¢107.000 millones para arreglar escuelas están guardados en cuentas

Cientos de millones de 1.594 juntas de centros educativos ‘tienen años’ depositados en Caja Única del Estado. Incluso, una junta acumula ¢1.600 millones. Viceministro de Educación advierte de siete cuellos de botella que impiden invertir dinero

La Junta Administrativa del Conservatorio de Castella cuenta con ¢1.600 millones en la Caja Única del Estado que, por más que quiera, no puede invertir. Son recursos asignados desde 2017 que no se han podido usar porque desde el 2002 los terrenos de la institución están a nombre de la Fundación Conservatorio de Castella.

Debido a que no es un bien a nombre del Estado, el Ministerio de Educación Pública (MEP) no puede invertir en mejoras de infraestructura, detalló Ingrid Bolaños, presidenta de la junta administrativa del Conservatorio de Castella desde el 2022.

Los fondos son parte de los ¢107.000 millones que permanecen guardados en espera de su ejecución para construir o arreglar centros educativos. El dinero fue asignado a 1.594 (32%) de las 4.931 juntas de educación (escuelas) y administrativas (colegios) del país, de acuerdo con datos suministrados por Leonardo Sánchez Hernández, viceministro de Planificación del MEP.

También hay dinero para invertir de las juntas de la Escuela de El Roble de Alajuela, el Colegio Académico de Ticabán en La Rita de Pococí, el Liceo Rural Río Grande de Paquera, la Escuela Río Salto de Agua Buena de Coto Brus. La lista de escuelas o colegios en todo el país es larguísima. Más de 1.000 centros tienen entre ¢50 millones y ¢100 millones, otros tienen menos de ¢1 millón.

El dinero permanece ocioso a pesar de que urge atender órdenes sanitarias por el pésimo estado de las instalaciones y hay centros que pasan penurias hasta para pagar servicios básicos como la electricidad. De hecho, el curso lectivo 2024 comenzó con 849 órdenes sanitarias en escuelas y colegios, de las cuales 96 requieren cierres urgentes, 555 estaban en situación amarilla, lo que implicaba cierres parciales, y 198 se encontraban en verde, es decir, necesitaban mantenimientos menores o cumplimiento de la Ley de Oportunidades para Personas con Discapacidad (7.600).

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Según Sánchez, en el 2022 hicieron un análisis de la Caja Única del Estado y encontraron ¢98.000 millones destinados para infraestructura que “tienen años de estar ahí”. Una actualización al 4 de junio de 2024 determinó que hay ¢107.000 millones.

“Muchas administraciones de los últimos 10 o 15 años solicitaban presupuesto para infraestructura, no lo ejecutaban y lo redirigirían a las juntas sin que necesariamente tuvieran proyectos asociados, planos, diseño, lotes, etcétera. La plata ha estado ahí esperando a que la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) defina el problema y diseñe la solución”, expresó el funcionario en entrevista con La Nación.

En este momento, aseguró, se iniciaron proyectos en los cuales “comenzará a gastarse el dinero”; la estimación es que se ejecutarán ¢40.000 millones.

“Hay mucha plata en Caja Única del Estado, como Dirección de Infraestructura tenemos que empezar a mover esa plata”, agregó.

Cada centro tiene historia propia con uso de recursos

Una de las que está en el proceso de ejecutar ¢602 millones es la Junta de Educación de la Escuela Líder Bijagua, en Upala, zona norte del país. Este centro permanece cerrado desde el 2022 debido a una orden sanitaria dictada por las deficiencias en las instalaciones.

Sus 400 estudiantes han tenido que recibir clases en aulas provisionales, ubicadas en instalaciones comunales. El recurso económico se utilizará en una construcción y mejoras en infraestructura educativa que respondan a lo solicitado en la orden sanitaria.

“Este último año hemos trabajado con la DIE. Se aprobaron el diseño y los planos. Estamos a poco tiempo de lograr sacar la licitación para empezar con las obras”, comentó Elsa Solano, integrante de la Junta de Educación.

Otra es la historia de la Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional de Acosta, como cuenta su presidente Hormidas Calderón Badilla. En este caso, el monto que tienen guardado está muy por debajo de los fondos del Castella o de la Escuela de Bijagua.

“Tenemos en Caja Única un total de ¢31 millones: ¢6 millones, que son un remanente de otro proyecto para subsanar órdenes sanitarias y tenemos ¢25 millones para recuperar aulas que se demolieron. Como estos fondos tienen destino específico, no se les puede dar otro destino”, comentó Calderón.

El problema, precisó, es que los ¢25 millones tenían un fin específico, que era adquirir dos aulas móviles, no obstante, cada una tiene un costo de ¢38 millones.

