Congreso dilata 7 denuncias contra Boluarte y exministros por la represión a las protestas

Pasan por alto. Cinco de ellas llevan más de un año encarpetadas, una más de seis meses y la última fue presentada en mayo. Con el posible cambio en la presidencia de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, el panorama es incierto.

Siete denuncias constitucionales contra Dina Boluarte, sus ministros y exministros de Estado, por la represión de las fuerzas de seguridad a las protestas de inicios del 2023, duermen el sueño de los justos en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso (SAC).

Cabe precisar que en total, la mandataria Dina Boluarte y sus integrantes del Gabinete Ministerial tendrían ocho denuncias constitucionales, pero sucede que la primera fue enviada al archivo de manera exprés.

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El 3 de enero del 2023 los congresistas de Cambio Democrático presentaron una contra Boluarte y su Gabinete Ministerial, pero en cuatro días la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales encarpetó el expediente. Tomando en cuenta el tiempo que usualmente demora en procesar esta comisión este tipo de imputaciones, se trató de un blindaje en tiempo récord.

Las siete denuncias que duermen en la Subcomisión de Acusaciones

El 4 de enero del 2023 la parlamentaria de Cambio Democrático, Ruth Luque, interpuso una nueva denuncia constitucional (Nº 334) contra Boluarte, sus exjefes de Gabinete, Pedro Angulo y Alberto Otárola, y sus exministros del Interior, César Cervantes; y de Justicia José Tello.

A raiz de las muertes en las protestas, la congresista Luque imputó a la mandataria y sus exministros la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado y lesiones graves e infracciones a la Constitución.

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El 23 de enero de ese año su colega de izquierda Silvana Robles presentó la denuncia constitucional 340 contra Boluarte, Otárola y el exministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta "por violación a los derechos humanos de los manifestantes en las diferentes marchas hacia la ciudad de Lima desde diciembre del 2022 a la fecha".

El 27 de febrero del 2023 la legisladora de Cambio Democrático, Sigrid Bazán, presentó la denuncia constitucional Nº 348 contra Boluarte, Otárola y el exministro del Interior, Vicente Romero, por "infracción a la Constitución por las decisiones tomadas en las movilizaciones sociales en enero de 2023, dejando una veintena de fallecidos".

Al día siguiente, la congresista no agrupada Silvana Robles envió otra acusación, la Nº 349, contra Boluarte, Otárola y los exministros Chávez Cresta, César Cervantes y Víctor Rojas Herrera, "por presuntos ilícitos penales al haber declarado el estado de emergencia a través del Decreto Supremo 143 - 2022 - PCM, y el accionar de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas".

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El 19 de julio el legislador no agrupado Jaime Quito hizo lo propuso con la denuncia constitucional Nº 389 contra Boluarte y Otárola por infracción constitucional y por haber expedido los decretos supremos 143 - 2022 - PCM y 144 - 2022 - PCM en el marco de las protestas sociales contra este régimen.

En paralelo a estas imputaciones, la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, realizaba las diligencias preliminares contra la mandataria por este caso. La pesquisa avanzó a paso lento. Recién en noviembre del 2023, cuando salió a la luz el trueque entre la gestión de Benavides y el Congreso a cambio de capturar el sistema judicial, la exfiscal presentó una denuncia constitucional contra Boluarte.

Se trata de la denuncia constitucional Nº 425 que también involucran a los exministros Otárola, César Cervantes, Víctor Rojas y Vicente Romero por presuntas violaciones de derechos humanos en las protestas sociales de diciembre del 2022.

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Así, el 2023 terminó con seis imputaciones enviadas a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, pero ninguna fue declarada procedente. En mayo de este año llegó la última acusación por el mismo caso, presentada por la ciudadana Irma Cavo, pero esta corrió el mismo destino.

Ministros debieron ser acusados

La exministra de Justicia, Ana Neyra, explica que es cierto que la presidenta de la República no puede ser acusada mientras ejerce el cargo. La Constitución solo contempla ello en caso de traición a la patria, cierre del Congreso, no convocar a elecciones o impedir el funciamiento del sistema electoral.

Sin embargo, con los exmiembros del Gabinete Ministerial no hay ese impedimento: ellos sí pueden ser acusados durante su mandato. "Los ministros y exministros, sí (pueden ser acusados), siempre que se apruebe el antejuicio", precisó. "Pienso que sí se podría", agregó.

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La República buscó la versión de la presidenta de la SAC, Lady Camones, de Alianza Para el Progreso (APP), pero al cierre de esta nota no respondió nuestras interrogantes.

Incertidumbre en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales

Estas siete denuncias constitucionales quedan pendientes de verse en la siguiente legislatura que comienza en agosto. La comisión seguiría en manos de Alianza Para el Progreso. Fuentes de esta agrupación informaron que en la interna evalúan proponer al parlamentario José Luis Elías Ávalos como nuevo presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Camones es una alternativa en el partido apepista como candidata para la Mesa Directiva. La semana pasada se formalizó la incorporación a la bancada APP del congresista Elías Ávalos, quien viene procedente de Podemos Perú y tiene pasado fujimorista . Él sería el reemplazo.

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