El retrato de la sociedad española que surge de la Encuesta Financiera de las Familias (EFF) del Banco de España, difundida ayer, muestra un país que está experimentando cambios profundos como resultado de dinámicas globales e históricas, pero también de las decisiones de sus gobiernos. Una de las conclusiones más llamativas es que en el periodo 2016 a 2019, los grupos sociales que se beneficiaron más de la recuperación económica que siguió a la gran crisis financiera de 2008-2012 eran las familias más jóvenes, los hogares cuyo cabeza de familia era un trabajador por cuenta propia, con menores niveles educativos, que no eran propietarios de su vivienda y situados en el 25 por ciento con menos riqueza del país. Estos perfiles experimentaron incrementos sustanciales en sus rentas, algunos de ellos de más del 20 por ciento. «Por el contrario», afirma el documento del Banco de España, «en el período 2019-2021 se observan caídas de la renta importantes en todos ellos. Esto supone una interrupción de las mejoras de la renta mediana que se venían observando en estos grupos desde 2013, tras las fuertes caídas que se produjeron a raíz de la crisis financiera iniciada en 2008». La encuesta muestra un cambio radical del perfil de los grupos que se benefician más de la economía a partir de 2019. Ahora son los hogares con personas mayores de 65 años, con cabezas de familia con estudios universitarios y pertenecientes a todos los grupos de riqueza, exceptuando el 25 por ciento más pobre, los que están viendo incrementarse su riqueza por encima de los demás. Destaca el hecho significativo de que, por su perfil laboral, tanto los trabajadores por cuenta ajena como por cuenta propia han sufrido caídas importantes en su renta. Paradójicamente, la renta crece más entre los que ya no figuran en la población activa. Este cambio radical de perfil, donde se aprecia que la principal desigualdad que aqueja a España hoy no es la determinada por la renta sino por el año de nacimiento, obedece a las decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez que están abonando un importante choque generacional. La medida de reajustar las pensiones con el IPC ha blindado el poder adquisitivo de los jubilados. La Justicia de esta medida puede discutirse o graduarse, pero es que la reciente reforma de las pensiones ha desplazado nuevas rentas desde los trabajadores en activo, vía cotizaciones, hacia los pensionistas. La ley de Vivienda y la apuesta del Ejecutivo por medidas intervencionistas han terminado dañando la oferta y dificultando el acceso a ésta. Y, aunque la economía crece, la renta per cápita está muy alejada de la de los países más dinámicos de Europa. De hecho, la renta mediana entre 2019 y 2022 apenas creció un 1,1 por ciento. Uno de los datos más relevantes del estudio tiene que ver con la propiedad de la vivienda. Durante años, el país ha presumido de que un porcentaje muy elevado de los hogares –casi el 80 por ciento– era propietario de su vivienda habitual. Esto ha cambiado aceleradamente en la última década. Ahora, sólo el 72,1 por ciento de los hogares son dueños de su residencia principal cuando en 2017 lo era el 76 por ciento. La evolución es dramática entre los hogares más jóvenes: en 2011, el 69,3 por ciento había adquirido o estaba comprando su vivienda mientras que en 2022 sólo el 31,8 por ciento lo está haciendo. Esto no sólo es un reflejo de las dificultades que tienen las nuevas generaciones para adquirir su residencia, sino de un extraordinario cambio de preferencias que también se refleja en el invierno demográfico que vivimos.
