehaga su vida porque ya ha pagado por su crimen y justifican lo que hizo. Pienso que nunca va a ser suficiente», termina Josean Picazo Moratalla. Veinte años de ley El día de los Santos Inocentes de 2024 se celebrarán los veinte años desde que viera la luz la Ley Orgánica que debe proteger a las mujeres cercadas por el maltrato; esa «arquitectura estructural y atávica» en palabras de la ministra de Igualdad por la que una mujer sufre más violencia por el hecho de ser mujer. «En vez de conformarnos, llega el momento de mejorar las herramientas que se pusieron en marcha» en esa ley, se encomendó la ministra. Mientras, Josean y otras familias de mujeres asesinadas , sobre todo del medio rural, se sienten asediadas y piden extender las órdenes de alejamiento en el tiempo, el espacio (a más distancia) y a más miembros de la familia, de otro modo el asesino siempre gana.