Ante esa realidad, contó Calderón, solicitaron autorización a la DIE para utilizar el dinero en reparaciones menores, pero siguen a la espera del visto bueno. “Ahorita, para ciertas reparaciones menores, tiene que venir un ingeniero y dar el visto bueno, eso puede demorar de seis meses a un año”, lamentó.

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Cuellos de botella impiden ejecución de recursos para infraestructura

¿Qué pasa con los demás fondos? ¿Por qué el dinero no se invierte aun cuando hay centros educativos en malas condiciones? Estos miles de millones transferidos entre el 2010 y 2024 están asignados a 1.594 juntas, que representan apenas la tercera parte del total.

De estas juntas con dinero en la Caja Única del Estado, apenas 189 (12%) tienen a favor más de ¢100 millones y 150 (9%) tienen entre ¢50 y ¢100 millones, esto por mencionar las que tienen mayor presupuesto, que, en total, suman esas 339 juntas (21%).

En el otro extremo están 541 juntas que tienen más de ¢1 millón y menos de ¢25 millones y otras 518 con un monto menor a ¢1 millón.

Según el viceministro, la ausencia de ejecución de estos fondos tiene que ver con lo que llama cuellos de botella, que son las múltiples trabas que impiden el inicio de las construcciones o remozamientos.

“Hemos identificado 19 cuellos de botella, de los cuales hemos solucionado 12. Entre los siete restantes están que los recursos son insuficientes para comprar el terreno o un cambio en el alcance del proyecto para usar el dinero en mantenimiento, pues el dinero disponible no es suficiente para hacer obras nuevas”, mencionó.

También se topan con problemas de actualización de diseños y presupuestos, la ejecución de los proyectos por parte de las juntas, resoluciones contractuales de empresas diseñadoras y constructoras para iniciar nuevos procesos, terrenos sin seguridad jurídica, trámites ambientales y usos de suelo.

‘No todo es culpa de las juntas’

Leonardo Sánchez insistió en que históricamente las juntas han recibido dinero, aun cuando no les decían en qué gastar.

Recordó que estos son órganos auxiliares conformados por padres y madres de estudiantes o vecinos de la comunidad que trabajan ad honorem y no siempre cuentan con conocimientos administrativos, por lo que requieren apoyo de la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) para los proyectos arquitectónicos, planos y diseños.

“Echarle 100% la culpa a las juntas, en algunos casos, es injusto. El mismo MEP gira, por ejemplo, a la ‘Escuela Los Patitos’ (nombre imaginario) ¢500 millones, pero nunca hizo presupuesto de lo que requería. En ese caso es culpa de la DIE o del MEP. Es una combinación de todas las partes; el MEP no se puede quitar la responsabilidad histórica de más de 10 años de que da plata sin un proyecto asociado”, aseveró.

Según el funcionario, lo que hacen ahora es identificar el centro educativo y el monto que tiene disponible para infraestructura, y procuran utilizarlo ya sea en construcción, remodelación o compra de lote. En caso de que el dinero disponible alcance, inician con diseño u permisos; cuando el monto sea insuficiente, actualizan diseños y tratan de depositar lo que haga falta.

Qué pasa en casos como el Colegio Técnico Profesional Ricardo Castro Beer, en Orotina, donde su director contó en entrevista con La Nación que requieren ¢1.500 millones para repararlo y no los tienen.

“Cuando hay rezago de ¢300.000 millones de colones, hablamos de miles de centros educativos. No estoy hablando solo de los que tienen orden sanitaria, hay centros que no tienen orden sanitaria pero necesitan y demandan reforzamiento, remodelación, inversión para no caer en órdenes sanitarias. Cuando hay tantos centros educativos y tenemos recurso limitado tenemos que ir viendo cómo priorizamos”, respondió Sánchez.

El viceministro dijo que el primer paso es identificar a los que cuentan con fondos en la Caja Única y posteriormente, incrementar el presupuesto.

Inversión en infraestructura con préstamo del BCIE

El MEP también espera concretar la construcción o remodelación de 133 centros educativos con $158 millones provenientes del préstamo por $700 con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

“Va a estar esa inversión masiva en los próximos 18 meses o dos años y nos permite ir trabajando con presupuesto ordinario y Caja Única del Estado. Tres vías que tenemos para mover el tema de la infraestructura”, afirmó el viceministro.

Aseguró que se están construyendo 40 centros educativos nuevos por año y que se han remodelado más de 300.

“En un universo de 5.000 centros educativos, yo trabajo con 300, por un lado, y ya, por otro lado, otros 300 empiezan a deteriorarse. Eso es parte de lo que ha sido tema histórico de infraestructura, de lo que ha sido el MEP”, concluyó el viceministro.