Contraloría detalla su actuación ante sonados casos de presunta corrupción
La Contraloría General de la República (CGR) detalló cuál fue su actuación ante sonados casos de presunta corrupción. Mediante un comunicado de prensa, indicó que se pronuncia sobre este tema a raíz de la difusión de información incorrecta.
Además, precisó que su rol depende de las potestades fijadas en la Constitución Política y otras normativas como su ley orgánica, la Ley de Control Interno y la Ley General de Contratación Pública.
La Trocha y la pista del aeropuerto de Liberia
La Contraloría explicó que, en los casos de la trocha fronteriza y la pista de aterrizaje del aerpuerto de Liberia, no pudo intervenir debido a que los gobiernos de Laura Chinchilla y Rodrigo Chaves efectuaron sendas obras al amparo de decretos de emergencia, lo que impide la fiscalización de la CGR sobre las contrataciones.
El órgano contralor agregó que, aun así, presentó una querella en el caso de la trocha, mientras que el caso del aeropuerto se investiga actualmente en sede penal.
En mayo del 2012, la expresidenta Laura Chinchilla reveló supuestos actos de corrupción en la construcción de la trocha, como presunto pago de dádivas y aparente desvío de fondos.
En el caso de la pista del aeropuerto de Liberia, ocurrido durante la presente administración, se habría elaborado un contrato a la medida para contratar la obra a Constructora Meco por ¢21.800 millones, con un supuesto sobreprecio de ¢1.000 millones, según denunció el propio gobierno. El caso provocó el despido del exministro de Obras Públicas, Luis Amador.
Informe señaló ilegalidad de incluir aeropuerto en emergencia por Bonnie
Casos Diamante y Azteca
Sobre los casos Diamante y Azteca, la Contraloría argumentó que se trata de indagaciones realizadas en sede judicial, relacionadas con el crimen organizado, ámbito que se encuentra fuera de su competencia. “El instrumental para detectar estos casos son las escuchas telefónicas, que no son posibles desde la CGR”, subrayó la entidad.
El caso Diamante se refiere a una investigación judicial por una supuesta supuesta organización criminal que habría obtenido beneficios indebidos en 15 proyectos de infraestructura vial cantonal mediante el pago de dádivas a funcionarios municipales.
Por su parte, el caso Azteca se refiere a la investigación de 14 funcionarios del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) sospechosos de asesorar a una banda de narcotráfico para lavar ¢678 millones a través de 17 licitaciones de obras.
Caso Cochinilla
Sobre el caso Cochinilla, la Contraloría indicó que envió un informe de fiscalización sobre conservación vial al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y a la Asamblea Legislativa. A raíz de esto, la Comisión de Ingreso y Gasto Público del Congreso dispuso la apertura formal de una investigación que no avanzó y se archivó.
El expediente Cochinilla se refiere a la presunta malversación de fondos en el Conavi para beneficiar a empresas constructoras en la adjudicación de obras viales.
Caso Soresco y hueco fiscal
La Contraloría sostuvo que fue esta institución la que destacó tanto el caso Soresco como el hueco fiscal al realizar procesos de fiscalización.
El hueco fiscal se refiere a un déficit de ¢600.000 millones en el presupuesto nacional 2018 que dejó el gobierno del presidente Luis Guillermo Solís. Esos recursos eran necesarios para el pago de deuda interna que se vencía antes de finalizar ese año.
En tanto, el caso Soresco se refiere a una empresa creada en el 2009 con recursos de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) y la Corporación Nacional Petrolera de China (CNPC), con el objetivo de crear una nueva refinería en Moín, Limón. El proyecto fue frenado en el 2013, cuando la CGR advirtió de que el estudio de factibilidad había sido realizado por una empresa vinculada a la socia china.
Caso Sinart
El órgano fiscalizador del Estado recordó que, durante esta administración, emitió órdenes para detener polémicas contrataciones realizadas por diversas instituciones públicas al Sinart, además de que improbó presupuestos asociados a esas contrataciones.
Una comisión investigadora del Congreso concluyó que el gobierno actual utilizó a la agencia de publicidad del Sinart para concentrar allí toda la pauta estatal, dando paso a un “método perverso” en el que se conceden recursos a los medios de comunicación que “no ejerzan una crítica al Ejecutivo”.
Casos Yanber y Cementazo
En cuanto a los casos Yanber y Cementazo, la Contraloría aclaró que se trata de hechos relacionados con créditos privados, los cuales están fuera de su ámbito de competencia. “La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) es la entidad de control especializada. Ambos casos se tramitan en sede judicial”, señaló la CGR.
El caso Yanber se refiere a la investigación de una empresa de producción de plásticos, cuyos ejecutivos habrían creado estados financieros falsos y reportado exportaciones que no se habrían dado. Las autoridades indagaron si los dirigentes falsearon datos para obtener préstamos de entidades financieras por $20 millones. Yanber se declaró en quiebra.
Por su parte, el caso del cemento chino versa sobre aparentes créditos irregulares obtenidos por el Grupo JCB en los bancos de Costa Rica (BCR) y Popular (BP), para importar cemento.
Proyecto Diquís
Este caso se refiere al fallido proyecto hidroeléctrico El Diquís, en el Pacífico sur, cancelado por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) después de siete años de atrasos y parálisis. “El ICE puso fin al proyecto, el caso se denunció con posterioridad y la CGR tramitó un procedimiento de hacienda pública”, indicó el ente contralor.
OAS e Hidrotárcoles
El caso OAS se refiere al fracaso de la concesión para construir la vía San José-San Ramón con la constructora brasileña OAS. El proyecto fue cuestionado por organizaciones de San Ramón, sindicatos y usuarios por el monto de los peajes. Finalmente, en un proceso de conciliación, Costa Rica pagó $35 millones a la compañía para finiquitar el contrato.
Por su parte, Hidrotárcoles se refiere a la fallida construcción del proyecto hidroeléctrico Capulín San Pablo, en Turrubares. Los diputados de la Comisión Investigadora de Créditos Bancarios del Congreso concluyeron que la compañía incumplió con los compromisos de financiamiento que había adquirido.
“En estos casos, el Consejo Nacional de Concesiones y el ICE rescindieron los contratos y acudieron a las sedes especializadas: sede de conciliación y arbitraje o la sede contenciosa administrativa”, argumentó la CGR.