La Fundación Española de Abogados Cristianos ha pedido a la Justicia que obligue a la Generalitat de Cataluña a retirar unos videocuentos sobre identidad de género dirigidos a niños y elaboradas por la Consejería de Igualdad. En esos videocuentos, destinados a niños de entre 3 y 5 años según la propia Generalitat, se ve cómo un padre, le explica a un niño que su otro padre está embarazado . Además, en la imagen se puede observar una imagen del hombre con una barriga propia de un proceso de gestación. Además, en otro material dirigido a niños de 10 años aparece una simulación de un acto sexual entre dos personas del mismo sexo, pero la voz en off dice: «procedan a unir el pene y la vagina». Noticia Relacionada estandar No Los musulmanes de Melilla, contra los talleres LGTB en las aulas: «Adoctrinan y vulneran los derechos fundamentales» José Ramón Navarro-Pareja La Comisión Islámica denuncia que para la actividad, organizada por un colegio público en Educación para la Ciudadanía, no se informó a las familias de los contenidos ni se les solicitó la autorización previa Y otro de los cuentos dirigido a niños de 8 años asegura que no hay que preguntar a una embarazada si espera niño o niña, sino si tiene pene o vagina , «dando a entender que el sexo se elige a posteriori», explican desde Abogados Cristianos. La fundación considera que estos videocuentos suponen una vulneración de los derechos fundamentales de la persona . Concretamente alega que, este material, atenta contra el derecho de los padres a educar libremente a sus hijos, la protección de la juventud y de la infancia y el deber de la Administración de ser neutral y objetiva. Polonia Castellanos, presidenta de Abogados Cristianos, asegura que «impartir estos contenidos a niños de tan corta edad sólo sirve para confundirles». La responsable ha advertido de que «hay países que están dando marcha atrás en sus políticas sobre transexualidad y hay numerosos estudios que apuntan al daño que se les causa a los menores con este tipo de contenidos». Asimismo, insiste en que «además del daño que se le causa a los menores, supone una flagrante vulneración de los derechos fundamentales».
