El esfuerzo por construir el mañana se atasca en las urgencias del presente
El sector de las infraestructuras camina hacia un modelo más sostenible y eficiente y se estima que el 75% de las infraestructuras que estarán funcionando en 2050 no existen todavía. España asume este importante reto a la vez que debe hacer frente a una drástica pérdida de relevancia de la inversión pública en el PIB, del 5,4% en 2009 al 2,6% en 2023. El reto es por tanto aún mayor. «Tanto España como todos los países del mundo necesitan construir infraestructuras más sostenibles , e implica no solo a las nuevas construcciones sino también a las construcciones existentes que se deben adaptar a protocolos más sostenibles», señala Fernando González Cuervo, Socio responsable del sector Construcción e Infraestructuras de EY. Desde esta consultora recuerdan que la rápida urbanización y el crecimiento demográfico están ejerciendo presión sobre los mercados emergentes para que desarrollen nuevas infraestructuras esenciales, mientras que el envejecimiento de los activos y la continua falta de inversión hacen que las economías desarrolladas tengan que ampliar su actual atención a este sector. La Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de infraestructuras (Seopan) recuerda que España necesita invertir en infraestructuras 239.798 millones de euros , de los que 177.582 millones corresponderían a inversiones ya planificadas, mientras que los restantes 62.216 millones serían necesarios para modernizar otras. Según las cuentas presentadas esta semana por la patronal de la construcción, habría que invertir 85.469 millones de euros en infraestructuras de transporte (51.394 millones en ferrocarril y 27.081 millones en carreteras); otros 54.179 millones de euros en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) 2023-2030; y otros 37.938 millones de euros en el Plan Hidrológico del tercer ciclo (2022-2027). En cuanto a las infraestructuras que habría que modernizar no planificadas, destacan los 26.775 millones de euros de infraestructuras de transporte y otros 26.024 millones de euros en infraestructuras tanto energéticas como hidrológicas. Noticia Relacionada estandar No Una hoja de ruta para dar un acelerón a la movilidad sostenible Belén Rodrigo El hidrógeno verde está llamado a ser clave en el transporte de mercancías y en el desarrollo de combustibles sintéticos para barcos y aviones Y las proyecciones de la Comisión Europea para 2024/2025 sitúan a España en la última posición del ranking inversor de la UE ampliando así la brecha entre nuestro país y los principales competidores europeos; Alemania, Francia e Italia van a invertir un 65,4%; 62,5% y 42,7%, respectivamente, más que España en el periodo 2024-2025. Una falta de inversión que afecta de forma dispar al sector dependiendo del grado de internacionalización de cada compañía constructora. «Las grandes cotizadas disponen de un porcentaje muy elevado de su cartera focalizado en el extranjero, por lo que la reducción de la inversión pública en infraestructuras en España de los últimos ejercicios la han compensado con una mayor presencia en otras geografías, hasta el punto que en algunos casos otros países han pasado a aportar una cifra de negocios superior que la del mercado local», resalta el socio responsable del sector Construcción e Infraestructuras de EY. Para las compañías pequeñas y medianas esta reducción de la inversión tiene un impacto mucho mayor al no tener una vocación de crecer internacionalmente, «lo que les ha supuesto en muchos casos tener que reducir su nivel de actividad», añade. Le preocupa especialmente el déficit de inversión en las infraestructuras relacionadas con la gestión del agua, en todos sus ámbitos. El factor diferencial de la visión internacional Una de las fortalezas del sector es su internacionalización. «Después de la pandemia muchos países han apostado por importantes planes de infraestructuras como palanca para reactivar sus economías y hacer una transición hacia marcos más verdes y sostenibles», explica Concha Santos, presidenta de ANCI. Más aún ante los ODS marcados por la Agenda 2030. «Así, las empresas cuentan con un futuro de oportunidades en el exterior que, junto con el análisis de los riesgos en que pudieran incurrir, definirán el futuro de las compañías del sector en una economía cada vez más global», puntualiza. Concha Santos, presidenta de ANCI, la asociación de las empresas constructoras no cotizadas, habla de la necesidad de un gran Pacto de Estado en España sobre las infraestructuras que permita alcanzar los objetivos marcados a