Toda una vida metida en un coche tras el desahucio: "No tendrán valor de tocar a mis hijos"
A las 9 de la mañana y con cajas destempladas, Abraham, Alejandra y su hija mayor han tenido que dejar el hostal que les ha servido de refugio, que no de hogar, durante los últimos dos meses. Los otros dos niños de la pareja están en clase. A pesar de que la salida de los establecimientos hoteleros se realiza entre las 11 y las 12 del mediodía, la propiedad de este hostal situado en Santa Eulària (Eivissa) ha expulsado a la familia a esta hora, y les ha obligado a “salir corriendo”, con la excusa de que, como su estancia había sido larga, tenían que limpiar más a fondo. Otro atentado contra su dignidad.
Otro de los muchos que vienen sufriendo desde el día 30 de enero en el que se les comunicó que serían desahuciados de la casa en la que vivían los cinco. La familia se muestra muy crítica con la actuación de los Servicios Sociales de su pueblo, el que los vio nacer a todos. La rabia se mostraba en sus caras cuando el pasado lunes salían de la reunión con las asistentes sociales municipales que les llevan el caso y que en este periodo de tiempo han cambiado varias veces, “porque los que estaban antes dejaron el trabajo”, explica Abraham a elDiario.es. Alejandra no pudo contener los gritos. “No tenéis valor de tocar a mis hijos, por encima de mí tenéis que pasar”, decía en medio de un ataque de nervios, arropada por miembros del Sindicato de Inquilinas y ciudadanas particulares que se situaban en la puerta de las oficinas municipales en apoyo a la familia, exigiendo una solución.
Es el penúltimo capítulo del periplo vivido por esta familia ibicenca. Con todos los bártulos en el coche el martes, la pareja y su hija mayor, que tuvo que presenciar a unos metros de distancia y arropada por las amigas de la madre cómo la policía local acudía a pedir explicaciones a las personas que apoyaban a sus padres, se dirigían a otro nuevo sitio donde poder aguantar los días hasta que Cáritas les tenga preparado su nuevo alojamiento provisional. El nuevo establecimiento, pagado por el Ayuntamiento como los anteriores desde el mes de febrero, estará disponible para ellos hasta el viernes 8 de junio, fecha en la que si no estuviera preparada la ayuda de la ONG se quedarían en la calle. Al cierre de esta edición, la familia aún no había recibido ninguna respuesta.
Los Servicios Sociales de Sant Eulària des Riu les han comunicado que no hay más recursos para la familia. “Nos hemos comprado un coche este mismo lunes porque el viernes pasado en una reunión nos dijeron que este martes nos quedábamos sin alojamiento y que corríamos el peligro de que nos quitaran a nuestros hijos. Esto no va a pasar, antes nos vamos de la isla y lo perdemos todo, montamos a los niños en el coche y nos vamos”, asegura Abraham. Y, si las cosas no cambian, si las administraciones no ponen soluciones inmediatas ni encuentran una vivienda, este camino tendrán que emprenderlo más temprano que tarde. El viaje a ninguna parte.
Corremos el peligro de que nos quiten a nuestros hijos. Esto no va a pasar, antes nos vamos de la isla y lo perdemos todo, montamos a los niños en el coche y nos vamos
Sin embargo, esta decisión traerá muchos problemas tanto a la pareja como a sus hijos. Alejandra y Abraham tienen trabajos fijos en Eivissa. Su marcha supondrá la pérdida de derechos adquiridos por parte de la mujer que trabaja en el Hospital de Can Misses y que el hombre tenga que dejar un buen trabajo que le ha costado mucho tiempo conseguir. Ningún trabajo en la península, de momento. Ningún contacto que les pueda ayudar fuera de Eivissa. La hija mayor, en edad adolescente, no quiere ni oír hablar de irse de la isla. “No quiero, tengo aquí a todas mis amigas”, explica resignada.
