La Comunidad de Madrid ha iniciado este jueves el derribo de las 14 viviendas del edificio ubicado en la calle Pablo de Olavide (del 1 al 11) de San Fernando de Henares afectado por las obras de ampliación de la línea 7B de Metro. Unos trabajos de demolición que la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras ha iniciado este mismo jueves tras la aprobación del decreto de demolición por parte del Ayuntamiento de la localidad, han informado a Europa Press fuentes del departamento que dirige Jorge Rodrigo. El Gobierno regional está pendiente de recibir en los próximos días las autorizaciones correspondientes por parte del Consistorio que capitanéa Javier Corpa (PSOE) para proceder al derribo de otros dos inmuebles en la zona. En concreto, los ubicados en la calle Rafael Alberti, números 7 (portales 3 y 4, con 16 viviendas afectadas) y 9 (con dos viviendas afectadas). El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras y el alcalde del municipio se reunieron esta misma semana para actualizar la situación de los trabajos en la zona, con avances en el parque y los viales en la zona dotacional de El Pilar y los trabajos previstos en el tramo del suburbano entre San Fernando y Hospital del Henares. Un encuentro en el que el Ayuntamiento trasladó que aprobaría los decretos de demolición de las otras 18 viviendas pendientes de derribo en la calle Rafael Alberti en los próximos días. El consejero avanzó la intención de, una vez completado este trámite, iniciar cuanto antes los trabajos para derruir estos dos edificios. Por su lado, el regidor de la localidad reclamó al consejero la máxima celeridad posible en el pago de las indemnizaciones para los afectados . Hasta el momento, la Comunidad ha abonado 63 indemnizaciones de los 79 expedientes abiertos a afectados por un importe de más de 9 millones. Los vecinos de esta localidad se concentraron la noche de este lunes frente al edificio de la calle Pablo de Olavide que está siendo demolido para apoyar a las familias afectadas. El portavoz de la Plataforma 7B Afectados por Metro, Alejandro Escribano, apuntó la intención de los afectados en continuar con las movilizaciones, con una «gran movilización» en el centro de Madrid para otoño , y reclamó un Pacto de Estado similar al firmado para la Cañada Real Galiana «que integre a todas las administraciones» -Ayuntamiento, Comunidad y Gobierno central- y permita «devolver el parque urbanístico de nuestro municipio a las familias afectadas» y que dé «una solución técnica definitiva para esta pesadilla». La Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras desarrolla, desde el inicio de las obras, un Plan de Actuaciones Integrales en la Línea 7B, entre ellas un nuevo contrato de obras de impermeabilización entre las estaciones de San Fernando de Henares y del Hospital Universitario de Henares (Coslada), con una inversión de 28,2 millones de euros. Al margen de este proyecto, el Ejecutivo regional ha abonado ya indemnizaciones a 63 familias por valor de cerca de 9 millones de euros a los propietarios de los inmuebles que fueron declarados en ruina urbanística debido a su antigüedad. También se está actuando en la zona dotacional de El Pilar, donde se avanza en el proyecto del parque que se instala en la zona central y en los próximos meses se avanzará en los viales, es decir, los carriles para peatones en la zona del entorno. Asimismo, se ha barajado la posibilidad de estudiar ayudas a las viviendas de las zonas adyacentes al epicentro de la zona más afectada. También, el Gobierno autonómico aprobó una nueva línea de ayudas para pymes y empresarios individuales de los sectores comercial y de servicios damnificados por las obras. Se trata de incentivos de hasta 50.000 euros que están permitiendo cubrir gastos para la adquisición de equipamiento , material informático y tecnológico, proyectos de e-commerce y diseño de páginas web, gastos corrientes y reforma, modernización y adecuación. Los Presupuestos de la Comunidad de Madrid de 2024 incluyeron una inversión de 63 millones para ayudar a todas las familias que lo precisen. De esta forma, el Gobierno autonómico se ha hecho cargo de «los gastos de alquiler, movilidad y manutención mientras se realizan los trabajos de consolidación del terreno y hasta que se resuelvan todos los expedientes de indemnización».
