El Constitucional anula la condena de Magdalena Álvarez por los ERE de Andalucía y tumba la prevaricación
El Tribunal Constitucional ha estimado parcialmente el recurso de la exministra Magdalena Álvarez contra su condena por prevaricación en el caso de los ERE de Andalucía, anulando la sanción de nueve años de inhabilitación que le impuso la Audiencia de Sevilla y obligando a repetir parte de la resolución.
El pleno, con mayoría de los siete progresistas frente a los cuatro conservadores del tribunal, ha sacado adelante una ponencia que cuestiona que los altos cargos de la Junta de Andalucía fueran condenados por prevaricación, un delito atribuido a los 16 condenados, entre ellos al expresidente Manuel Chaves, y ordena a la Audiencia de Sevilla el dictado de una nueva resolución.
Se trata de la segunda decisión que toma el pleno del Constitucional sobre el caso de los ERE de Andalucía después de admitir a trámite todos los recursos hace un año. Este lunes y por unanimidad el tribunal rechazó el recurso del exconsejero José Antonio Viera, condenado a siete años de cárcel por prevaricación y malversación de caudales públicos. En su caso, la decisión de los magistrados no permite extrapolar el rechazo a otros condenados por los mismos delitos: su recurso ha quedado rechazado por deficiencias técnicas y por expresar sus quejas en “términos genéricos”, sin que el pleno entrara a examinar a fondo su condena.
“Absoluta falta de control” en casi 700 millones de euros
Los tribunales han declarado probado que detrás del título de 'caso de los ERE' se esconde la adjudicación descontrolada de 670 millones de euros en partidas de ayudas a empresas y trabajadores. Ayudas que, según la Audiencia de Sevilla y el Tribunal Supremo, acabaron en muchos casos en bolsillos de personas que no tenían acceso a ellas porque, desde el mismo momento de su creación, se buscó la ausencia de controles por parte de la administración andaluza.
La Audiencia de Sevilla, que avaló posteriormente el Tribunal Supremo, condenó a 19 antiguos altos cargos de la Junta de Andalucía durante los gobiernos de José Antonio Griñán y Manuel Chaves. Nueve de ellos fueron condenados a penas de inhabilitación por prevaricación continuada, entre ellos Magdalena Álvarez, Manuel Chaves o Gaspar Zarrías. Los otros diez también recibieron condenas de hasta siete años y once meses de presidio por malversación: José Antonio Griñán, Francisco Javier Guerrero o Carmen Martínez Aguayo, entre otros.
En cuanto al delito de prevaricación, se impuso a quienes concedieron las ayudas pero también a los altos cargos que “intervinieron de forma determinante” en la aprobación de las partidas presupuestarias al hacerlo a través de transferencias de financiación y, por tanto, eludiendo cualquier control de la Junta. Los jueces entendieron que los “eslabones necesarios” en el proceso eran resoluciones a efectos penales, también los proyectos de ley de presupuestos entre 2002 y 2009. En cuanto a la malversación, los jueces atribuyeron este delito penado con cárcel a los que “concedieron y pagaron” las ayudas, pero también a quienes “permitieron que se pagaran” conociendo las “gravísimas ilegalidades” del procedimiento.
Para los magistrados del tribunal andaluz, Griñán “era plenamente consciente de la palmaria ilegalidad de los actos en los que participó” y Chaves fue también “plenamente consciente” de esas irregularidades. Existió, según esa primera sentencia, “una absoluta falta de control de la concesión de subvenciones sociolaborales y a empresas en crisis”. Posteriormente el Supremo solo modificó la resolución para absolver a Javier Aguado, Francisco Sánchez y Lourdes Medina, secretarios generales técnicos, y rebajar la condena de Juan Márquez por reparación del daño.