Candidatos con chaveta, por Mirko Lauer
"La ley resulta necesaria porque quien se ha zurrado en la ley desde el llano lo hará todavía más desde la presidencia (o para el caso desde otro alto cargo), como hemos descubierto en más de una ocasión".
Un diario local ofrece, entre irónica y sarcásticamente, un delincuente en la presidencia para el 2026. El titular alude a la resistencia del Congreso a dar una ley que cierre el paso a los precandidatos con un historial delictivo. Una extraña situación, pues allí dentro nadie se considera un delincuente.
En verdad, no todos los parlamentarios arrastran los pies ante este tema en virtud de su propio pasado turbio. Habrá algunos que apoyen al candidato-sentenciado como una forma de hacer democracia a toda costa, sobre todo si el político del caso es popular, y puede echar a andar de nuevo la ruleta corruptiva del país.
Pero la ley antisentenciados sí puede terminar dándose, para desesperación de los políticos. Los ya sentenciados no tendrían qué hacer, salvo que se les fabrique una puerta falsa para escabullirse. Los investigados, acusados o enjuiciados tendrían que seguir remando corriente arriba por los ríos del tinterillaje, algo difícil y costoso.
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La ley resulta necesaria porque quien se ha zurrado en la ley desde el llano lo hará todavía más desde la presidencia (o para el caso desde otro alto cargo), como hemos descubierto en más de una ocasión. Un agravante es que los sentenciados suelen tener un especial magnetismo en un sector de los votantes, que ven méritos en ellos.
Luego está el argumento sobre quienes ya han cumplido su sentencia, “pagado su deuda con la sociedad”. ¿Tiene algún sentido llevarlos a la presidencia? Quizás en el caso de alguna sentencia injusta de tipo político, donde el pueblo reconoce que el condenado tenía la razón, y quienes lo sentenciaron han perdido todo prestigio. Son pocos casos.
Pero en una democracia no debe haber presos políticos propiamente dichos, y más bien la especialidad del país en la política de estos tiempos son los delincuentes comunes aspirantes a un cargo público. No todos han pasado por la cárcel, ni todos han sido descubiertos. Algunos cometen sus delitos una vez que ocupan el ansiado cargo.
Adviértase que hoy los aspirantes con mayor intención de voto son los que más problemas han tenido o tienen con la ley. No significa que todos los sentenciados sean populares, pero sí sugiere que muchos ven un Robin Hood allí donde solo hay un vulgar malhechor esperando la suya.