El café para todos puede ser bueno: la prestación por hijo agita el debate sobre las ayudas al margen de la renta
Sumar ha anunciado que quiere negociar con el PSOE, su socio de Gobierno, una prestación universal por crianza de 200 euros al mes en los próximos Presupuestos Generales del Estado. La noticia la dio la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, aunque es el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 el que ha hecho de esta medida, que promueve que la ayuda llegue a todas las familias al margen de su renta, su bandera de la legislatura.
Pablo Bustinduy lo cuela siempre que hay ocasión en sus intervenciones públicas como la vía más efectiva para “atajar la inaceptable tasa de pobreza infantil” en España. Su intención es poner sobre la mesa de negociación un objetivo ambicioso para un país que empieza de cero: una renta universal hasta los 18 años de edad. “Se trata de crear un nuevo derecho social asociado a la condición de ciudadanía, de reconocer que los costes de la crianza no son un asunto que haya que afrontar individualmente sino que la sociedad garantiza unas condiciones mínimas de bienestar para que todos los niños y las niñas tengan sus necesidades básicas satisfechas”, detalla a elDiario.es.
La estrategia de su equipo pasa por hacer pedagogía de la prestación para poner la tirita antes de que se abra la herida. Actuar preventivamente ante una discusión que se repite, especialmente entre las diferentes posiciones de la izquierda, al plantear políticas sociales: ¿deben ser siempre progresivas en función de la renta? ¿Los ricos tienen el mismo derecho a recibir la prestación si tiene un hijo que las personas con menos ingresos?
La investigadora María Pazos hizo el primer estudio que recomendaba la universalidad de esta prestación en España. Fue en 2015, por encargo de Podemos. “No es nada nuevo, en absoluto. En el sistema escandinavo lleva funcionando desde los años 70. Sin embargo, aquí fue hace diez años cuando se empezó a hablar de ello públicamente. Causó cierto escándalo unas semanas y luego se olvidó. Recuerdo que me preguntaban: ”¿Por qué Botín va a recibir un dinero por tener hijos?“.
Para Luis Ayala, catedrático de Economía de la UNED, no se puede ignorar que “hay un debate muy teórico y profundo” con dos focos. Por un lado, si “para proteger mejor a la población son mejores las prestaciones más sujetas a la comprobación de recursos, más focalizadas y más restrictivas, o si se llega mejor a quien necesita protección con prestaciones universales”. Y, por otro, “si desde un punto de vista de la justicia social y distributiva es tolerable pagar una prestación que es recibida igual por las personas bajo el umbral de la pobreza y por quienes tienen millones de euros”.
Asociado a una reforma fiscal
Para afrontar este debate, los investigadores utilizan la evidencia. Lo que ya han visto que pasa en la aplicación práctica de esas políticas sociales. “Con la experiencia de otros países, sabemos que si queremos llegar a quien más lo necesita, el camino es mucho más fácil con prestaciones universales. Aquí también lo hemos visto con el Ingreso Mínimo Vital y sus dificultades de acceso. Eso es lo que queremos evitar”, apunta el catedrático de Economía, que recuerda que solo hay siete países de la UE sin estas prestaciones, entre ellos España, frente a los 20 que sí las tienen. Desde los casi 300 euros mensuales de Países Bajos a los 40 de Eslovaquia o Letonia.
Las organizaciones de infancia llevan muchos años reclamando una ayuda dirigida a todos los niños y niñas como un derecho de la infancia. No tanto de los progenitores. Desde la Plataforma de Infancia, además, recuerdan que “ya existen deducciones fiscales por hijo a cargo” de las que se benefician todos los ciudadanos que hacen la declaración de la renta sin importar cuánto ganen. “Esto, sin embargo, deja fuera a las rentas más bajas, a quienes no ganan el mínimo que obliga a hacerlo (22.000 euros brutos anuales), que son quienes más lo necesitan”, explica su director, Ricardo Ibarra.
“Quitar esas desgravaciones y sustituirlas por la prestación universal para llegar a todas las criaturas, y no solo a las de clase media y alta, sería lo justo, lo valiente y lo lógico”, añade Pazos, que asegura que “nunca nadie se ha escandalizado por estas deducciones” al margen de la renta. “La gente tiene asumido que es así pero con propuestas nuevas cunde la demagogia”, zanja.
