Total incompetencia en la municipalidad de Calera de Tango

Quien manda en esta municipalidad es la alcaldesa UDI, Hortensia Mora, ex asesora del presidenciable Jose Antonio Kast, quien aparentemente desconoce el artículo 175 del Código Procesal Penal que obliga a todos los funcionarios públicos a denunciar los delitos que se cometen y que los conocen, en los organismos en donde se desenvuelven, independientemente si los que se apartan de la ley son sus superiores jerárquicos o sus subordinados. Los funcionarios municipales son agentes públicos y, en nuestra opinión, en estas instancias locales, regidas por alcaldes de uno u otro partido político, existen acuerdos tácitos para no acusarse entre ellos, con lo cual se garantizan suculentas mejoras en sus rentas: tengamos presente el fraude con las horas extras. En este medio y en otros independientes, ya nos hemos referido a las llamadas “corporaciones municipales de derecho privado” las que, en la práctica nadie fiscaliza, justamente por ser privadas, reductos existentes que facilitan las movidas de los alcaldes, pues son ellos quienes las presiden.

Los ciudadanos de a pie, como este columnista, también debemos denunciar las prácticas indebidas que cometen aquellos que ejercen el poder político, pues la probidad y la transparencia son indispensables para que los distintos sectores de la economía funcionen correctamente y en tal sentido estamos obligados a describir ciertos hechos irregulares, dejando en claro que no todos son delitos los detectados en la comuna de Calera de Tango, una de las 52 comunas que forman parte de la región metropolitana de Santiago, cuyas diversas autoridades se han negado sistemáticamente a que esa localidad disponga de un Plan Regulador Comunal (PRC), ardid con lo cual se posibilitan los “errores”, palabrita utilizada para que opere la impunidad. Debido a esa carencia regulatoria, ahí son aplicables las normas urbanísticas del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) de 1994.

Pues bien, el 21 de mayo del 2024, la fundación Defendamos la Ciudad, imperiosamente tuvo que denunciar en la Contraloría General de la República una serie de actuaciones contrarias a derecho ejecutadas en la Municipalidad de Calera de Tango, pues en sentido contrario estaríamos validando la liberación de responsabilidades, tan habitual en esta larga y angosta faja de tierra. Por razones de espacio, no serán mencionadas todas, sino solo algunas y en tal sentido a continuación las damos a conocer.

Allí existen una serie de edificaciones sin sus correspondientes permisos de edificación, ni sus recepciones de obras definitivas, las que, por lo tanto, se encuentran funcionando ilegalmente. Ejemplo de ello son: el edificio de la municipalidad (PLOP), el edificio de la corporación municipal de Calera de Tango, diversas salas cunas y jardines infantiles municipales, como también colegios municipales y particulares, hogares de ancianos, centros de rehabilitación y un hogar de menores.

Ya para reírse, por lo burlesco, en el edificio trucho de la municipalidad, se habilitaron dependencias para que funcione una sucursal del Banco Estado y en locales privados que se han remodelado, sin autorización, funcionan servicios públicos como Fonasa, Oficina de Programa Quiero Mi Barrio de Seremi Minvu y el Servicio de Impuestos Internos (SII). Está claro que los alquileres que reciben esos privados provienen de fondos municipales y en la esquina sur poniente de la Avenida Calera de Tango con camino Lonquén funciona, en un terreno de una hectárea en zona silvoagropecuaria, un supermercado Cencosud con un ilegal permiso de edificación para “un centro de distribucion minorista” con 4.500 m2 construidos. Al respecto, ¿tendrá opinión el directorio de esta empresa modelo del establishment?

Existen loteos brujos en áreas rurales, por ejemplo, en el paradero 10 del Camino Lonquén, en uno de ellos, cuyos propietarios se lo arriendan a terceros para fines comerciales, entre otros, bodegas, sin contarse con permisos del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), encontrándose dentro de éstos, acopios de aproximadamente 4.000 m2 de botellas plásticas en desuso. Por si fuera poco, en el camino Santa Inés, hay lotes rurales de varias hectáreas, en donde se ejecutan actividades no autorizadas, como desarmaduras, talleres automotrices, fábrica de pallets, botaderos ilegales, canchas deportivas, esta última con instrucción de Seremi Minvu de fiscalización que, a la fecha, se encuentran en funcionamiento sin ninguna restricción, constituyendo los primeros focos delictuales ya allanados por la Policía de Investigaciones.

Como carece de sentido continuar describiendo situaciones corruptas, invitamos a los interesados a que conozcan nuestra denuncia en la Contraloría, ente fiscalizador que el día 24 de mayo trasladó la acusación en comento a su inocente alcaldesa y a las autoridades del gobierno que ejercen los cargos de Seremi Minvu y Subsecretaria de ese ministerio. Sabemos que dicha alcaldesa desea repostularse, razón más que suficiente para que le conteste a la Contraloría que ella no es culpable de nada y que fueron otros funcionarios municipales los que no supieron ejercer sus atribuciones.

Aunque no relacionado directamente con el texto de esta columna de opinión, pero sí en el ámbito municipal, destacamos que con motivo de los incendios intencionales que ocasionaron la muerte de 137 personas, entre el 2 y el 3 de febrero pasado en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, unos avispados exasesores del presidente Piñera, liderados por la ex diputada Karla Rubilar y por el arquitecto Iván Poduje, ofrecieron su “desinteresada” cooperación al presidente Boric para que, vía una “Estrategia de Reconstrucción”, ellos mismos resolvieran la desgracia en el lugar de los hechos.

Fueron recibidos en La Moneda por Javiera Toro, ministra de Desarrollo Social, quien les agradeció ese magnífico ofrecimiento, actividad muy destacada por la prensa y a raíz de ello Poduje, quien tiene el mismo apellido de un ministro de Vivienda de Pinochet, después inició una campaña criticando a las autoridades municipales de la 5a región, especialmente en contra de Macarena Ripamonti, alcaldesa de Viña del Mar.