No es hora de ser tibios
Las tradiciones culturales no implican delitos sexuales y las protestas no deben ser respondidas con muertes.
Es indignante que se busque naturalizar todo tipo de desmanes del Estado contra los ciudadanos, bajo la absurda idea de que no se pudo actuar de otro modo. Que llegamos hasta el crimen de 49 personas durante las protestas sociales porque no había otra forma de detener la violencia; que no podemos enfrentar la violación de niños awajún y wampis a cargo de profesores que son depredadores sexuales porque se trata de prácticas culturales; que no podemos detener a una banda criminal instalada en el Congreso que está desmantelando la Constitución y dando leyes con nombre propio y a favor de sus múltiples intereses particulares, porque fueron elegidos, en su momento, por el pueblo.
No se trata de incitar al desorden y la calamidad, sino de proponer salidas legales existentes que detengan el abuso y reinstalen la democracia como una forma de gobierno que escucha y atiende las demandas del pueblo. Y que protege a sus ciudadanos de las iniquidades que se cometan desde el poder o desde otros espacios.
Frente al abuso naturalizado de profesores contra alumnos en comunidades remotas, la respuesta no es la pasividad o levantar los hombros porque no me importa. Urge actuar, poner en evidencia esta situación, exigir que se proteja de inmediato a las víctimas y que se disponga la sanción para evitar que se repita.
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La existencia de una cadena de mando que decidió la respuesta militar con uso excesivo de la fuerza y la llamada de atención de la exdefensora al jefe del Comando Conjunto para que detenga la represión contra población civil desarmada significan que el curso de los acontecimientos pudo ser modificado y las muertes evitadas.
El pacto de corrupción instalado en el Congreso y avalado desde el Gobierno se ha llevado de encuentro 82 artículos constitucionales. Casi la mitad de la carta magna, sin tener el mandato que solo una asamblea constituyente tiene. Ha ido desmantelando el pacto social expresado en ese documento fundamental, para ponerlo a su servicio electoral y proteger sus intereses particulares. Con prepotencia, está actuando contra la justicia y otros organismos autónomos, usando como argumento la falacia de que son el primer poder del Estado.
Es el momento, primero, de llamar las cosas por su nombre: agresión sexual, crimen de lesa humanidad y usurpación del poder. Hay que exponer el abuso y no naturalizarlo. Ejercer el derecho que nos da la legalidad y demandar a quienes están cruzando la línea de la democracia para instaurar un régimen cleptócrata y autoritario. No es el momento para ser tibios ni contemplativos. Es el tiempo del reclamo y la acción.