Abogados y catedráticos se ofrecen al PP para asesorarles contra la amnistía
La ley de amnistía hizo saltar las alarmas de muchos juristas. Todavía hoy catedráticos, magistrados y letrados de izquierdas y derechas expresan su rechazo en artículos de opinión y estudios, respaldados por la convicción de que amnistiar delitos como la malversación y el terrorismo vulenran el Estado de Derecho y los principios de la Unión Europea.
Según ha podido saber Confidencial Digital, abogados, profesores de Derecho y catedráticos se han puesto en contacto con el Partido Popular, el principal partido de la oposición, para asesorarles en materia de amnistía y contra los ataques al Estado de Derecho que consideran que se están perpetuando por el Gobierno.
De todas las ideologías
Un número “significativo” de juristas, sin importar su ideología, han enviado sus aportaciones a través de las distintas fundaciones del PP. También lo han hecho a través del servicio jurídico del partido.
Fuentes de los populares han explicado que los escritos llegan desde distintos ámbitos y que lo hacen “gratuitamente”, pues han argumentado que hay juristas “muy preocupados” con las normas aprobadas en el Congreso y las acusaciones de lawfare por parte del Gobierno y sus socios.
Las autonomías del PP recurrirán la amnistía
Tal y como adelantó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, todas las comunidades autónomas en las que gobierna el PP recurrirán la ley de amnistía al Tribunal Constitucional.
Respecto a este ámbito, el partido insiste en que tienen potestad para hacerlo, ya que argumentan que la norma vulnera el principio de Igualad ante la ley de todos los ciudadanos. Aun así, “hay que plantearlo bien”, apuntan fuentes de la formación, y avisan de que tienen un plazo de tres meses, de manera que “no se van a precipitar”.
En manos de los tribunales
Con la entrada en vigor de la ley de amnistía, publicada en el BOE el lunes de la semana pasada, son los tribunales los que tendrán la última palabra. Los casos amnisitables salpicarán desde los juzgados de instrucción y primera instancia hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
La norma establece que los jueces tienen dos meses para aplicar la amnistía. De momento, los altos tribunales españoles han emplazado a las partes a presentar sus escritos a favor o en contra de amnistiar a los acusados o ya condenados.
Según datos de la Fiscalía, hay 486 casos en España susceptibles de ser amnistiados. Concretamente, ha contabilizado hay 1 causa en el Supremo, 2 en la Audiencia Nacional y otras 2 en el TSJ de Cataluña. Por provincias han contabilizado 39 en Barcelona, 19 en Girona, 7 en Lleida y 12 en Tarragona.
Asimismo, el Tribunal de Cuentas ya ha formulado la primera -de la que se esperan serán muchas más- cuestión prejudicial al tribunal europeo.
