España y otros diez países exigen aprobar la ley europea para restaurar la naturaleza bloqueada tras las protestas del campo
En plena oleada de protestas del campo en todo el continente y a las puertas de unas elecciones europeas en las que la extrema derecha amenaza con lograr aún más peso, la UE ha empezado a echar el freno en la agenda verde. La fatiga 'ambientalista' ha puesto en riesgo una de las leyes clave del paquete legislativo con el que Bruselas y los 27 se conjuraron para cumplir con los objetivos climáticos, como alcanzar la neutralidad de las emisiones en 2050. Ahora es un tema completamente divisivo y once gobiernos, entre ellos el de España, exigen que la ley de restauración de la naturaleza salga del cajón.
El camino de esa norma ha sido tortuoso. El Partido Popular Europeo, junto a la extrema derecha, trató de tumbar la norma que, sin embargo, ha defendido con vehemencia la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. La maniobra no salió adelante, pero la ambición del texto se redujo considerablemente durante su tramitación. El acuerdo entre el Consejo de la UE –donde están representados los estados miembros–, la Eurocámara y la Comisión Europea salió adelante en noviembre de 2023 y en febrero recibió el aval de los eurodiputados con 329 votos a favor, 275 en contra y 24 abstenciones. Entre los noes estaban el PPE y la extrema derecha.
Ya sólo quedaba la ratificación del Consejo, pero en el último momento –y en plena oleada de manifestaciones de los agricultores– Hungría se pasó al bloque del 'no', sumándose a Finlandia, Suecia, Países Bajos, Austria, Polonia, Bélgica e Italia, e impidiendo la mayoría cualificada suficiente para aprobar la norma, que establece unas bases legales para recuperar el 90% de los hábitats dañados en el año 2050 con objetivos intermedios del 30% en 2030 y del 60% en 2040.
Una carta a la presidencia
Ahora los responsables de medio ambiente de once países, entre ellos la vicepresidenta tercera Teresa Ribera, intentan salir del bloqueo y han enviado una carta a su colega belga, que ostenta la presidencia rotatoria del Consejo de la UE, para que introduzca de nuevo el asunto en el orden del día para intentar armar la mayoría. De hecho, su propuesta es que se incorpore a los debates de la reunión del próximo 17 de junio para dejar pasar el fragor de la campaña de las europeas que se celebrarán unos días antes. Fuentes implicadas en las negociaciones confían, además, en que Bélgica pueda cambiar de posición tras las elecciones nacionales, que tendrán lugar el 9 de junio.
“Esta ratificación estaría a la altura del compromiso que todos asumimos de ser líderes mundiales en restauración de la naturaleza y de adherirnos a la ambición establecida en el Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal (GBF) que fue adoptado por la Unión Europea y los estados miembros en diciembre de 2022. De no hacerlo, tendríamos que acudir a Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad, que se celebrará en Cali (Colombia) en octubre de este año, y decir que estamos incumpliendo nuestras promesas internacionales de proteger nuestras tierras y mares”, señalan en la misiva, que también firman Irlanda –cuyo Gobierno de la familia del PPE la ha impulsado–, Alemania, Chipre, Dinamarca, Eslovenia, Estonia, Francia, Lituania, Luxemburgo, Lituania, República Checa.
“Debemos actuar con urgencia y decisión para concluir este proceso político”, agregan en el texto en el que recuerdan que la negociación de la normativa contó con un “compromiso sin precedentes de los ciudadanos europeos, las partes interesadas y la comunidad científica”.
“Europa es el continente que más rápido se está calentando y se enfrenta a un impacto sin precedentes de las crisis naturales y climáticas. Restaurar los ecosistemas es esencial para mitigar los efectos del cambio climático y adaptarse a ellos, así como para salvaguardar la seguridad alimentaria europea. Si los dirigentes de la UE no actuáramos ahora, se socavaría la confianza de los ciudadanos en nuestro liderazgo político a escala nacional e internacional”, advierten los ministros.
La carta también incluye un reproche a la paralización de la norma una vez que todo el proceso estaba culminado: “Este retroceso en compromisos previamente acordados, resultado de largos meses de negociación, pone en peligro nuestras instituciones democráticas y cuestiona el proceso de elaboración de políticas de la UE [...]. Como Consejo, también tenemos que actuar como colegislador fiable y digno de confianza en un espíritu de cooperación sincera entre las instituciones europeas”.
Renegociaciones inéditas
La recriminación no es baladí. En los últimos meses se ha convertido en una práctica bastante habitual la renegociación de expedientes que ya estaban cerrados y que hasta hace bien poco resultaba inédito. Alemania abrió la espita al amenazar el plan para prohibir la venta de coches de gasolina y diésel a partir de 2035 sucumbiendo a la presión de su industria una vez que el acuerdo estaba cerrado. La historia se repitió posteriormente con la 'ley rider' europea, que finalmente ha quedado en una normativa descafeinada y a la carta para los estados miembros. Y en otras legislaciones, como la directiva de la diligencia debida con la que también se redujo la ambición a la hora de defender los derechos humanos y laborales en el proceso de producción.
En el caso de la ley de restauración de la naturaleza que ahora bloquean los 27, fue en la propia negociación en la que se redujeron las exigencias medioambientales iniciales. Así se incluyó un freno de emergencia que puede suspender las medidas hasta un año en caso de que “por razones de emergencia no esperadas no sea posible cumplir con algunos de estos objetivos en el plazo previsto”. Otra de las rebajas para que el acuerdo pudiera salir adelante es que en la restauración se priorizaran los espacios de la Red Natura 2000, que ya de por sí están protegidos. Para sortear el escollo de la financiación, se planteó que Bruselas presente un informe sobre los recursos financieros disponibles a nivel comunitario, de las necesidades y una propuesta para aumentar la dotación en el presupuesto de la UE en caso de ser necesario.
A pesar de esas cesiones, la directiva sigue en el cajón en un momento en el que el 80% de los ecosistemas ya están dañados.