El Gobierno dejará de indemnizar a las víctimas del terrorismo de Estado hasta que las audite

Desde la cartera que conduce Cúneo Libarona confirmaron que se realizará un análisis de los casos de víctimas de la última dictadura. La denuncia que dio inicio a todo.

El Ministerio de Justicia que conduce Mariano Cúneo Libarona resolvió mediante una disposición que el Gobierno dejará de pagarle las indemnizaciones a las víctimas de terrorismo de Estado hasta que concluya la auditoría por posibles irregularidades en la tramitación, otorgamiento y/o pago de esos beneficios. 

La cartera que conduce Libarona dispuso "la realización de una auditoría integral de todos los pedidos realizados al amparo de las leyes de reparación patrimonial para víctimas del terrorismo de Estado" en la resolución N RS-2024-40979055-APN-MJ-, por lo que se investigaría la entrega de dinero.

"Se han detectado distintos casos con irregularidades en la tramitación, otorgamiento y/o pago", detallaron en el texto que difundió el Ministerio de Justicia sobre uno de los temas sobre los que decidió apuntar el Gobierno como son las organizaciones de Derechos Humanos y la última Dictadura Militar.

El comunicado de la cartera que conduce Cúneo Libarona

Además, resolvieron que "la auditoria va a frenar los pagos y los reconocimientos hasta contar con información 100% veraz que fundamente el reconocimiento de los beneficios", por lo que la totalidad de las víctimas dejarán de cobrar hasta que se finalice la investigación.

Según revelaron fuentes de la cartera judicial a El Cronista, la auditoría durará al menos 180 días, pero podría extenderse "en la medida que se encuentren irregularidades o que se requiera más tiempo por la complejidad del asunto". Estimaron que el promedio de los juicios en trámite ronda los $ 85 millones. 

Se dejarán de pagar indemnizaciones a víctimas de la dictadura

La auditoría se realizará en base a una causa que comenzó a mediados de 2023 en base a denuncias de víctimas de la última dictadura militar, en la que se encontraron personas que fraguaban documentos para cobrar estas indemnizaciones, además de una banda que se dedicaba a realizar estas falsificaciones. La Secretaría de DD.HH. se sumó a esa causa como querellante. 

"Existen otras causas penales en trámite por irregularidades surgidas por pagos duplicados o realizados a personas que carecen de documentación que respalde su pedido", detalló Cuneo Libarona en sus redes sociales a la hora de comunicar esta medida.

Además, detalló que "en dicha causa, se procesó a un conjunto de personas por los delitos de asociación ilícita, falsificación de documentos públicos y privados, uso de documentos públicos, falso testimonio, falsa denuncia, estafa y defraudación en perjuicio de la Administración Pública Nacional".

"El Ministerio articulará medidas para no abonar las sumas económicas de los beneficios a quienes no correspondan. Asimismo, perseguirá la devolución de las sumas pagadas por el fraude y que han sido cobradas indebidamente para que se restituyan a las arcas del Estado", completó el funcionario nacional.