La sanidad, prioridad absoluta

España sufre desde hace años un preocupante déficit de médicos especializados en atención primaria. Este es un problema estructural que afecta de forma generalizada a nuestro Sistema Nacional de Salud y debería convertirse en una prioridad para el ministerio que encabeza Mónica García. La medicina de familia resulta esencial para la sostenibilidad de nuestra sanidad y su implantación en el territorio es uno de los elementos vertebrales a la hora de brindar un servicio asistencial de calidad. Este problema se agravará de forma muy notable durante este verano. El retraso en la formación de los residentes que empezaron su especialización durante la pandemia, sumado a la situación crítica que arrastran desde hace tiempo algunas zonas especialmente tensionadas, obligará a varios centros de salud a quedar cerrados este verano. Sólo en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, cincuenta y cuatro centros auxiliares no tienen garantizada su apertura y la dotación de personal peligra en al menos setenta. Esta gravísima coyuntura marcó la reunión mantenida en el marco del Consejo Interterritorial de Salud entre la ministra y los distintos consejeros autonómicos en la que con la excusa de las competencias transferidas se cruzaron acusaciones entre las distintas administraciones. Cualquier ciudadano tiene derecho a una atención sanitaria integral y gratuita en todo el territorio nacional. Este principio básico sitúa en el Ministerio de Sanidad la última responsabilidad para planificar y garantizar este derecho. Paradójicamente, el mismo Gobierno que alardea de ser un promotor de nuevos avances sociales se muestra incapaz de proteger uno de los derechos más prioritarios y sobre el que existe un acuerdo absolutamente transversal en nuestro país por ser uno de los pilares fundamentales del Estado de bienestar. Las condiciones de trabajo de los médicos de familia, la falta de previsión o la improvisada planificación de la formación de médicos en España –que en parte podría paliarse con un razonable marco de convalidación de títulos extranjeros– son algunos de los factores que están impidiendo garantizar una cobertura de salud suficiente en muchos lugares de nuestro territorio y que este año nos situará ante una circunstancia inédita. En un tiempo en el que la recaudación tributaria en España bate récords año tras año, parece evidente que el Estado está engordando en dirección contraria al interés de la ciudadanía. El sistema de salud debe ser el último lugar en el que se realicen recortes más allá de su punto de eficiencia y su suficiente provisión económica es imperativa. En España existe un amplio consenso sobre el gasto en derechos como la sanidad y la educación, pero mientras el Gobierno abunda en otras garantías de carácter simbólico o aumenta de forma histórica el empleo público, el Ministerio de Sanidad se empieza a demostrar incapaz de coordinar una cobertura sanitaria satisfactoria e igualitaria. Es sintomática la falta de ejecutividad de Mónica García. A pesar de ser médico, la ministra insiste en proyectar un perfil exageradamente activista y poco técnico, lo que se traduce en un deterioro paulatino de un sistema de salud que no va a mejorar a golpe de eslogan. En lugar de invertir tiempo y esfuerzo en deslegitimar estrategias perfectamente eficaces como la colaboración público-privada en el ámbito sanitario, o de respaldar las obsesiones lingüísticas que llegan a dificultar la libre circulación del personal clínico entre comunidades, la ministra debería gestionar una planificación centralizada para dar respuesta definitiva a un problema que no para de crecer y del que ella es la última responsable.