Los otros dos integrantes de la familia son dos niños que están cursando primaria con muy buenos resultados. “Les gusta mucho estudiar y estoy preocupado por cómo va a salir el curso, con todo este lío y ellos con los exámenes… Estamos intentando que les repercuta lo menos posible esta situación, pero es difícil”, explicaba Abraham ante los medios de comunicación que se congregaban a las puertas de los Servicios Sociales de Santa Eulària el pasado lunes. Si esta circunstancia se produce, que hoy por hoy es la posibilidad más realista, la familia abandonará la isla con una mano delante y otra detrás. “Pero no podemos consentir que se nos toque a nuestros hijos”, puntualiza Alejandra. “¿Qué Servicios Sociales son esos, que nos amenazan con que nos van a quitar a nuestros hijos en vez de sacar la cara por nosotros ante la Fiscalía?, exclama desesperada. ”Nos han tratado mal, muy mal, nos han estado engañando desde el principio“, reitera.
A mis dos hijos pequeños les gusta mucho estudiar y estoy preocupado por cómo va a salir el curso, con todo este lío y ellos con los exámenes… Estamos intentando que les repercuta lo menos posible esta situación, pero es difícil
Historia de un desahucio anunciado
El 30 de enero la empresa de pagos contratada por la propiedad de la casa alquilada donde vivía la familia les comunicaba que tenían que abandonar la vivienda antes del 22 de febrero, porque se les había denunciado por impago y se les iba a desahuciar. Esta situación estaba provocada por un problema de Abraham con Hacienda por el cual se bloquearon sus cuentas. El resultado: no pudo pagar su renta de alquiler durante 4 meses. Pasado este tiempo, cuando resolvió el problema, el inquilino ofreció a la propiedad el pago de 500 euros más cada mes, además de la renta de 1.400 euros, para saldar la deuda. La empresa intermediaria no accedió y solicitó el pago de toda la deuda de una vez. La familia no pudo hacer frente al pago y la denuncia siguió su curso.
Abraham vio que la cosa iba en serio y que realmente el proceso de desahucio estaba en marcha. “Me vi totalmente desamparado, no podía hablar con los dueños de la casa para explicarles lo que había pasado y que no me negaba a pagar en ningún momento. Y pasó lo peor. No sabía lo que hacer y me fui al Ayuntamiento a pedir ayuda”, narra a elDiario.es. “En Servicios Sociales me dijeron que mirarían nuestro caso. La trabajadora nos atendió bien, pero no supimos nada. En los juzgados me dijeron que en estos casos el Ayuntamiento daba un informe de vulnerabilidad con el que se podía parar este desahucio. Fui otra vez. Ya no estaba la persona que me había atendido y me pasaron con otra trabajadora a la que tuve que volver a contar todo”, especifica.
La familia volvió a esperar la respuesta del Consistorio sin que esta se produjera y, ante este silencio y a falta de una semana de la fecha establecida para que abandonaran su casa, Abraham se volvió a personar en el juzgado de Santa Eulària para saber cómo iba el proceso. “Allí me dijeron que el Ayuntamiento no había remitido ningún informe y que el desahucio seguía su curso”, comenta. El padre de familia entró en pánico y, de nuevo, volvió a las oficinas municipales para saber qué es lo que estaba pasando. “Me dijeron que estaba en proceso”, añade. De nuevo, se produjo el silencio y un día antes de la fatídica fecha, cuando creía que todo estaba paralizado, volvió al juzgado. Allí le aseguraron que el Ayuntamiento no había mandado nada. “Fui a toda prisa a hablar con la trabajadora social que me indicó que el juzgado no les había solicitado nada y ante mi insistencia se pusieron en contacto y en ese momento empezaron a hacer el informe. La tarde antes”, concreta con desasosiego en su voz.
