El PSOE anuncia que la Oficina de Conflicto de Intereses, que depende de Escrivá, rechaza la denuncia del PP contra Sánchez
El PSOE ha anunciado minutos antes de conocerse formalmente, la decisión de la Oficina de Conflicto de Intereses sobre la denuncia del PP contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por no abstenerse en el Consejo de Ministros que se avaló el rescate del Ejecutivo a Air Europa, tras relacionarse la mujer del presidente, Begoña Gómez, con Globalia.
La Oficina de Conflicto de Intereses "acaba de archivar" la denuncia del PP, según avanzó en rueda de prensa la portavoz del PSOE, Esther Peña. Minutos después salía el informe en medios. "Esta cuestión no tenía base jurídica alguna", aseguró la dirigente socialista. Según Peña, los populares hicieron "ruido" para tapar el "escándalo" sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por la investigación de fraude fiscal que afecta a su pareja. En el PSOE ironizan ahora con que el PP "dirá" que la oficina "está al servicio del Gobierno". "Siempre es lo mismo, si las instituciones, desde la Justicia a Hacienda, le dan la razón al PP, pues todo es perfecto. Y si no les dan la razón, pues la demolición del desprestigio del PP a las instituciones de nuestro país. Es una práctica habitual", ha agregado. Fuentes socialistas aseguran que conocían la información por ser "parte" de la denuncia.
Y es que, el organismo citado depende directamente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Concretamente de la Secretaría de Estado de la Función Pública.
El PP registró una denuncia ante la Oficina de Conflicto de Intereses para que determinase la responsabilidad del presidente del Gobierno por no ausentarse de los Consejos de Ministros en los que se tomaron decisiones favorables a la compañía que tenía relaciones de "naturaleza económica y profesional" con su mujer, Begoña Gómez.
Según el PP, en el supuesto de acreditarse que el presidente del Gobierno no se ausentó o no se inhibió en esos Consejos de Ministros, apuntan las mismas fuentes, "estaríamos ante una infracción grave" tipificada en la Ley 3/2015 reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado "con una sanción de imposibilidad de ocupar un puesto de alto cargo durante un período de entre cinco y diez años".
(Habrá ampliación)