Derecho a la Defensa: Venezuela en el punto de mira

En Venezuela, el derecho a la defensa privada está siendo sistemáticamente violado, limitando severamente las opciones legales disponibles para los detenidos. Esta restricción, impuesta por el gobierno, afecta no solo a los acusados de delitos políticos sino también a la población general, socavando los fundamentos de un sistema judicial justo y transparente. Esta situación ha […]

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En Venezuela, el derecho a la defensa privada está siendo sistemáticamente violado, limitando severamente las opciones legales disponibles para los detenidos. Esta restricción, impuesta por el gobierno, afecta no solo a los acusados de delitos políticos sino también a la población general, socavando los fundamentos de un sistema judicial justo y transparente. Esta situación ha generado alarma entre abogados, defensores de derechos humanos y la comunidad internacional, que ven cómo se deteriora aún más el Estado de Derecho en el país.

«La injusticia en cualquier parte es una amenaza para la justicia en todas partes», Martin Luther King Jr.

Esta cita resuena con dolorosa precisión en el contexto de la justicia venezolana. Un sistema que, en lugar de ser un refugio de equidad, se ha convertido en un espejo de opresión política y desigualdad.

Bajo el manto del «socialismo del siglo XXI», el sistema judicial venezolano ha sido secuestrado por intereses gubernamentales que pretenden perpetuar su poder a cualquier costo. La apropiación del Sistema Judicial ha llevado a la creación de una justicia parcial y sesgada donde los acusados, especialmente aquellos señalados por delitos políticos como traición a la patria, enfrentan no sólo la adversidad del Estado, sino también la ausencia de una defensa legítima. Han logrado la asombrosa hazaña de crear una “justicia” que, en realidad, es una grotesca parodia de injusticia, que resulta una burla al concepto mismo de equidad. Actúan como si tuvieran un libro de derecho hecho a su medida, diseñado para perpetuar no la justicia sino su dominio absoluto y despiadado.»

En el centro de esta crisis se encuentra la flagrante violación del derecho a elegir una defensa propia, consagrada en el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) de Venezuela y en tratados internacionales.

Los detenidos son asignados a defensores públicos que frecuentemente no cumplen con sus deberes más básicos. Estos abogados, sobrecargados y con recursos limitados, no solo fallan en conocer personalmente a sus defendidos, sino que también omiten asistir a apelaciones críticas y visitar a los detenidos en sus centros de reclusión. Esta negligencia convierte el proceso judicial en una mera formalidad sin esperanza de justicia real.

El derecho a la defensa es un pilar fundamental en cualquier sistema legal que se considere justo. Sin embargo, en Venezuela, este derecho lo manejan a su antojo los abogados designados por el Estado. En muchos casos, no realizan un seguimiento adecuado de los casos, no apelan en los plazos requeridos y, en última instancia, dejan a los detenidos en un limbo legal y humano.

Esta situación afecta no solo a los acusados de casos políticos, sino también a los propios detenidos del régimen. Al negarles la defensa privada, se borra el importante rol del defensor privado, que es crucial para garantizar un juicio justo e imparcial. La justicia venezolana, en lugar de proteger a los ciudadanos y asegurar un debido proceso, se convierte en una herramienta de represión y control.

Mediante varias entrevistas presentadas en un seriado con diferentes y reconocidos abogados que enfrentan estos desafíos día a día, El Nacional explora las profundidades de un sistema judicial que no solo falla en proteger, sino que activamente impide el ejercicio de uno de los derechos más básicos en cualquier sociedad democrática.

Blanca Rosa Mármol de León

La doctora Blanca Rosa Mármol de León es una figura prominente en el ámbito jurídico venezolano, cuya extensa trayectoria en el Derecho Penal ha dejado una huella indeleble en la jurisprudencia del país. Autora de numerosos votos y decisiones durante su periodo como magistrada del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (2000-2012) y magistrada emérita. La doctora es una figura respetada en el ámbito legal. Su experiencia y conocimientos la convierten en una valiosa fuente de sabiduría y orientación para la comunidad legal.

