Yolanda Díaz busca traductores de vasco, catalán y gallego
Sumar ha comenzado a movilizarse para preparar la campaña de las elecciones europeas. Dos semanas que vienen precedidas de mucha polémica por los desacuerdos internos que ha atravesado la formación en los últimos meses. Compromís, Más Madrid, los comunes o Izquierda Unida optaron por concurrir unidas después de que el malestar por el nombramiento, unilateral, de la candidata y número uno de la lista, estuviera a punto de hacer saltar por los aires cualquier negociación.
Finalmente, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, consiguió cerrar acuerdos con las cuatro formaciones a cambio de puestos de salida. Para los comunes, el segundo; para Compromís, el tercero; para Izquierda Unida, el cuarto, y para Más Madrid, el quinto. Los sondeos apuntan a que obtendrán cuatro eurodiputados.
La federación madrileña de IU, en contra del acuerdo, ya ha anunciado que no participará en la campaña, ni pegará carteles ni cederá sus sedes o recursos. Sumar ha recurrido a una vieja táctica antes de los comicios: pedir donaciones y microcréditos que devolverá con intereses una vez ingrese la subvención electoral que concede el Ministerio del Interior por cada escaño obtenido y por el gasto de cada partido en propaganda.
Pero Díaz también busca recursos humanos, no solo económicos, y ha pedido a las personas afiliadas que participen en la campaña como voluntarias. La formación liderada por la titular de Trabajo ofrece un amplio catálogo de posibilidades que ya ofertó en los comicios generales del pasado 23-J, cuando también recurrió a los simpatizantes para obtener mano de obra. Sin embargo, en estas elecciones europeas también busca traductores para las lenguas cooficiales. Es decir, personas que se manejen bien en euskera, gallego, catalán… Para traducir panfletos, cualquier tipo de propaganda o el programa electoral.
Pero no es la única novedad. Sumar ha creado call centers: centralitas donde los voluntarios llaman a particulares para pedirles el voto o para explicarles en qué consisten las propuestas de la formación. Una idea que choca con la ley que aprobó el Ejecutivo hace un año que, precisamente, prohíbe hacer llamadas spam y busca proteger más a los ciudadanos de publicidad intrusiva y no deseada. Además, la norma impide llamar a quienes, previamente, no hayan dado su consentimiento para ello.