Moniq tiene 52 años y lleva 16 años de interina en la Comunidad de Madrid, desde 2008. Divorciada y embarazada tuvo que renunciar a su puesto de secretaria de dirección y entrar en la bolsa de empleo, la famosa lista con la que el Estado cubre vacantes y sustituciones. Aprobó el primer examen de auxiliar administrativo pero suspendió el segundo, lo que le condenó a seguir en la bolsa hasta hoy. En 2008 comenzó a trabajar de forma temporal en la consejería de Familia, un año después pasó a la de Educación y en 2010 se incorporó a la de Presidencia. Lleva 16 años de interina , sin plaza, esperando su proceso de estabilización. «No sabes qué va a pasar mañana, es horrible. Tampoco sabes qué hacer, si seguir estudiando o no», asegura esta trabajadora a ABC. Noticia Relacionada estandar No La Administración tendrá que hacer fijos por ley a casi 800.000 temporales este año Susana Alcelay Antes de que acabe el año la tasa de temporalidad pública deberá pasar del 30% al 8% Su caso no es aislado, como ella están más de un millón de trabajadores en España en todas las administraciones y en todas las regiones. Algunos pueden ocupar vacantes por meses, por años y otros se jubilarán incluso habiendo encadenado contratos durante toda su vida. «No tienen alma, somos un número, los 'trabajadores basura' del Estado», relata a este diario Ana, interina de una administración autonómica que no quiere detallar más porque, como muchos otros, está en la bolsa de trabajo a la espera de su oportunidad, de poder lograr una plaza fija tras casi 20 años ejerciendo de administrativa en un ayuntamiento. «Es una vida laboral cargada de incertidumbre, puedes ir a la calle en cualquier momento» , explica esta trabajadora de familia monoparental. Denuncia la situación de estrés que supone estar cambiando de puesto tras años en los que el trabajador ya se ha formado y que «cuando aprendes, te vas», lo que no permite «una implicación laboral». «Es como si no existiéramos», afirma, mientras declara que de esta situación laboral el único beneficiado es el Estado, para el que «son todo ventajas». En el caso de estos trabajadores, cuando cesan en su interinidad y son despedidos les corresponde una indemnización por despido de 20 días por año trabajado, lo que marca la legislación española para las extinciones por razones objetivas. Similar experiencia relata a este medio José Miguel. Tiene 60 años, es sanitario y accedió a un área específica del hospital de la Fe de Valencia en 2002 con un contrato de interinidad que arrastra desde entonces. Suma ya 22 años en esta situación de incertidumbre . En su caso, no ha tenido que encadenar más contratos que el inicial porque para sanitario no se han convocado más que 24 plazas en los últimos tres lustros. Tampoco ha logrado la plaza fija en las dos únicas opciones de concursar, en 2009 y en 2018, desde su ingreso en el centro hospitalario hace más de dos décadas. « El Covid ha afectado a las oposiciones del sector sanitario , nos han explotado y no hemos tenido tiempo para preparar los exámenes», señala recordando que desde 2020 se han abierto procesos de estabilización de plantilla también sujetos a concursos de méritos, que también incluyen examen. Nuevo horizonte judicial Pero la situación de los interinos dará un giro de 180 grados antes de que acabe el año, cuando las administraciones se vean obligadas a hacer fijos a la mayoría de ellos, o bien dejar de contar con sus servicios. Así se recoge en la ley de Estabilización comprometida con Bruselas en el Plan de Recuperación, en la que se fija en el 8% la tasa de temporalidad en las distintas administraciones españolas. Hoy, esta sigue estancada en el 30%, lo que significa que la plantilla pública eventual deberá mermar al final del ejercicio en casi 800.000 trabajadores, tal y como ya avanzó este diario. Mientras, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en una sentencia emitida el pasado febrero, propinó un duro varapalo a España al considerar que el Estado está aplicando mal el acuerdo marco europeo sobre el trabajo de duración determinada en el largo caso de los interinos. En sus conclusiones, el alto tribunal de Luxemburgo respondía a preguntas prejudiciales del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde reiteraba que España está abusando de la temporalidad y también explicaba que las medidas adoptadas para la estabilización del empleo no se ajustan a la normativa europea (ley 20/2021). Un escenario que llevó a la Justicia europea a instar a España a convertir los interinos de larga duración en indefinidos fijos. Esto implica conceder la estabilidad por la que los interinos llevan años peleando y que los distintos gobiernos y tribunales españoles no han concedido. Oposiciones La duda ahora se genera en torno a las oposiciones convocadas para estabilizar los puestos públicos ocupados por interinos que aún no se han realizado. Además, aquellos procesos que ya han sido celebrados y han incorporado, ya en movilidad de funcionarios, a nuevos trabajadores que han sustituido a los anteriores indefinidos no fijos, también podrían estar sujetos a revisión. La sentencia del Alto Tribunal de Luxemburgo no es todo lo concisa y explicativa que gustaría a las partes y la interpretación de su aplicación varía en función del análisis realizado. La confusión que ha dejado la sentencia europea ha llevado al Tribunal Supremo a elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la metodología que se debe seguir para hacer fijos a los empleados públicos. El Supremo explica que tras analizar el modo de aplicar la sentencia de 22 de febrero a los múltiples recursos pendientes de resolución, tiene dudas sobre determinados aspectos del fallo europeo. En concreto, quiere resolver las dudas acerca de cómo compatibilizar la doctrina acuñada por la sentencia del TJUE con las normas relativas al acceso al empleo público, incluyendo a los nacionales de los estados miembros, así como con las reglas del ordenamiento jurídico nacional que garantizan el derecho de acceso al empleo público conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad. El Estado tiene ante sí un gran reto que resolver en unos meses. La cuenta atrás ha comenzado pese que no es la primera ocasión en la que el TJUE cuestiona la gestión de la interinidades en España. En 2016 tres sentencias recriminaron el sistema de interinidad que utilizan las administraciones públicas para cubrir muchas plazas. Los fallos europeos llegaron a varias conclusiones: la Administración española está abusando de las contrataciones temporales , la ley española debe incluir más elementos disuasorios para evitar esta temporalidad, y los funcionarios interinos que encadenen fraudulentamente este tipo de contratos podrán ser considerados trabajadores indefinidos no fijos. Los hechos han demostrado que no ha sido así y que la escalada de precariedad en el empleo no ha cesado, pese al leve parón de los dos últimos años y a la cruzada que desde que se aprobó la reforma laboral ha llevado el Gobierno y su vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, contra la eventualidad en el sector privado. Más en las comunidades autónomas Como avanzó este periódico, mientras las empresas han tenido que cambiar de forma radical su modo de contratar por obligación legal, el Estado ha sumado 286.000 puestos temporales en los últimos cinco años, desde que gobierna el PSOE con sus socios. Cuando Sánchez llegó a La Moncloa en junio de 2018 se encontró un país con 777.100 eventuales y en estos momentos la cifra se sitúa en 1.062.900. La estadística del INE refleja que la presencia de interinos es muy distinta en las administraciones. La mayor concentración de trabajadores temporales está en las comunidades autónomas, con 723.400 interinos, seguido de las corporaciones locales con 231.100 empleados en esta situación. Ambos acumulan el 89% de todos estos empleados sin trabajo fijo. Les siguen ya en un nivel inferior la Administración central y de Seguridad Social, con 70.100 temporales, y los 34.500 de las empresas públicas.