La misma mañana del desahucio, el Ayuntamiento de Santa Eulària remitió el informe de vulnerabilidad al juzgado “que el juez desestimó por falta de documentación”, comenta Abraham. “Este ha sido el problema de todo. No se puede mandar un informe una hora antes de un desahucio. Si el Ayuntamiento hubiera hecho su trabajo en el mes que tenía que hacerlo, no estaríamos aquí, en esta situación. Y encima se atreven a decirnos que nos pueden quitar a los niños si no encontramos nada y, además, nos dicen que ellos no pueden ayudarnos más. El dinero que se han gastado en pagar un hostal tres meses se lo podían haber ahorrado y nosotros aún estaríamos en nuestra casa con todo pagado y viviendo como Dios manda”, manifiesta.
Asimismo, asegura que el servicio del Ayuntamiento es pésimo y el trato no es bueno. “Nos hablan como si fuéramos tontos. De hecho, en la reunión del lunes, ni siquiera contestaban a nuestras preguntas. Lo único que nos dejaron claro es que no nos podían ayudar más”, zanja Alejandra. Esta situación cambió, al parecer, por la presión que ejercieron los medios de comunicación y los miembros del Sindicato de Inquilinas a las puertas de los Servicios Sociales el pasado lunes, ofreciéndoles tres días más de alojamiento, lo que hoy por hoy y sin noticias de Cáritas no cambia nada.
No se puede mandar un informe una hora antes de un desahucio. Si el Ayuntamiento hubiera hecho su trabajo en el mes que tenía que hacerlo, no estaríamos aquí, en esta situación. Y encima se atreven a decirnos que nos pueden quitar a los niños si no encontramos nada y, además, nos dicen que ellos no pueden ayudarnos más
Una versión muy distinta ofrece el Consistorio a elDiario.es. “Como dijimos en su momento, en cuanto supimos del caso el 1 de febrero nos pusimos en contacto con el juzgado y se nos dijo que por lo avanzado del procedimiento no requerían de ese documento. Hicimos el informe en el momento que lo requirió el juzgado, que fue el día antes del desalojo. Aun así, se pudo hacer y se entregó ese mismo día”, explican fuentes municipales.
Asimismo, el lunes por la tarde, después de la última reunión de los afectados con Servicios Sociales, el Ayuntamiento decidía emitir un comunicado ante las preguntas de los medios y la actuación del Sindicato de Inquilinas. “El Consistorio quiere remarcar que ha usado todos los recursos a su disposición para brindar una solución temporal digna a su situación. Ante la obligación de dejar libre la habitación, puesto que su hostal actual reclamaba su uso, se han buscado otras alternativas, dentro y fuera del municipio”, explicaban. “El Ayuntamiento ha actuado en todo momento cumpliendo con su obligación de ofrecer 'alojamiento temporal urgente', tal y como marca la ley, y siguiendo el objetivo de que las intervenciones de los Servicios Sociales deben tener siempre como uno de sus fines el garantizar la independencia y autonomía de sus usuarios y que no deban permanecer más tiempo del imprescindible recibiendo este tipo de apoyos”, apuntan.
El Ayuntamiento asegura que la ley le obliga a ofrecer 'alojamiento temporal urgente' y que los Servicios Sociales deben garantizar la 'independencia y autonomía de sus usuarios y que no deban permanecer más tiempo del imprescindible recibiendo este tipo de apoyos'
Sin embargo, la autonomía de estos usuarios hace tiempo que se está tambaleando por el problema de vivienda que no ha sido resuelto por ninguna Administración, tampoco la municipal. No se ha implementado hasta el momento ninguna medida para sacar al mercado la numerosísima vivienda vacía existente, ni el Govern balear del PP aplica la Ley de Vivienda que podría topar los precios, ni crea zonas tensionadas para poder controlar el negocio de fondos buitres con la vivienda residencial, ni prohíbe el alquiler turístico, principal problema de la falta de vivienda asequible en la isla. El Ejecutivo de Marga Prohens ha aprobado una ley de vivienda que implica, entre otras medidas, potenciar el 'coliving', dividir las casas y crecer en altura.