nivel global por la Agenda 2030, el Acuerdo de París o el pacto Verde Europeo, como la descarbonización, la lucha contra el cambio climático , la transición energética o la gestión del agua, «puesto que el horizonte temporal de estos objetivos y el periodo de maduración de las infraestructuras que se precisan es mucho más largo que los ciclos políticos». No tiene dudas de que «la sostenibilidad es una necesidad, no una opción, y eso se traduce en una apuesta firme de empresas y administraciones por la digitalización del sector, la descarbonización de los procesos o la adecuada gestión de residuos hacia la circularidad», resalta. Además, la taxonomía europea y los criterios ESG están orientando la actividad de construcción hacia la sostenibilidad medioambiental y social. «Sin embargo, es muy importante mantener un equilibrio entre estas últimas y la propia sostenibilidad económica, permitiendo la rentabilidad de las empresas del sector», matiza Santos. Barreras Si bien las concesiones se reactivaron mínimamente en 2023, el Informe Especial de Supervisión Relativo a los Contratos de Concesión elaborado por la OIReScon evidencia la escasa relevancia de las concesiones representando tan solo el 3,4% de la contratación , con una concurrencia media de 1,9 licitadores por contrato y con un 20,5% de licitaciones desiertas y un 2,2% de contratos sin realizar por desistimiento y renuncia de los adjudicatarios, según los datos facilitados por Seopan. «Este informe insta a abordar una modificación reglamentaria para volver a impulsar el mercado de concesiones y hacerlas atractivas para el capital privado», explica la patronal. Igualmente, durante 2023, los precios de materiales de construcción y de la energía han seguido en niveles muy superiores a los de hace tres años. «Con respecto a los niveles de precios de enero de 2020, en diciembre de 2023 cemento, cobre, acero corrugado aumentan 43%, 41% y 37%, respectivamente, y gas y electricidad, a pesar de haber moderado significativamente sus precios, suben un 207% y 134%», informa Seopan. Una inflación que sigue condicionando la ejecución de obra pública y limitando su concurrencia, siendo preciso, indica la patronal, «restablecer en los pliegos la obligatoriedad del procedimiento de revisión de precios, suprimida en 2015 por la Ley de Desindexación, así como eliminar el límite revisable del 20% del precio del contrato, que en 2023/2024 ha implicado 471 millones de euros de costes soportados no revisables por el sector en obras del Estado. Propuestas Desde ANCI realizan distintas propuestas para mejorar la contratación pública. «En primer lugar, cualquier licitación debe realizarse con el presupuesto actualizado a los precios reales de mercado. Y no sólo hablamos aquí de actualizar los precios de materiales y energía, sino que debería además establecerse una contraprestación adecuada para los medios que, desde hace unos años, han incorporado las empresas a fin de cumplir con los nuevos requisitos medioambientales, sociales y de digitalización en las obras», resalta su presidenta. Refiere también la necesidad de «desincentivarse las bajas desproporcionadas en las licitaciones mediante un diseño adecuado de los criterios de puntuación y umbrales de temeridad en los pliegos». En tercer lugar, «es necesario adecuar el sistema de clasificación del contratista a la gestión actual de las obras por parte de las empresas, de forma que una herramienta tan útil como es la clasificación no suponga una reducción del número de empresas clasificadas a disposición del sector público contratante». Proponen igualmente contar con un sistema de revisión de precios efectivo que permita mantener el equilibrio económico de los contratos, ya sea destapando la revisión excepcional de precios, que sigue limitada al 20%, o mejorando la revisión periódica y predeterminada de la LCSP, retomando su carácter automático e incluyendo la mano de obra dentro de los costes revisables», explica Santos. Y por último, para poder invertir en las infraestructuras necesarias en cada momento, y puesto que los recursos financieros no son ilimitados y tienen una gran dependencia de los ciclos económicos, «es imprescindible tener un esquema de financiación de las infraestructuras en el que se contemplen todas las fuentes y modelos, públicos, privados o mixtos, de manera que en cada proyecto se utilice el más eficiente». De ahí la necesidad de impulsar la colaboración público-privada , «hoy muy limitada por la Ley de Desindexación, que debería modificarse para dar viabilidad y rentabilidad a los proyectos concesionales».