Los retos pendientes de la minería , por José De Echave
"Si pretenden seguir haciendo minería como en los últimos 30 años, ya sabemos los resultados: afectación de derechos, impactos ambientales y, como consecuencia, conflictividad social”.
Los precios del cobre y otros minerales de la transición energética están por las nubes. El oro igual. Hace poco más de 20 años, la libra de cobre estaba US$0,70 centavos y la onza de oro a menos de US$300. Ahora el cobre llegó a US$5,00 y el oro está por encima de los US$2.300. Por supuesto, los productores de cobre y oro —formales e informales— están en bonanza.
Esta semana, la Sociedad Nacional de Minería organizó el Simposio XV Encuentro Internacional de Minería y los mensajes no se hicieron esperar: en la inauguración, la presidenta de los Rolex de oro anunció que las inversiones mineras superarán los US$5.000 millones este año y que se logrará una producción de 3 millones de toneladas de cobre. El ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, no se quedó atrás y habló, nuevamente, del destrabe de Tía y María y Conga, lo que terminó de animar al vocero de Southern, Raúl Jacob, que anunció que Tía María podría comenzar a construirse “hacia fines de este año o en el 2025”. Luego, su casa matriz, diplomáticamente, le enmendó la plana.
Se entiende que, por un lado, un gobierno débil quiera demostrar capacidad de gestión y esté resuelto a destrabar proyectos históricamente trabados, y que las empresas quieran acelerar procesos para aprovechar el nuevo ciclo alcista. Pero lo que sí llama la atención es que pretendan seguir aplicando la misma receta minera, que es lo que ha provocado una alta conflictividad social en las últimas décadas.
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Uno de los retos pendientes que tenemos en el país es cómo colocar el debate en torno a la minería en modo propositivo; cotejando perspectivas diferentes y evaluando las distintas propuestas; evitando las caricaturas: para el señor Jacob, un dirigente del valle de Tambo, como Miguel Meza, es simplemente un opositor, un anti, y de esa manera cierra la discusión (y después dicen que están avanzando su trabajo social en el valle). Para el ministro Mucho, los únicos que están en contra de Tía María son las ONG.
Antes de pretender destrabar todo lo que pretenden destrabar, hay varias preguntas claves que en el Perú nos deberíamos hacer en torno a la minería. Sugerimos algunas: ¿cómo nos imaginamos la minería en los próximos 20 o 30 años? Ojo, no solo cómo se la imaginan las empresas, sino también cómo se la imaginan las poblaciones vecinas, los trabajadores, la academia, los que nos pretenden gobernar y todos los que estamos interesados en que las cosas mejoren en el país.
Si pretenden seguir haciendo minería como se ha hecho en los últimos 30 años, ya sabemos los resultados: afectación de derechos, impactos ambientales y, como consecuencia, conflictividad social. Los conflictos deben entenderse como alertas que llegan desde los territorios que no solamente demandan atención puntual, sino, sobre todo, cambios.
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Sin embargo, una de las tesis manejadas por las empresas y el Estado, que intenta explicar los conflictos, sigue siendo la del complot: “sectores que implementan estrategias perfectamente orquestadas para detener la inversión”; “que utilizan la preocupación ambiental como coartada”. Todo eso dicen y lo repiten.
Uno de los problemas de la tesis del complot es que simplifica en extremo la visión del conflicto y lo homogeniza: todos los conflictos responderían a las mismas causas y desarrollarían similares estrategias “antiminería o antiinversión”. Hasta se ha hablado de “terrorismo antiminero”. No se reconoce ninguna demanda legítima de parte de las poblaciones. Además, la tesis del complot termina justificando las respuestas autoritarias, cuando lo que se debería hacer es fortalecer la institucionalidad y las prácticas democráticas. De esta forma, no solo se ignoran las bases objetivas que están en el origen de los conflictos, sino que todo se reduce a una suerte de problema de orden público y, de esa manera, se justifica la estrategia dura, que declara estados de emergencia, militariza los territorios, criminaliza la protesta, precisamente, para restablecer el orden público.
Una lectura diferente y alternativa sobre los conflictos apunta a afirmar que no se puede entender lo que ocurre en las zonas con presencia minera, sino como el mantenimiento de una situación caracterizada por un conjunto de asimetrías: no hay un escenario que resuma de mejor manera una relación asimétrica que la convivencia entre una gran empresa minera y una población rural de nuestro país. Por lo tanto, la tarea debería ser corregir esas asimetrías.
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Sin embargo, la propuesta de las empresas está orientada a ahondarlas: quieren seguir desregulando en materia ambiental y social, bajo el argumento del exceso de tramitología. Habría que recordarles que el argumento de la tramitología lo vienen utilizando desde hace más de una década y ya les han concedido varias demandas: a través de decretos supremos y leyes, desde el año 2013 en adelante, se han acortado los plazos de revisión de los estudios de impacto ambiental; se le ha quitado facultades a la institucionalidad ambiental; se ha limitado la participación ciudadana y varios etc. No hay resultado, ese no es el camino, pero quieren más.
A las empresas les recordamos que ellas crearon el concepto de licencia social para operar. Que la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía del Perú está adscrita a diferentes instrumentos globales sobre empresas y derechos humanos, como los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas; las Líneas Directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico; los lineamientos del Consejo Internacional de Minería y Metales.
A los empresarios mineros alguien tiene que decirles que tienen que dejar de mirarse el ombligo. Basta leer el programa del simposio minero de esta semana para notar que solo hablan entre convencidos e invitan a las instituciones que ellos mismos financian para que les digan lo que quieren escuchar. A algunos ministros también hay que recordarles que tienen una responsabilidad con el país y no solo con las empresas para las que han trabajado antes de ser ministros y, seguramente, lo seguirán haciendo luego. Que no se confundan.
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Según el Banco Mundial, se van a requerir más de 3.000 millones de toneladas de minerales para la implementación de la energía eólica, solar y geotérmica, así como el almacenamiento de energía, para lograr la meta de reducción de la temperatura por debajo de los 2 °C. Por lo tanto, está claro que los minerales de la transición van a estar por las nubes. ¿Cómo enfrentamos como país este escenario?
La manera como se debe hacer minería no es un tema exclusivo de los empresarios; le compete a todo el país. El Perú necesita construir una propuesta de nueva gobernanza para la minería que identifique procesos de transición y que encuentre los puntos de equilibrio que están haciendo falta.
Esa es parte de la tarea pendiente. Por supuesto, salvo que algunos pretendan imponer su forma de hacer minería al resto del país (incluyo a los ilegales) y los proyectos resistidos a la fuerza.