Ancha es Castilla

Este miércoles El País ha publicado un artículo de opinión sobre el 'caso Begoña Gómez' del catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid, Miguel Cancio, en el que, tras poner de manifiesto las singularidades del caso, concluye con el siguiente párrafo: “Y lo que no es normal en absoluto, sino un esperpento y una vergüenza, es que una organización que, según dio por probado la sentencia condenatoria –una condena revertida en el último momento por el Tribunal Supremo, que absolvió a la principal figura del grupo— se dedicaba sistemáticamente a prostituir la acusación popular para extorsionar a toda clase de personas, pueda estar montando este proceso. Si la política ya interfiere en los procesos penales, permitir que gente de esta clase enturbie aún más un proceso de tanta relevancia pública es abrir las puertas al desbarajuste”.

Estoy completamente de acuerdo con el profesor Cancio. Estamos ante un esperpento y una vergüenza. Sobre esto no creo que ninguna persona decente tenga la más mínima duda. Pero ese esperpento ha sido posible porque la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha avalado –con la nariz tapada, pero ha avalado– la conducta del presidente del autodenominado sindicato Manos Limpias en el asunto por el que había sido condenado por la Audiencia Nacional. No lo ha avalado moralmente, pero sí jurídicamente. La conducta del sindicalista es reprobable en términos éticos, pero no constitutiva de delito. No ha llegado a pasar el umbral necesario para ser considerada como tal.  

Aquí es donde está el quid de la cuestión. ¿Puede alguien sorprenderse de que Miguel Bernard, una vez absuelto por el Tribunal Supremo, no interpretara la absolución de la forma en que lo ha hecho? Si el Tribunal Supremo le ha dicho con la máxima solemnidad en una sentencia de casación que puede hacerse, que su conducta, a pesar de todas las pruebas acumuladas en la sentencia de la Audiencia Nacional, no ha llegado a tener la entidad suficiente para ser constitutiva de delito, ¿no entra en lo razonable que Miguel Bernard haya interpretado que podía seguir haciendo lo mismo que había venido haciendo de forma reiterada? Más todavía, ¿no es lógico que si el Tribunal Supremo le dijo que no había llegado a traspasar el umbral que convertiría a su conducta en constitutiva de delito, él entendiera que todavía podía llegar incluso un poco más lejos de a donde había llegado hasta ese momento? ¿No le estaba diciendo la Sala Segunda del Tribunal Supremo que todavía le quedaba camino por recorrer para que su conducta pudiera llegar a considerarse delictiva?

Sin la absolución de Miguel Bernard por el Tribunal Supremo, en los términos en que se produjo la absolución, no existiría el caso Begoña Gómez. Ancha es Castilla, es la interpretación que ha hecho el presidente de Manos Limpias de la sentencia absolutoria del Tribunal Supremo. Y de ahí que haya formulado una denuncia contra la mujer del presidente del Gobierno sin hacer el más mínimo esfuerzo por justificarla jurídicamente. Sin seguridad siquiera de que los datos que aporta sean veraces. Si se han publicado, allá quienes lo hayan hecho. 

Una vez avalada la conducta de Miguel Bernard por el Tribunal Supremo, tampoco creo que nadie pueda sorprenderse de que, en un ambiente tan encanallado como el de la política española, acabara pasando lo que está pasando. Jordi Nieva-Fenoll escribe a propósito del recorrido procesal del caso: “Nos acabaremos haciendo daño”. Me temo que el daño, que él denuncia en su artículo en futuro, ya está hecho. Será mayor o menor, según como acabe, pero el daño ya está hecho.