¿Un CEO de una multinacional necesita de esta prestación? No, no la necesita. Pero la va a recibir igual que cualquier otro ciudadano o ciudadana. Sin embargo, sufragará su prestación, y la de muchas otras familias, a través de un sistema impositivo progresivo
La clave está, coinciden las voces expertas consultadas, en que la prestación esté vinculada a una reforma fiscal. El Ministerio ha manifestado su intención de que sea así. “¿Un CEO de una multinacional necesita de esta prestación? No, no la necesita. Pero la va a recibir igual que cualquier otro ciudadano o ciudadana, como también tiene derecho a la sanidad y a la educación pública. Sin embargo, el CEO de la multinacional tiene que sufragar su prestación, y la de muchas otras familias, a través de un sistema impositivo progresivo”, responde Bustinduy a las preguntas de este medio. Y recuerda que el acuerdo de Gobierno firmado con el PSOE “recoge una reforma fiscal”, relativa al impuesto de sociedades, la fiscalidad de las grandes herencias o los tipos de IRPF a las rentas más altas, “que tenemos que cumplir”. El catedrático Luis Ayala ve “clave” cómo se plantee y abre la puerta incluso a gravar la prestación a las familias con mayores recursos.
¿Cuánto costaría?
Unicef, Save the Children y Plataforma de Infancia han hecho un cálculo de cuánto costaría implantar esta prestación en España en cuatro escenarios diferentes, desde la aplicación más ambiciosa a la menos, y su repercusión en los niveles de pobreza infantil. Según estas proyecciones, una deducción universal y fija de 1.440 euros por hijo menor de 18 años (120 euros al mes) tendría un coste bruto de 11.288 millones de euros anuales y reduciría 5,4 puntos porcentuales la pobreza infantil moderada. Se podrían cobrar como ayuda –reembolsable, en la jerga técnica– para evitar que las rentas más bajas que no hacen la declaración de la renta se queden fuera.
“Estudios que se han hecho con evidencia comparada en política pública nos dicen que es una de las inversiones más eficientes en cuanto a retorno. Hay mucho margen de maniobra para invertir y que sea rentable”, sostiene Ibarra. Un estudio liderado por Olga Cantó y Libertad Gónzalez –y realizado por encargo del Alto Comisionado en la Lucha contra la Pobreza Infantil–sitúa en 63.000 millones de euros al año el coste de que una parte de la población se mantenga en esta precaria situación. La Plataforma de Infancia está dispuesta a negociar que la prestación sea más acotada y se vaya ampliando progresivamente en edad. O incluso fiscalmente, “pero siempre que sea escalable”. En el Ministerio son conscientes de que el “calado” de la medida convierte en muy probable –lo que más– una implementación por “fases”, empezando por los niños y niñas de cero a seis años. De momento, el PSOE –con la competencia del Ministerio de Hacienda– no ha dado señales en público sobre su posicionamiento al respecto.
Sobre el cómo hacerlo técnicamente, el Ministerio apuesta por que sea una “prestación pagada por la Seguridad Social de manera automática”, aunque no se cierra a vehiculizarla a través de una deducción fiscal reembolsable. “Esta opción, por ejemplo, podría tomar forma haciendo universal la actual deducción por maternidad en el IRPF, que a día de hoy ya se puede pedir cobrar por adelantado en vez de deducir en la declaración de la renta”, detallan fuentes del Ministerio de Derechos Sociales.
La prestación universal por crianza emerge en el debate político casi 20 años después de que se pusiera en marcha el famoso “cheque bebé” del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Efímero –solo duró tres años, de 2007 a 2010, aplastado por la crisis económica– y criticado por electoralista, la ayuda se vinculó con un objetivo de aumentar la tasa de natalidad en España. Era, a diferencia de la que ahora está en debate, un pago único de 2.500 euros vinculado al nacimiento o a la adopción. Ahora, dice el Ministerio, el propósito es “mejorar las condiciones de vida de los niños y niñas que ya han nacido”. “Si también ayuda a fomentar la natalidad, bienvenido sea, pero su objetivo es reducir la pobreza infantil y asegurar unos mínimos materiales” a la infancia “independientemente de la familia en la que se nace”.
Pazos hace una última acotación realista: “Esta medida rema a favor, sin duda, pero por sí sola no va a eliminar la pobreza infantil. Es importante que las mujeres se puedan mantener en el empleo teniendo criaturas. Nos faltan servicios públicos de atención infantil y a la dependencia, y una política de jornadas de trabajo. La efectividad depende de un conjunto”. Ayala coincide. “No vamos a eliminar la pobreza, pero podemos reducirla, sobre todo su intensidad. Para cambiar la realidad estructuralmente –desgrana– hay que ir a más factores, como la vivienda y los salarios, porque la pobreza infantil es producto de muchas dimensiones”.