La modificación de la ley andaluza de incompatibilidad llega al Parlamento a la espera de la revisión más profunda

El Gobierno andaluz convalidará en el próximo Pleno del Parlamento el decreto ley por el que se reforzó la ley de incompatibilidades para incorporar nuevos requisitos y exigencias a los ex altos cargos durante los dos años siguientes a su salida de la Administración autonómica. La medida, impulsada a raíz de fichaje frustrado del ex viceconsejero de Salud por una empresa aseguradora, será un primer paso de un cambio más profundo a través de una iniciativa legislativa que tendrá una extensa tramitación en el Parlamento andaluz. El Gobierno andaluz propuso desde el primer día que el decreto ley, una vez convalidado, podría continuar su tramitación como proyecto de ley o iniciar en paralelo un proceso legislativo. Así lo expresó el consejero de Justicia, Función Pública y Administración Local, José Antonio Nieto . El PP, grupo mayoritario, está dispuesto a aceptar esta petición si se formula por parte de los grupos de la oposición. El PSOE-A es partidario y así lo subrayó ayer de iniciar la tramitación de nueva ley, con sus informes y procesos de participación , aunque aceptaría otra fórmula si esta garantiza un amplio y abierto debate. Esta opción la comparten también otros grupos como Adelante Andalucía. Desde la Consejería subrayan que de momento sólo está cerrada la tramitación de la convalidación del decreto en la próxima sesión del Parlamento andaluz. Desde el PP subrayan que están abiertos a buscar un acuerdo previo a la próxima sesión plenaria. El Gobierno andaluz inició la tramitación de este decreto ley a raíz de la polémica por el 'fichaje' del ex gerente del SAS por parte de una empresa aseguradora y realizó una tramitación exprés para evitar que se produjera otro caso similar en esta legislatura y para que el mismo ex gerente del SAS se viera afectado por la limitación, La modificación trata de resolver carencias del anterior marco legislativo autonómico. Entre otras cuestiones, se convierte en una obligación para cualquier ex alto cargo que pida un informe a la Inspección General previo a su incorporación al sector privado.