El desempleo y la falta de papeles empujan a las mujeres a la prostitución
Ayudar económicamente a su familia y no encontrar un empleo son los motivos principales por los que las mujeres ejercen la prostitución. La mayoría son migrantes y empezaron en la prostitución al llegar a España, pero no la ejercían en sus países de origen. Son las principales conclusiones de un estudio cualitativo llevado a cabo por el Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS) para el que han entrevistado a 318 mujeres.
El estudio muestra que el 56% de las mujeres señaló el sustento familiar como principal motivo para prostituirse, seguido de no encontrar empleo (29%), no tener papeles (28%), y tener que pagar deudas (28%). El 17% asegura que el dinero ganado les merece la pena y el 10% que sus otras opciones laborales son peores.
El origen migrante o la identidad de género pueden suponer un obstáculo a la hora de conseguir un empleo, pero la mayor barrera señalada en el estudio es la situación administrativa: un 40% de las encuestadas no tienen papeles y un 10% adicional está aún en proceso de regularización. Esto les impide acceder a un trabajo, además de abocarles a otras situaciones de precariedad, como puede ser de vivienda o de salud
La investigación destaca el origen extranjero de la mayoría de prostitutas: tan solo el 6% de ellas son españolas. Sobre la gran proporción de población migrante, la asociación señala que un 85% de ellas no ejercían la prostitución en sus países de origen, sino que iniciaron la actividad al llegar a España. Venían con esa intención un 19% de las mujeres encuestadas, frente a un 42% que antes intentó sin éxito encontrar empleo. Un 16% tenían trabajo pero quedó en desempleo, y un 17% no vino a trabajar, sino por otros motivos.
Todas las mujeres encuestadas ejercían la prostitución en el momento de responder a las preguntas de la investigación, pero eso no evita que la mayoría quiera dejarlo. Un tercio de ellas dejarían la prostitución por cualquier empleo mientras que un 53% lo harían en función del trabajo. Solo el 11% no la cambiarían por ningún empleo.
Y es que la experiencia laboral previa a la prostitución por parte de muchas de estas mujeres está atravesada por la precariedad: “De camarera, limpiando pisos, en fábricas, de ayudante de cocina, todo, he tenido casi cuatro trabajos: entre semana en la fábrica, por las tardes limpiando casas, por la noche con gente mayor, el fin de semana de camarera…”, relata una de las entrevistadas, que acudió a la prostitución para garantizarle la universidad a su hija.
El informe subraya algunas de las razones por las que las mujeres quieren dejar la prostitución, como que no esté asociada a derechos laborales y no tenga, por tanto, beneficios sociales, las situaciones violentas, o las agresiones a las que se enfrentan. El estigma les acompaña en su búsqueda de empleo: “Sufren también dinámicas de exclusión social en otros campos laborales; dejar la prostitución no elimina el estigma”, explica el texto.
La finalidad de este estudio de la Asociación CATS, cofinanciado por las anteriores carteras de Derechos Sociales e Igualdad, es “profundizar en las diversas formas de violencia experimentada en el ámbito de la prostitución desde la perspectiva de las trabajadoras sexuales”. En este sentido, las prostitutas señala tanto a la clientela, como a los empresarios y a la policía.
La violencia proveniente de los clientes es la más inmediata. Entre los incidentes más frecuentes, se encuentran los intentos de retirar el preservativo sin consentimiento (67%), malos tratos verbales (38%), exigir la devolución del dinero después de haber completado el servicio (31%), robos (20%) y agresiones físicas (15%). El 5% aseguran haber sido violadas. A pesar de estas cifras, tan solo un 4% de las mujeres entrevistadas para el estudio considera que la mayoría de clientes son abusadores. El 94% de las mujeres que ejercen la prostitución descartan que el cliente pueda hacer lo que quiera por el hecho de pagar.
Otra fuente de abusos son los empresarios que median en la prostitución. El 57% de las mujeres en esta situación dicen no haber podido dormir al menos 8 horas seguidas, tener que hacer sexo oral sin preservativo (el 56%), el 44% dice que los empresarios se quedan con una parte importante de lo que ganan, no estar protegidas ante clientes violentos (el 36%) y no poder descansar si están enfermas o con la menstruación (el 33%).
El último foco de violencia que señalan las prostitutas entrevistadas es la policial: un 60% de ellas manifiesta que los principales abusos policiales que han recibido son redadas en su lugar de trabajo (26%), malos tratos verbales (11%), multas (8%), detenciones (8%) y la imposición de expedientes de expulsión (6%).
Esta violencia es especialmente relevante porque genera reticencias en las prostitutas a denunciar explotación o cualquier otra situación. “Yo opto por callarme porque digo, mejor me retiro, porque si no calabozo o que me den un palizón”, cuenta una de las entrevistadas. “A mayor grado de criminalización, menor confianza se deposita en la policía”, afirma el informe, que añade que las personas migrantes en situación irregular son las más afectadas: el miedo a la detención y expulsión del país desincentiva que denuncien o busquen ayuda.
Es por esto por lo que una de las recomendaciones que recoge la investigación es la derogación o reforma integral de la Ley de Extranjería “para facilitar la regularización de personas en situación irregular para que puedan acceder al empleo”. También sugieren derogar la ley mordaza, “despenalizar el trabajo sexual para que no se vean obligadas a vivir fuera de la ley” en línea con los planteamientos de Amnistía Internacional o la OMS y formar en trato no discriminatorio a personal sanitario, policía y servicios sociales.
El informe de la Asociación CATS asegura, en pleno debate sobre el tratamiento legal de la prostitución, que el “reconocimiento de la prostitución como trabajo” permitiría el acceso de las prostitutas a derechos de los que actualmente quedan fuera, como las prestaciones de paro o la obtención de una hipoteca —no pueden conseguirla porque sus ingresos no se pueden declarar—.