Puigdemont pide al Tribunal de Cuentas que le amnistíe ya sin plantear "aventuras" a la Justicia europea
El expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha solicitado este martes al Tribunal de Cuentas que le aplique ya la amnistía “sin más dilaciones ni aventuras jurídicas carentes de sustento legal”, en referencia a la posibilidad avanzada por el ente fiscalizador de plantear una cuestión prejudicial ante la Justicia europea.
El Tribunal de Cuentas ha sido la primera instancia encargada de aplicar la amnistía que ha planteado la posibilidad de elevar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por las dudas que, según el ente fiscalizador, genera la norma ante el Derecho de la UE. El órgano dio la semana pasada diez días a la treintena de exaltos cargos encausados por los gastos del procés, entre ellos, Puigdemont, Oriol Junqueras o Artur Mas, para que se pronunciaran sobre la cuestión prejudicial.
El abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, alega que la posibilidad de plantear cuestiones prejudiciales “está reservada a los órganos jurisdiccionales de los estados miembros”, condición que, según la defensa, no tiene el Tribunal de Cuentas, pese a ser un órgano constitucional con funciones administrativas. Es decir, la competencia para elevar a Europa una cuestión prejudicial sería de los tribunales ordinarios, no del Tribunal de Cuentas.
Según el Tribunal de Cuentas, hay varios artículos de la ley de amnistía sobre los que pedir “interpretación” al TJUE. La norma de olvido penal del procés, según el organismo, podría afectar a la “lucha contra el fraude y toda actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la UE” e incluso al “principio del Estado de Derecho”.
Cualquier juez encargado de aplicar la amnistía y que tenga dudas sobre su constitucionalidad o sobre su encaje en el Derecho de la UE pueda plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional o una cuestión prejudicial ante el TJUE. Ello deja en suspenso la aplicación de la norma y las sentencias pendientes. De media, el TJUE tarda 16 meses en resolver una cuestión prejudicial.
El abogado del expresident sostiene que el Tribunal de Cuentas ha incurrido en una “sistemática vulneración del derecho de la Unión” en contra de Puigdemont al encausarle por los gastos del procés mientras gozaba de inmunidad como parlamentario europeo. Y pronostica que, de plantear la cuestión prejudical, se termine “convirtiéndose en un ridículo de proporciones considerables”.
La ley de amnistía, insiste la defensa de Puigdemont, es “lo suficientemente clara” para ser aplicada ya. El expresident reclama a la consejera que está al frente del procedimiento en el Tribunal de Cuentas que la “cumpla” y lo archive “sin incurrir en cualesquiera otras aventuras jurídicas carentes de cualquier sustento legal”.