¿Militares mal pagados defenderán el fraude electoral del 28 de julio?
El régimen chavista se burla de los trabajadores venezolanos y de sus propias clientelas que aún creen en la mentira “socialista” de la falsa revolución bolivariana de Hugo Chávez. Herederos de una concepción atávica de la economía política el chavismo impuso en la Constitución chavista de 1999 la revolucionaria medida de ajustar el salario de […]
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El régimen chavista se burla de los trabajadores venezolanos y de sus propias clientelas que aún creen en la mentira “socialista” de la falsa revolución bolivariana de Hugo Chávez. Herederos de una concepción atávica de la economía política el chavismo impuso en la Constitución chavista de 1999 la revolucionaria medida de ajustar el salario de los trabajadores venezolanos cada año.
Según el referido artículo 91 de esa Constitución el salario mínimo de los trabajadores debe ser ajustado para satisfacer los gastos de la cesta básica de bienes y servicios. En una economía inflacionaria y controlada por el Estado la expectativa no era otra que procurar un aumento del salario mínimo para cubrir los inevitables aumentos de precios cada año. Seguramente los flamantes miembros de esa Constituyente pensaron que el Estado con su barril sin fondo petrolero jamás tendría dificultades en pagar esos ajustes anuales para los empleados del sector público y los del sector privado tendrían que arreglárselas con sus patronos burgueses.
Los años siguientes le demostrarían al chavismo las dimensiones de su ignorancia, razón por la cual desde tiempos de Hugo Chávez el método preferido del gobierno para los ajustes salariales es el de decretar y aumentar bonos que estructural y legalmente NO forman parte del salario en una abierta violación a la Constitución chavista de 1999, que teóricamente le da soporte legal al régimen.
El fraude a los trabajadores del sector público consiste en aumentar los ingresos por vía de bonos que no son parte integral del salario y que por consiguiente no pueden ser usados como base de cálculo para las prestaciones sociales. Sobra remarcar que el artículo 91 de la mentada Constitución habla claramente de un ajuste del salario mínimo, no de bonos.
El Primero de Mayo de este año Nicolás Maduro insiste en repetir la estafa continuada a los trabajadores venezolanos. En lugar de decretar un aumento del salario mínimo para cubrir el costo de la cesta básica, tal como lo establece la Constitución chavista que el juró cumplir, Maduro anunció un extraño aumento del ingreso mínimo integral. ¿Qué es el ingreso mínimo integral? Nadie lo sabe, ni siquiera los economistas del régimen. El ingreso mínimo integral parece un tramposo juego de palabras para sorprender incautos y hacerles creer que se trata del mismo “salario mínimo vital” del que si habla la Constitución chavista del 99.
Este aumento, que no es del salario, consiste en 130 dólares repartidos entre 90 dólares por concepto del bono de guerra (que más bien deberían llamar cryptobono) y 40 dólares por la miserable cesta ticket. Estos 130 dólares de bonos se vendrían a sumar a los otros 130 del actual salario mínimo para un total de 260…! Pero, un momento…El salario mínimo actual es de 130 bolívares, no dólares, que al cambio actual equivale a 3.5 dólares para un total de 133.5 dólares que recibirán los trabajadores del sector público. Pequeño olvido que han tenido los palangristas del régimen a la hora de alabar el aumento decretado por Nicolás Maduro como una generosa concesión del régimen a los trabajadores.
El Estado chavista insiste en que no puede dar más dinero a los trabajadores por culpa de las sanciones económicas impuestas por los Estados Unidos y otros países. Pero luego de constatar el saqueo al tesoro nacional y el desmantelamiento de las finanzas de PDVSA, donde el episodio de las criptomonedas es tan solo una pequeña muestra, son muy pocos los trabajadores que se creen esa versión, acaso algunos miembros de las clientelas chavistas que se niegan a ver la realidad.
¿Y como quedan los militares de las fuerzas armadas chavistas en todo esto? La situación de los militares se parece mucho a la de los trabajadores del sector público y la del resto de los venezolanos que están en modo de supervivencia. Según las tablas de salarios que maneja el Ministerio de la Defensa un General gana 40 dólares mensuales, un Coronel 34 dólares y un Sargento 24 dólares. Oficiales subalternos y tropa profesional tienen que conformarse con 5 y 3 dólares. El costo de la cesta básica de bienes y servicios para una familia de 4 personas ha sido estimado por algunas ONG en aproximadamente 600 dólares. ¿Cómo pueden vivir decentemente estos militares y sus familias con estos sueldos?
La respuesta es que tienen que ingeniárselas para vivir aunque no sea muy decentemente. En momentos en que el termómetro del descontento sube en el sector militar Nicolás Maduro, a su propia discreción, decreta algún bono especial para apaciguar los ánimos, aunque, como ya hemos explicado, estos bonos no forman parte del salario y no son usados para calcular las prestaciones de un militar que luego de servirle al régimen se podría jubilar con 100 o 200 dólares mensuales dependiendo de su rango.
Esto es lo que ha motivado el saqueo pasivo e incesante de las instalaciones militares de cualquier bien que retenga su valor tales como armas, municiones, repuesto, etc. que luego son vendidos en el mercado negro para redondearse los ingresos. Esto también explica las deserciones masivas de efectivos militares que no ven ningún futuro en esa institución. La respuesta del Alto mando Militar y del General Vladimir Padrino López ha sido incentivar a los oficiales a que se conviertan en “emprendedores” y abran sus propias empresas. Pero en una economía completamente destrozada como la venezolana muy pocos emprendimientos de tipo legal podrían ser sostenibles en el tiempo por un oficial militar.
Muchos oficiales han interpretado esta directriz como una luz verde para cobrar comisiones y extorsionar a comerciantes y ganaderos. Otros más sofisticados y con mayor rango podrán controlar rutas de grupos guerrilleros y paramilitares y hasta emprender complejas operaciones de narcolavado. Estas prácticas son toleradas y alentadas para mantener cierto control sobre la estructura de la pirámide militar.
Sin embargo, como no todos tienen acceso a estas oportunidades de emprendimiento hay extensos segmentos y capas de oficiales en las fuerzas armadas chavistas que no ocultan su descontento al tener que conformarse con ingresos entre 5 y 10 dólares.
Este asunto es del mayor interés por cuanto el régimen chavista que preside Nicolás Maduro sigue en el poder contra la voluntad del 80% de los venezolanos que le rechaza, gracias precisamente al, hasta ahora sólido, soporte de su componente militar. Pero esas fuerzas armadas son sus oficiales y soldados. Estos militares mal pagados son piezas esenciales en el fraude electoral masivo que intenta perpetrar el chavismo el 28 de julio. Sin su total subordinación y obediencia el fraude podría quedar a mitad de camino con sus dramáticas y letales consecuencias para el régimen.- @humbertotweets
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