Brasil limpia todo, por César Romero
“La Fiscalía sustentó que los aportes de campaña eran ilícitos por las pruebas de corrupción en Brasil”.
La resolución del juez José Antonio Dias Toffoli de la Corte Suprema Federal de Brasil sobre el caso Odebrecht pondrá a prueba el sistema judicial peruano y la fortaleza de las investigaciones del equipo especial que lideran los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez.
El martes 21 de mayo último, Dias Toffoli declaró la nulidad absoluta de todos los actos de investigación realizados contra el expresidente de la constructora brasileña Odebrecht Marcelo Odebrecht, al haberse demostrado la existencia de acuerdos indebidos entre el juez Sergio Moro y los fiscales de Fuerza de Tarea de Lava Jato.
Hace unos meses, en setiembre del 2023, este mismo juez declaró la ilegalidad de las pruebas recogidas por Fuerza de Tarea en todo el caso Lava Jato. Ahora, Dias Toffoli solo ha dejado en pie la sentencia de beneficios de delación premiada otorgada al heredero de Odebrecht, pero en lo concerniente al deber del Estado a cumplir sus compromisos.
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El fiscal Rafael Vela y la procuradora ad hoc Silvana Carrión se han apresurado en señalar que esta decisión no impactará en los procesos que se siguen en el Perú y que la sentencia a Marcelo Odebrecht sigue vigente.
Pero se debe precisar que el acuerdo de leniencia de Marcelo con la Justicia brasileña es un proceso que se desarrolló entre el 2016 y 2017, anterior a los procesos en el Perú y referido a Petrobras. Allí no hay nada sobre el Perú.
Por lo demás, hay dos temas distintos: los casos de corrupción y Lava Jato. Los procesos de corrupción se podrían salvar por la cooperación suiza y la ruta del dinero de las coimas. Lo más complicado serán los casos de aportes de campaña procesados como lavado de activos.
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La Fiscalía sustentó que los aportes de campaña eran ilícitos con las pruebas de corrupción en Brasil. Pruebas que la Justicia brasileña acaba de declarar nulas, ilícitas y contaminadas. Los investigados van a pedir y reclamar que esas pruebas ya no se utilicen en el Perú. Corresponderá a los jueces, no a los fiscales, decidir.