Medio centenar de vecinos denuncia al Ayuntamiento de Santander ante la Fiscalía por mantener las calles dedicadas a dos militares franquistas

Al menos medio centenar de vecinos de Santander se han personado este lunes en la sede de la Fiscalía de Derechos Humanos de Cantabria para denunciar la falta de respuesta del Ayuntamiento de la capital cántabra a la obligación legal de retirar del callejero de la ciudad nombres y referencias vinculados a los sublevados contra la República en 1936, la Guerra Civil española y la posterior represión franquista.

La denuncia, en la que se pide la intervención de oficio del Ministerio Público, se centra en las dos principales vías de Santander vinculadas con el franquismo: el Paseo de General Dávila y la calle Camilo Alonso Vega, ambos destacados dirigentes del franquismo.

Los santanderinos que han denunciado la situación se encuentran integrados en varias organizaciones, pero en especial en la Plataforma Memoria y Democracia. Los promotores, que han difundido su iniciativa en redes sociales, esperan que a lo largo del día y en próximas jornadas más ciudadanos se sumen a esta denuncia.

No es la primera vez que ciudadanos y organizaciones recurren a la Fiscalía. En 2023 ya se llevó a cabo una intervención en similares términos, incluso centrándose en esas dos calles, sin resultado.

En aquel momento, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Colectiva de Cantabria Desmemoriados denunció ante la Fiscalía a la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), y al entonces concejal de Cultura, Javier Ceruti (Ciudadanos), por no retirar los nombres y referencias del franquismo del callejero de la ciudad, una actuación que llevaba esperando 15 años. La denuncia no prosperó, remitiendo la Fiscalía a los denunciantes por la vía de lo Contencioso-Administrativo.

“Clara prevaricación”

El escrito presentado este lunes está dirigido a la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática de Cantabria y ha sido firmado a título particular. Consta de tres párrafos en los que se denuncia el mantenimiento en el nomenclátor de los nombres de General Dávila y Camilo Alonso Vega, por la vinculación de estos con el golpe de Estado y su “integración en varios gobiernos de la dictadura posterior, siendo partícipes en los crímenes de la represión franquista”.

Tras argumentar la petición en la Ley de Memoria Democrática, acusa al Ayuntamiento de “clara prevaricación” al “no acceder a retirar dichos nombres del callejero de la ciudad”. “Por lo que exponemos los hechos dejando constancia en esta Fiscalía con el fin de que se cumpla la ley y queden protegidos los sentimientos de las víctimas de la guerra de 1936-1939 y de la dictadura posterior”, señala el escrito.

Vecinos a título particular

María Toca es miembro de las asociaciones Héroes de la República y la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y es una de las firmantes este lunes de la denuncia basada en la legislación nacional y autonómica. Afirma haberse centrado solo en dos calles porque llevan los nombres de quienes “participaron en el golpe de Estado, la guerra, la dictadura y la represión y la nomenclatura no puede honrar a dos personas que no han tenido unas acciones respetuosas con la democracia y las leyes”.

Todos los firmantes se han concentrado en el complejo judicial de Las Salesas para dar forma a “un acto único y recurrente, ya que pensamos que en lo sucesivo más ciudadanos vengan a presentar la denuncia contra el Ayuntamiento”, ha dicho Toca, quien ha añadido que el documento espera alcanzar el centenar de apoyos.

Los firmantes nos descartan más iniciativas si el Ministerio Público no decide actuar de oficio. En todo caso, los denunciantes ampliarán su denuncia a otras calles afectadas por la legislación, ya que se ha pretendido ser selectivos inicialmente con dos calles especialmente significativas por su dimensión y por su significado histórico, en las que actualmente viven miles de vecinos de Santander.

“La callada por respuesta”

Fernando Fernández Pita es otro de los firmantes. Miembro de la Plataforma de Pensionistas de Santander, integrada en la Plataforma Memoria y Democracia, ha indicado que la pretensión es que la Fiscalía “mueva pieza contra el Ayuntamiento por incumplir la Ley de Memoria Democrática, en concreto los artículos que instan a las corporaciones locales a que retiren los nombres de las calles que aludan a personas relacionadas con la dictadura y con el golpe de Estado de 1936”.

“Evidentemente hay reparo en ayuntamientos gobernados por la derecha, que ponen todo tipo de oposición a que se hagan estas cosas”, ha añadido. Desde el Ayuntamiento, no hay respuesta. “La callada por respuesta. Ante reiteradas peticiones por distintas vías nunca se nos ha hecho caso. Por eso hemos decidido hacer esta acción para que la Fiscalía actúe de oficio en cumplimiento de la Ley de Memoria”, han sido sus palabras en declaraciones a elDiario.es.

En el caso de que no intervenga, los denunciantes no descartan “otro tipo de acciones”. “Vamos a insistir en esta línea porque entendemos que las leyes están para cumplirlas, especialmente las administraciones. No pueden exigir a los ciudadanos que cumplan las leyes si ellas no las cumplen”, ha concluido Fernández Pita.

A preguntas de los medios de comunicación sobre estas denuncias, la alcaldesa ha manifestado que el Consistorio quiere ser “prudente” al respecto y “espera ver el texto y el contenido, que desconocemos totalmente”.