La ley de amnistía, aprobada el pasado jueves en el Congreso, llega este martes al Senado, donde deberá ser tramitada por la Mesa, que ya tiene en su mano el informe realizado por los letrados de la Cámara Alta en el que se denuncia su inconstitucionalidad. Lo hacen de manera clara a lo largo de todo el escrito en el que se señala que la amnistía «dinamita la normatividad de la Constitución» , que vulnera la separación de poderes y la igualdad de los españoles y que ha incurrido en varias irregularidades durante su tramitación. Los letrados del Senado han emitido un informe en el que ven inconstitucional la ley de amnistía y exponen una lista de razones por las que la norma no sólo va en contra de la Carta Magna de 1978, sino que «dinamita» el sentido de norma suprema de ésta. «Según esta tesis, existiría una potestad legislativa implícita de las Cortes Generales que podrían legislar libremente sobre todo lo no mencionado por la Constitución. Esta tesis a favor de la libertad legislativa se apoya también en la idea de que se estaría restringiendo el ámbito de la potestad legislativa de las Cortes Generales si el silencio de la Constitución se interpreta en sentido prohibitivo. A nuestro juicio, un planteamiento de este tipo dinamita la normatividad de la Constitución, que es una de sus características principales en cuanto norma superior del ordenamiento jurídico». Par la Secretaría General de la Cámara Alta, la ley que beneficiará a todas las personas que participaron en el proceso independentista de 2017 va en contra del espíritu de los padres de la Constitución, que consideran no quisieron introducir la amnistía concienzudamente en la Carta Magna. Para los letrados, la norma es una «posición de relativismo normativo», según la cual «todo lo no prohibido, está permitido, que deja en papel mojado la Constitución». «¿Para qué serviría entonces la Constitución si el legislador, al margen o más allá de la Constitución puede regular una figura que la misma quiso excluir expresamente?», plantean, en relación al hecho de que se rechararon durante la ponencia constitucional dos enmiendas que pretendían introducir la figura de la amnistía y se acordó expresamente «no constitucionalizar» esta cuestión. «La potestad legislativa no es ilimitada, como pretenden estas tesis -añade el dictamen-. El Parlamento se encuentra sometido a una Constitución rígida y solo puede legislar sobre aquellas materias para las cuales cuente con una remisión clara y expresa desde la propia Constitución». HABRÁ AMPLIACIÓN
