La Fiscalía de la Audiencia Nacional también pide amnistiar el terrorismo de Tsunami

El fiscal al frente del caso Tsunami Democràtic en la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, ha presentado un informe que pide aplicar la ley de Amnistía a los imputados en el juzgado Central de Instrucción número 6 por delitos de terrorismo, entre los que se encuentra la secretaria general de ERC, Marta Rovira; y el hombre fuerte de Puigdemont, Josep Lluis Alay. El informe, presentado este jueves, va en línea con el criterio que el Ministerio Público ha expresado en la causa sobre los mismos hechos que se sigue para los aforados Carles Puigdemont y Rubén Wagensberg en el Tribunal Supremo, donde se ha mostrado favorable a la amnistía al no concurrir a su juicio causa alguna de exclusión que impida aplicar la ley. Carballo, que ni siquiera apreciaba que concurriesen indicios de terrorismo en los disturbios que orquestó la plataforma en el otoño de 2019 en Cataluña, argumenta que «pese a la calificación mantenida» por el juez, «no se aprecia que los hechos hayan, ni hipotéticamente, causado de forma intencionada graves violaciones de los derechos humanos en particular los regulados en el artículo dos y 3 del Convenio para la Protección de Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales que se refieren, como es sabido, al derecho a la vida y al derecho a no sufrir torturas ni tratos degradantes«. Excluye de la ecuación al turista que falleció en las inmediaciones del aeropuerto de El Prat mientras una muchedumbre asediaba la infraestructura porque considera que «no tiene relación de causalidad con la concentración convocada por Tsunami y menos aún, puede ser imputada a título de dolo a ninguno de los investigados«. «Lo mismo cabe decir de las lesiones sufridas por personas presentes en el aeropuerto o por policías lesionados en una manifestación no convocada directamente por su Tsunami en la que, como declaran policías heridos se produjeron detenciones de los organizadores, (ninguno de los investigados), y sin que pueda atribuirse bajo ningún concepto la responsabilidad dolosa de esos hechos siquiera quien hubiese convocado la concentración, pues no consta mensaje ni incitación alguna inducción o provocación o causar lesiones graves a persona alguna«, razona el informe. Va así en línea con el informe que presentó la teniente fiscal del Supremo a la magistrada instructora Susana Polo que lleva el asunto para los dos aforados. La número dos de García Ortiz sostiene que lo hechos que la Sala calificó de terrorismo no son encuadrables en la excepción recogida en el artículo 2 de la ley de Amnistía, actos que pudieran ser tipificados como terrorismo según la directiva comunitaria y que hayan causado «graves violaciones de derechos humanos». A su juicio, los hechos que se investigan en esta causa son de menor gravedad que los recogidos en esa directiva.