Nuevos adherentes del Pacto Corrupto, por Diego García-Sayán
En esto se aplica plenamente el refrán “el pez por la boca muere”. Lo digo por la surrealista carta pública dirigida la semana pasada por un grupo de ciudadanos al secretario general de la OEA. En ella expresan su oposición a que se aplique en el Perú la Carta Democrática Interamericana. Con una grave señal: afirman que no hay problema alguno en la vida democrática nacional, solo “la recuperación del sistema de justicia, del sistema electoral y de la democracia en general en el Perú”. Sí, así como lo leen.
Eso cuando la ciudadanía sabe -y constata día a día- que la democracia está siendo colapsada mientras crece la corrupción y la ineficiencia gubernamental y del Congreso. La esencial se sabe: una presidenta coaligada con el poder oscuro, abierta a “préstamos” de joyas y relojes de lujo. Y el Congreso, presidido por un condenado por corrupción y entre cuyos integrantes hay, como está probado, quienes pactaron -con la exfiscal de la Nación Patricia Benavides- la recíproca impunidad del “no te toco si no me tocas”.
La historia es, pues, bien conocida. Solo pueden ignorarla quienes prefieren no saber por priorizar la satisfacción de intereses personales y de grupo. El poder hoy está en manos del Pacto de Corruptos, el cual, entre otras cosas, ha logrado la “proeza” de aumentar la pobreza y la extrema pobreza, precisamente en una coyuntura de precios internacionales extraordinarios para nuestros principales productos de exportación.
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Curioso que personas que se suponen representantes del sector empresarial firmen una carta así, mientras redes delincuenciales, como las de la minería ilegal, siguen operando impunemente, gracias al Congreso, que dejó sin efecto la norma que restringía el acceso a la compra y uso de explosivos. ¿El resultado? Varios atentados criminales dinamiteros a empresas mineras respetuosas de la legalidad. Como La Poderosa, en Pataz, jaqueada desde hace meses por los oscuros intereses de las organizaciones criminales de minería ilegal: cinco torres de alta tensión, una subestación eléctrica y una línea de transmisión. ¿Los firmantes van a escribir una carta sobre esto? Obvio que no.
El objetivo: controlar la justicia
Todo el Perú -y el mundo- constata el ataque sistemático -desde hace meses- a la independencia judicial. Y la nueva amenaza: pasar a demoler la independencia del sistema electoral cuando es evidente que ya le han puesto “precio” a la cabeza del presidente del Jurado Nacional de Elecciones. “Castigado”, precisamente por ser independiente.
Es la historia recurrente del Perú, cada vez que ha estado gobernado por un proyecto autoritario. En lo que gana por varias leguas, claro, el fujimorismo. Es notable como el monocolor (¿naranja?), grupo de personas que firma la referida “carta” a Almagro, deja que se les vea el fustán: omiten olímpicamente cualquier mención al momento más oscuro para la independencia judicial en la historia del Perú.
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Los hechos, que agravian día a día la independencia judicial, son sistemáticos, graves y archiconocidos. Pero, como el pez por la boca muere, es sintomático que en la susodicha “carta” se haga caso omiso de la sucesión de ataques a la independencia judicial proveniente del Pacto Corrupto que ejerce el poder.
El apoyo de los extremistas
El Pacto puso el foco de su agresión en la Junta Nacional de Justicia. Explicable, ya que es la institución encargada de la designación y evaluación de jueces y fiscales, eslabón fundamental para contar con un sistema judicial independiente y calificado.
Ahora la JNJ es atacada por este grupo de firmantes, entre los cuales los pocos nombres conocidos son personas de larga raigambre extremista y de desconocida trayectoria a favor de estándares y principios democráticos.
El Pacto ha decidido salir a dar la pelea. Sumándose desde la extrema derecha a lo que sus aliados vienen haciendo desde el poder por la demolición democrática.
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Por eso, el sector político de intereses oscuros que promueve la “carta”, sintomáticamente, ha guardado sepulcral silencio ante la sucesión de actos desde el poder político para debilitar la independencia de la justicia. Con actos como la destitución irregular de la fiscal suprema Zoraida Ávalos y Bersabeth Revilla, o los pactos de impunidad entre congresistas y la fiscal Benavides, para mencionar solo algunas de las “perlas” del Pacto Corrupto.
En todo este sancochado, el sector extremista que se expresa en esa carta a Luis Almagro fue cómplice silente. Dejando que la corrupción se adueñara del país y del aparato del Estado.
Mientras Benavides se “entretenía” destituyendo y trasladando arbitrariamente a fiscales, arrasando ilegalmente con el principio de inamovilidad, crucial para la independencia judicial.
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La OEA está advertida
La OEA, pues, está advertida. El Pacto Corrupto y sus “satélites” han decidido salir a dar la pelea. Ahora poniéndose de perfil ante lo que se viene haciendo desde el poder para la demolición democrática en marcha.
Es un nuevo reto para el Perú y la OEA que solo avivará las convicciones y compromisos democráticos de millones de peruanos, con los estándares y valores democráticos: los de la Constitución del Perú y la Carta Democrática Interamericana.