La guerra entre los herederos del cofundador de ACS llega hasta los despachos del Gobierno de Ayuso

La guerra entre los herederos de Juan Torres Piñón, cofundador de la constructora ACS, llega hasta la Comunidad de Madrid. Es el enésimo capítulo de la batalla de tres hijos del ingeniero y empresario coruñés contra el benjamín del clan, el abogado Julio Torres, al que acusan de gestionar de forma fraudulenta el millonario patrimonio familiar.

Una pugna digna de Falcon Crest o Los ricos también lloran, por citar dos culebrones que arrasaron en los años 80, cuando Torres Piñón, hoy casi nonagenario, creó junto a Florentino Pérez lo que hoy es ACS. Tras desfilar por platós de televisión, revistas del corazón y juzgados, la pelea llega a los despachos del gobierno de Isabel Díaz Ayuso. 

Los hermanos Andrés, Maite y Joaquín Torres Vérez (este último, famoso arquitecto de la jet española, que diseñó las exclusivas mansiones de la urbanización La Finca en Pozuelo de Alarcón) han impugnado la reciente reincorporación como letrado de la Comunidad de Madrid de su hermano Julio. Entienden que vulnera la normativa de incompatibilidades de los empleados públicos y le acusan de vender de forma fraudulenta una empresa con deudas millonarias con el Fisco en la que es administrador.

Un escrito de Andrés Torres en nombre de la sociedad familiar Cartera Kairos SL ante la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Hacienda, Economía y Empleo, señala que su hermano “ha solicitado, tras un largo periodo de excedencia, su reincorporación como Letrado de la Comunidad de Madrid”, y “ni siquiera” tiene permiso para ejercer actividades privadas que establece la Ley 53/1984, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

El escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, pide “la nulidad del nombramiento como letrado de la Comunidad de Madrid de Don Julio Torres Vérez, anulándolo y dejándolo sin efecto”. 

En febrero, al amparo de la Ley de Transparencia, la familia pidió confirmar si Torres se había reincorporado “como Letrado en la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte”, advirtiendo de posibles actividades “incompatibles”. “La divulgación de la información solicitada, que incluye datos sensibles del empleado público, no está justificada y podría contravenir la protección de datos personales”, contestó el Gobierno de Ayuso, que no ha respondido a las preguntas de elDiario.es.

En el registro de la Comunidad de Madrid (actualizado a mayo) no consta permiso para ejercer actividades privadas para Torres, que figura como administrador de Cardiles Oil Company. Esta antigua filial de Cartera Kairos, como señala el escrito al Gobierno de Ayuso, ha recibido subvenciones “millonarias” de la Administración “de las que no ha devuelto cantidad alguna y mantiene una deuda con la AEAT [Agencia Estatal de Administración Tributaria] de aproximadamente 5.000.000 €, generada por la administración de Don Julio Torres Vérez”.

Cardiles tenía en 2022, sus últimas cuentas, disponibles a través de Insight View, activos por 18,7 millones y una situación financiera muy delicada. Sin facturación, con pérdidas de 1,5 millones y un fondo de maniobra negativo de 7,4 millones, tenía dos préstamos de reindustrialización del Ministerio de Industria con el 98%, casi cuatro millones, ya vencido, al igual que otros 4,18 millones con entidades financieras.

Su administrador único, Julio Torres, estimaba “que los flujos que irá generando la actividad le permitirán hacer frente a los pasivos corrientes. En consecuencia, el Administrador ha preparado las cuentas anuales atendiendo al principio de empresa en funcionamiento”.

El escrito al Gobierno madrileño acusa a Torres de vender el 99% de Cardiles “de forma absolutamente fraudulenta” a un “testaferro”, Comercializadora Pliclu-J SL, en una operación por la que el holding familiar ha presentado demanda de nulidad ante los Juzgados de Primera Instancia de Madrid. Añaden que el letrado “ostenta la representación por persona interpuesta (su esposa) de la entidad mercantil Jutorve SL, con amplísimos poderes de representación”.

Esta empresa está domiciliada en un chalé de lujo en Monte Alina, Pozuelo de Alarcón, la exclusiva urbanización en la que viven José María Aznar y otros conocidos millonarios. Su administradora única es la esposa de Julio Torres, Florence Estrade.

El letrado, con el que este medio contactó sin obtener respuesta, fue el elegido por su padre para gestionar el negocio familiar hace casi dos décadas, algo de lo que el cofundador de ACS se arrepiente. “No quiero ver a mi hijo, es un fraude”, declaró el anciano empresario en mayo a ABC.