La doctora Mármol es reconocida por la firmeza y coherencia de sus resoluciones, que han sido cruciales en diversas áreas del derecho. En esta ocasión, ofrece su valiosa perspectiva sobre la situación actual del sistema de justicia en Venezuela. Se trata de una tan esclarecedora como crítica.

«No hay Estado de Derecho. Los Poderes Legislativo, Judicial y Electoral están controlados por el régimen. En consecuencia, las leyes, las decisiones y los resultados de las elecciones se hacen siguiendo órdenes del Ejecutivo”, dijo Mármol de León.

“La mejor demostración de esto es la conducta de los funcionarios rectores del Consejo Nacional Electoral ante las próximas elecciones presidenciales, cuando no admitieron, sin base legal ni constitucional alguna, la candidatura de María Corina Machado, electa en las primarias por más de dos millones de venezolanos. Admitieron, una vez más, la candidatura de Nicolás Maduro, quien no cumple los requisitos constitucionales para optar a la Presidencia de la República, pues, en el mejor de los casos, tiene doble nacionalidad. La persecución de la disidencia política es otra evidencia de la ausencia de Estado de Derecho. Para decirlo claramente: En Venezuela no hay instancias ante las cuales acudir”, sostuvo la magistrada emérita.

—¿Cuál es su opinión sobre la negación del gobierno venezolano de permitir la participación de abogados privados en la defensa de los detenidos?

—Es una violación de los derechos legales y constitucionales de las personas sometidas a juicios penales. El derecho a nombrar específicamente un abogado de confianza, como dice el Código Orgánico Procesal Penal, es inalienable y afecta indudablemente el derecho a la defensa del imputado al no permitirle el asesoramiento de su confianza. Indudablemente, es un atropello a los derechos de las personas sometidas a investigación penal y también al ejercicio profesional de los abogados en ejercicio al no permitirles realizar su trabajo profesional. El ejercicio efectivo del derecho a la defensa en el país queda evidentemente violentado.

—¿Cuáles son las implicaciones legales y constitucionales de esta negación en términos del respeto al debido proceso y los derechos humanos en Venezuela?

—El respeto al derecho humano a la defensa no existe y tampoco el del debido proceso.

—¿Cuáles podrían ser las razones detrás de esta política por parte del gobierno venezolano?

—Las razones son evidentemente políticas porque de esa forma controlan la presunta defensa del encausado ya que al defensor público, como a los demás funcionarios judiciales en este régimen, le impartirán órdenes evidentemente en aras a que el imputado sea condenado en virtud de una mala defensa. Habrá excepciones, no debemos descartar, pero los defensores públicos así ‘designados’ temerán ser destituidos de no acatar las instrucciones recibidas, siendo de notar que estos son casos de persecución política.

—¿Qué acciones legales pueden emprenderse para abordar esta violación de los derechos de los detenidos y garantizar el acceso a una defensa legal efectiva?

—Las acciones legales en estos casos se dificultan porque el imputado no tiene abogado, para decirlo claramente, pues la acción iría dirigida a revocar al que le han impuesto. Procedería un Amparo Judicial, dentro del país, con resultados previsiblemente negativos y luego recurrir a instancias internacionales denunciando la conducta del régimen.

—¿Qué recomendaciones podría hacer a nivel nacional e internacional para abordar esta situación y proteger los derechos de los detenidos en Venezuela?

—Las organizaciones de defensa de los DD HH juegan un rol importante en esta situación, correspondiendo la denuncia de esta situación. Igualmente podrían los familiares de los detenidos sumarse a ellas. Mención especial merece el que debe haber pronunciamientos de los Colegios de Abogados a nivel nacional por la naturaleza de la violación, derecho a la defensa en juicio, para el imputado, y violación del derecho al ejercicio de la profesión para los abogados. Ineludible hay que decir que el juez ante quien se realiza este nombramiento compulsivo del defensor debe impedirlo y está en la obligación de garantizar al procesado el derecho de nombrar libremente su defensor. Sólo que… aquí en Venezuela, los jueces tienen miedo. Miedo a ser destituidos y miedo hasta de ser enjuiciados y detenidos por sus decisiones.

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