El PP y los vocales conservadores rechazan la propuesta del presidente del Poder Judicial para desbloquear el órgano
La propuesta del presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de quitarle al órgano de gobierno de los jueces su principal competencia sobre nombramientos como vía para forzar la renovación pendiente desde 2018 no ha sido bien recibida por la derecha política y judicial. La iniciativa de Vicente Guilarte pasa por una reforma legal que, a su juicio, pretende limitar el atractivo del CGPJ como instrumento político de los partidos al dejar en manos de los propios jueces y de un tribunal de juristas la elección de cargos en la cúpula judicial. En el sistema actual, esas designaciones las realizan los vocales que son previamente elegidos por los partidos.
Las reacciones de la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo y de los vocales conservadores del CGPJ evidencian que la propuesta ha sido recibida con total desinterés, cuando no con una crítica directa. Mientras el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, replicó que lo mejor es renovar el órgano a la vez que se cambia el sistema de elección; la iniciativa volvió a poner de manifiesto el distanciamiento que existe entre Guilarte y los miembros del sector conservador, al que se supone que pertenece pero del que nunca se le ha considerado miembro activo. Guilarte fue elegido en su día a propuesta del PP, aunque siempre se le ha calificado de verso suelto. Es catedrático de Derecho Civil y llegó al CGPJ gracias a su cercanía con la familia de Mariano Rajoy.
Desde el PP expresaron su “respeto” por la propuesta, pero defendieron que lo mejor es nombrar nuevos vocales y, en paralelo, modificar el sistema para que los 12 que pertenecen a la carrera judicial sean elegidos de forma directa por los jueces sin necesidad de un acuerdo entre las grandes fuerzas políticas. “Todo mi respeto, pero la realidad es que estamos en conversaciones con el PSOE y nuestra postura no ha cambiado: renovación del CGPJ y, al mismo tiempo, renovación de la norma que nos permite profundizar en la despolitización del Poder Judicial”, resumió Tellado.
En el documento enviado a las Cortes, el presidente interino también aborda el asunto de la elección de los vocales y plantea dos fórmulas alternativas. Por un lado, dar continuidad a la actual elección parlamentaria, en la que diputados y senadores eligen con una mayoría de tres quintos sobre una preselección previa que realizan los jueces. No obstante, Guilarte incluye una salvedad: que los consejeros nombrados sean ajenos “a toda contaminación política previa”. Por otro, propone que el nombramiento de los vocales judiciales quede en manos de los propios jueces pero con la misma prevención. Esta es la fórmula que defiende el PP y que ha pedido de forma reiterada la Comisión Europea.
Para Guilarte, que no se decanta por una u otra fórmula, cualquiera de las elegidas “debiera determinar, respecto de la elección de los vocales judiciales, una representación proporcionalmente similar entre los vocales propiciados por las asociaciones judiciales y los que provengan de jueces sin asociar”. Todo ello, sostiene, con el objetivo de “mitigar las nocivas consecuencias actuales”.
Las críticas de los vocales conservadores
Aunque en su escrito Guilarte afirma que se trata de una iniciativa realizada a título personal, en el órgano que preside de forma interina desde julio del año pasado no sentó bien que la remitiera a las presidencias del Congreso y del Senado sin consultarlo antes con el resto de vocales, de acuerdo a las fuentes consultadas por elDiario.es. Vocales de uno y otro bloque consideran que su condición de presidente se vincula inevitablemente con una función de “representación” del órgano que puede generar “confusión”.
No obstante, la reacción fue especialmente beligerante en el bloque de vocales elegidos a propuesta del PP, donde calificaron la propuesta casi de “ocurrencia”. Consultados por este periódico, vocales de este sector mayoritario destacan la “contradicción” que supone que Guilarte pertenezca al CGPJ mientras defiende que se tiene que “privar de su esencia” y de “su razón de ser” a la institución más importante del tercer poder del Estado. “Realizar nombramientos en la cúpula judicial es una función nuclear que justifica la existencia del CGPJ. Si opina eso no sé qué hace aquí”, dice un vocal de este sector.
De hecho, el propio escrito remitido a Las Cortes constata la enorme tensión que existe entre Guilarte y el resto de vocales elegidos a propuesta del PP. En su documento, pone como ejemplo de la “politización” del órgano el rechazo de los vocales de la derecha a la reelección del fiscal general del Estado o los informes críticos con la amnistía promovidos por estos vocales. Guilarte no se sumó a ninguno de estos pronunciamientos. Es más, les pidió no interferir en la actividad política cuando hicieron una apocalíptica declaración contra la amnistía cuando ni siquiera se conocía el texto de la ley.
Con más interés se recibió la propuesta en las asociaciones judiciales. “Guilarte está haciendo de buen presidente intentando solucionar el grave problema que existe con la no renovación del CGPJ”, afirmó en declaraciones a elDiario.es el magistrado Sergio Oliva, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, que se autodefine como independiente. A su juicio, se trata de una propuesta “positiva” porque abre la puerta a que los jueces elijan a determinados cargos de su territorio y “limita el ámbito de arbitrariedad en los nombramientos discrecionales”.
Por su parte, el magistrado Edmundo Rodríguez Achútegui, portavoz de la progresista Juezas y Jueces para la Democracia, afirmó que cualquier propuesta dirigida a desatascar la situación del CGPJ “es un buen camino”, pero subrayó que “lo fundamental” es renovar el órgano de gobierno de los jueces y después estudiar esta y otras propuestas. “Cualquier paso que mejore la transparencia a la hora de elegir a los jueces es positivo, pero el problema del CGPJ no es ese, es la falta de renovación”, afirmó Rodríguez Achútegui, quien expresó sus “dudas” sobre que un cambio en el sistema de nombramientos pueda acabar con el bloqueo impuesto por el PP desde 2018. “Es empezar la casa por el tejado”, sentenció.