“Por último, queremos recordar que la situación actual de problemas de acceso a la vivienda no es exclusiva del municipio de Santa Eulària, de la isla de Ibiza o de la Comunitat de les Illes Balears y que se necesita de la implicación de todas las administraciones para solucionar un problema que se sufre en buena parte del país y desde hace tiempo. El Consistorio, por su parte, viene aplicando políticas de apoyo a la ciudadanía para el acceso a la vivienda, como las ayudas al alquiler y a la compra de primera vivienda, así como el impulso junto a la iniciativa privada de unas 110 Viviendas de Protección Oficial en es Puig d’en Valls, y acaba de lanzar nuevas iniciativas para lograr ese objetivo, como son las iniciativas de usar tres parcelas municipales para el desarrollo de unas 240 Viviendas a Precio Limitado o crear una unidad policial, auxiliada por un servicio jurídico especializado, para combatir el alquiler turístico ilegal”, explica el comunicado municipal. Todas estas medidas, excepto las 110 viviendas de Puig dèn Valls, proyectadas por el anterior equipo de izquierdas en el Govern, están aún en ciernes y, de momento, no se sabe ni cuándo se van a poner en marcha.
Búsqueda de vivienda: misión imposible
Durante los tres meses que Abraham y Alejandra han estado viviendo junto a sus hijos en diferentes hostales pagados por el Ayuntamiento no han dejado de buscar vivienda. En todo este tiempo, solo dos de los cientos de anuncios en los que se han inscrito han respondido.
El primero de ellos valía 1.800 euros. Alejandra se mostraba muy contenta en aquel momento. “Ya tenemos casa”, comentaba exultante a elDiario.es. “Es muy cara, pero en estos momentos no podemos hacer otra cosa. Ya nos apañaremos”, decía en sus mensajes. Sin embargo, tres días después, la alegría se tornaba en desesperación. “Nos han pedido una carta de la anterior propietaria del piso donde vivíamos y le he tenido que contar todo”, aseguraba. Ante estas noticias, la propiedad del inmueble encontrado optó por otro inquilino. En estos momentos, la mujer se sumía en una profunda depresión. “Estamos atrapados, no encuentro una solución. ¿Qué vamos a hacer? No es posible que no haya ninguna vivienda disponible para nosotros. No quiero ningún psicólogo, quiero un hogar para mis hijos”, argumentaba.
Estamos atrapados, no encuentro una solución. ¿Qué vamos a hacer? No es posible que no haya ninguna vivienda disponible para nosotros. No quiero ningún psicólogo, quiero un hogar para mis hijos
Dos semanas después vislumbraban otra luz. “Nos han llamado de otro piso. Este cuesta 1.600 euros. No importa. Ya le he contado lo que había pasado y que no iba a haber ningún problema de pagos, que el Ayuntamiento nos estaba ayudando. Todo. Y parece que no le ha importado”, explicaba. Pero al cabo de unos días, el piso ya estaba alquilado a otras personas, probablemente sin cargas familiares y con nómina europea. El horizonte se volvía negro, muy negro, para Alejandra, Abraham y sus tres hijos.
Ahora, el coche que compraron esta misma semana está preparado para salir corriendo y salvar a su familia de los depredadores, ante la falta de respuesta de Cáritas y con solo dos días más de hostal pagados por el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu. Ni desde el Consell, que tiene competencias de menores, ni desde el Govern han dado una respuesta. El primero asegura que solo atiende “a los menores que sufren problemas derivados de maltrato a la mujer” y el segundo afirma que “es un problema competencial” y que ellos “no llevan eso”.
Por su parte, Abraham y Alejandra, en un acto de responsabilidad, supervivencia y amor por sus hijos tendrán que abandonar la isla, cada vez más hostil con los residentes y más amable con los famosos y la gente rica –estos días el pseudogurú Amadeo Llados se paseaba por el puerto en un yate alquilado– o los súper influencers que hacen promoción de una vivienda ilegal, Casa Paola, propiedad de la polémica casera Paquita Marsan.