Después de la Paz
Desminado y Derechos Humanos en el Postconflicto de Azerbaiyán
Por David Martínez Calderón de Ágora Diplomática
Después de casi tres décadas, el conflicto armado entre Armenia y Azerbaiyán llegó a su fin con la Declaración Trilateral de los líderes de Azerbaiyán, la Federación de Rusia y Armenia el 10 de noviembre de 2020. En septiembre de 2023 se culminó la plena reintegración de los territorios azerís y la superación de uno de los conflictos congelados tributarios del final abrupto de la Unión Soviética.
Ahora, tras la realización de acciones de buena fe por ambos países, intercambio de prisioneros, la publicación de una declaración conjunta entre ambos países y las reuniones de representantes de ambos estados en Berlín y Múnich en 2024, parece que el tratado de paz se materializa y cada día está más cerca de la realidad. Aunque las hostilidades hayan terminado, ahora queda una sombría, ardua y costosa guerra para el pueblo azerí, la lucha contra las minas antipersona y los restos explosivos de guerra.
Las minas antipersona se definen como una munición explosiva diseñada para ser colocada debajo, sobre o cerca de una superficie, concebida para explotar por la presencia, proximidad o contacto de una persona y que incapacita, hiere o mata a una o más personas. Su uso se popularizó durante la II Guerra Mundial y desde entonces su presencia ha formado parte de la mayoría de los conflictos, tanto internacionales como no-internacionales.
Estas municiones representan una amenaza devastadora no solo para la seguridad física de las personas sino también para la estructura socioeconómica de las comunidades afectadas. Humanamente, las consecuencias son desgarradoras: Se estima que cada año entre 5.000 y 20.000 personas mueren o resultan heridas por minas y restos explosivos de guerra, la mayoría siendo civiles y la mitad niños. Las lesiones provocadas por minas antipersona a menudo resultan en amputaciones, requiriendo cuidados prolongados y rehabilitación, lo que impone una carga en los sistemas de salud locales; cuando están disponibles. Además, el miedo constante a las minas limita las actividades diarias, restringiendo el acceso a recursos esenciales como el agua y la tierra cultivable, y confina a las personas a espacios reducidos, limitando su libertad de movimiento y una vida normal.
Desde una perspectiva económica, las minas antipersona inhiben el desarrollo, pues las tierras agrícolas quedan inutilizables hasta que son limpiadas, lo que puede llevar décadas. La falta de acceso a recursos naturales y zonas potencialmente turísticas conlleva la disminución del atractivo para la inversión extranjera, crucial para regiones en reconstrucción tras conflictos. A nivel cultural, las minas impiden la expresión de derechos religiosos y la transferencia de cultura entre generaciones. Por ejemplo, el minado de monumentos religiosos y cementerios, como el supuesto minado del cementerio de Agdaban en Azerbaiyán, es una táctica relativamente común y deplorable que pone graves impedimentos a la expresión religiosa de la población. Además, los desplazados internos y los refugiados que regresan a su tierra natal encuentran un ambiente marcado por la inseguridad y el temor, lo que hace imposible el desarrollo de sus culturas de manera segura. Festividades, tradiciones y actividades comunitarias,
acciones que refuerzan la identidad y cohesión cultural, resultan imposibles.
Los factores anteriores presentan una emergencia en países como Azerbaiyán, que debido a conflictos pasados han visto una contaminación atroz de su territorio con minas antipersona ¿La solución? El desminado humanitario. Este concepto no solo es una necesidad en la protección de los derechos humanos de los civiles en contextos posteriores a hostilidades, sino que es un principio del derecho público internacional.
En primer lugar, la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales, que entró en vigor en 1983, representa el primer documento vinculante internacional que limita el uso de minas antipersona y obliga a la retirada de todas las minas antipersona o, en ocasiones, marcaje extenso de estas zonas para la protección de civiles y sus derechos humanos. Cabe destacar además que las partes del conflicto mantienen la responsabilidad legal sobre las municiones colocadas y que, si la parte que colocó los dispositivos no controla el territorio en cuestión, tiene la obligación de aportar información y ayudar de forma técnica y material al desminado. En segundo lugar, el tratado de Ottawa, que entró en vigor en 1999, tiene el objetivo de prohibir el almacenamiento, producción, utilización y transferencia de minas antipersona. En este tratado internacional se incluye también la obligación de los estados parte de desminar todo su territorio.
Desafortunadamente, ni el estado azerí ni el armenio son partes de estos convenios internacionales. Cabe mencionar que en 2019 la misión permanente de la República de Azerbaiyán declaró en un comunicado que, debido a la naturaleza de las hostilidades con Armenia y el terreno, no se veían en posición de acceder al tratado y limitar el uso de ciertas armas convencionales. Aun así, en este mismo comunicado se hace mención del acceso del estado azerí a estos tratados una vez finalizasen las hostilidades y se llegue a un acuerdo de paz con Armenia, algo que podría estar a la vuelta de la esquina si perduran los esfuerzos de paz entre ambas partes.
Aunque el gobierno azerí no es parte de estos instrumentos internacionales, se ha comprometido al despeje de todo el territorio contaminado de minas y restos explosivos de guerra, que representa el 12% de la superficie del país caucásico. El desminado de una superficie tan extensa representa otro de los retos que plantean las minas en contextos postconflicto, el elevado coste de la neutralización de estas municiones. El coste de neutralizar cada mina puede llegar hasta 1.000 U$D, pero esta cifra no tiene en cuenta muchas variables que afectan al precio total del desminado, como la duración de la operación y la accesibilidad del terreno. El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, alegó en una conferencia internacional que el país necesitaría 25.000 millones U$D y 30 años para despejar el territorio nacional de minas antipersona. Además, el gobierno azerí destina alrededor de 59 millones U$D del presupuesto anual al esfuerzo de desminado en el país.
En este contexto de esfuerzos de paz y reconstrucción, la necesidad de acelerar los procesos de desminado se convierte en una prioridad absoluta no solo para garantizar la seguridad física de las personas, sino también para facilitar la reconstrucción económica y la cohesión social en los territorios liberados en Karabaj y Zangezur Oriental. La comunidad internacional debe asumir un papel activo, proporcionando apoyo técnico y financiero para superar este desafío monumental. La colaboración entre gobiernos, organizaciones internacionales y ONGs es crucial para movilizar los recursos necesarios, compartir conocimientos técnicos y desarrollar tecnologías de desminado más eficientes y menos costosas. El Gobierno español y el Parlamento no pueden quedar al margen de este esfuerzo al que está convocada la comunidad internacional. No puede ser que el reto de la limpieza de las minas antipersona en los territorios reintegrados de Azerbaiyán se mantenga en una zona notable de invisibilidad e insensibilidad en la opinión pública española y en sus instituciones.
Finalmente, es esencial que se mantengan los esfuerzos diplomáticos para asegurar un compromiso más firme de los países afectados. Aunque Azerbaiyán y Armenia aún no son partes de los principales convenios que regulan el uso de minas antipersona, su futura adhesión y cumplimiento sería un paso significativo hacia la eliminación de las amenazas que estas armas representan. El desminado no solo es una cuestión de eliminar un peligro físico; es fundamental para la recuperación emocional y cultural de las comunidades, permitiendo que la vida pueda volver a la normalidad y que las sociedades puedan prosperar sin el temor a lo que pueda estar escondido bajo tierra. El desafío es grande, pero la resolución de este problema es indispensable para la paz y el desarrollo sostenible en la región.