“Tenía plena confianza en mi hijo Julio, la culpa la tuve yo”, pero él “quería ser el dueño de todo, o eso pensó”, en alusión a los poderes que le otorgaron en 2006 para convertirle en administrador único de las más de 40 sociedades familiares, con un valor patrimonial de más de 400 millones. “No tengo nada, lo único que me queda es una buena biblioteca”, lamentaba Torres Piñón, que en 2013 aún figuraba entre las 100 mayores fortunas de España.

Tras coincidir con Florentino Pérez en sus años como concejales del Ayuntamiento de Madrid, el empresario fue vicepresidente de OCP (actual ACS) hasta 1997, cuando por más de 12.000 millones de pesetas, unos 135 millones de euros de hoy, vendió sus acciones en Invesan, en la que junto al actual presidente del Real Madrid y otros socios históricos controlaba cerca del 50% de OCP, fusionada en junio de ese año con Ginés Navarro y rebautizada como ACS.

Torres Piñón, que luego montaría la holding Cartera Kairos, fue uno de los mayores coleccionistas de arte del país, con obras de Warhol, Picasso, Miró, Tapies o Saura. Perteneció al patronato del Reina Sofía y el Guggenheim de Bilbao. Académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, hasta 2022 presidió el Colegio Libre de Eméritos, sucediendo al banquero José Ángel Sánchez Asiain o al exministro y expresidente de Endesa Rodolfo Martín Villa. 

Hace tres años, denunció junto a su esposa recientemente fallecida, Joaquina Vérez, a su hijo Julio por administración desleal y estafa en la gestión del patrimonio familiar. Tras fallecer la matriarca el pasado 2 de marzo, Joaquín, Mayte y Andrés Torres acusaron a su hermano de “destruir” el patrimonio familiar y desviarlo a “supuestos testaferros”. Revelaron que el benjamín se había querellado contra sus padres, ya octogenarios, pidiendo “prisión para ambos”.

Julio Torres se presentó en 1995 a las pruebas para entrar al cuerpo de abogados del Estado junto a nombres luego ilustres de este cuerpo de élite, como Jaime Pérez Renovales (directivo del Santander), Marta Silva Lapuerta (ex directiva del Real Madrid) o Leopoldo González-Echenique (ex presidente de RTVE).

En 2017 la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) le multó con 28.350 euros por una infracción grave, usar información de información privilegiada en operaciones de la inmobiliaria Parquesol. Le sancionaron junto a Francisco Garriga, castigado con una histórica multa de 4,4 millones por aprovecharse de la opa que San José lanzó sobre esa inmobiliaria en 2006.

Julio Torres también promovió, cuando pilotaba Cartera Kairos SL, una fallida planta de reciclaje de aceite y residuos para producir biodiésel en Barajas de Melo, Cuenca. El proyecto, al que el entorno de la familia señala como el origen de esta guerra, nació en 2010 y utilizaba una supuesta tecnología innovadora de origen japonés (Kurata) para producir biodiésel limpio con ondas cuánticas y catalizadores inversos. Se paralizó en 2015 tras la interposición de una querella criminal contra la empresa y los hermanos Julio y Maite Torres.

La planta Kurata, que en abril de 2015 visitaban con boato el entonces ministro de Industria, José Manuel Soria, y Dolores de Cospedal, se fue al garete tras captar cerca de 30 millones, con generosos préstamos oficiales y subvenciones, dejando pillados a Industria y famosos como los exfutbolistas Fernando Hierro, Víctor Valdés o Rubén de la Red, el piloto Carlos Sainz, la presentadora Cristina Tàrrega, Alejandro Sanz o los presidentes de Mutua Madrileña, Ignacio Garralda, y Bankinter, Pedro Guerrero, por citar algunos. 

Del holding Cartera Kairos SL, constituido a finales de 1997, colgaban en 2022, último ejercicio del que presentó cuentas, activos de 31 millones. Entre ellos, la promotora de Kurata o Asuntos Taurinos y Espectáculos SL, gestora desde hace más de 20 años de la plaza de toros La Cubierta de Leganés (Madrid).

Las últimas cuentas de la empresa dan pinceladas de esa venta de Cardiles a un supuesto testaferro de Julio Torres, según la versión del resto de la familia. En 2020 se vendió un 39% a Comercializador Pliclu-J SL, que tomaría en 2022 el 99% tras dos sucesivas ventas fallidas del 60% a la británica Skar Capital LTD, ya disuelta, y a Primo Passo Consulting SLU.

Como propietario de esta última figura Juan José Barroso Zorrilla, investigado por supuesto blanqueo de fondos del narcotraficante José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco, mediante contratos de compraventa de letras de cambio.