Las asociaciones judiciales comparten la alarma del Supremo pero discrepan sobre cómo renovar el CGPJ
Las asociaciones judiciales cierran filas con el Tribunal Supremo para exigir al Gobierno y al PP la renovación "sin demora" del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva en funciones desde diciembre de 2018.
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha mostrado en un comunicado su "adhesión plena" a la Sala de Gobierno del alto tribunal, pues considera "urgente e inaplazable que los principales partidos políticos que conforman el arco parlamentario alcancen los acuerdos necesarios para poner fin a una situación que se prolonga ya más de cinco años".
La asociación que preside la magistrada María Jesús del Barco, decana de los juzgados de Madrid, alerta de que "además de erosionar la imagen de independencia de quienes integramos el Poder Judicial", la demora en acordar el relevo de los vocales -que fueron elegidos en 2013- "está causando un perjuicio en el normal funcionamiento de la Administración de Justicia y, en definitiva, en la efectiva tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos" puesto que desde marzo de 2021, tras la reforma legal apadrinada por el PSOE y Podemos para forzar al PP a negociar la renovación, el Consejo no puede realizar nombramientos por estar en funciones.
Por su parte, Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha expresado su "apoyo" a la petición del Supremo reclamando la inmediata renovación del Consejo General del Poder Judicial, algo que el Secretariado de JJpD considera "inaplazable" para que se "normalice" la situación de órgano institucional "en beneficio del correcto funcionamiento de nuestras instituciones, del gobierno del Poder Judicial y de la sociedad y la ciudadanía".
Las otras dos asociaciones, sin embargo, priorizan que la renovación se lleve a cabo una vez modificado el actual sistema de elección de los vocales, para dar mayor protagonismo a los jueces en la designación de los doce de procedencia judicial
Para Sergio Oliva, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) "insistir en este sistema politizado, y más cuando tiene que acometer más de un centenar de nombramientos, va a propiciar que haya una duda sobre la apariencia de independencia e imparcialidad de los vocales designados". Oliva asegura que "es más fácil cambiar la ley que renovar el Consejo, porque modificar la normativa solo exige mayoría absoluta". "Tengo la certeza de que una vez se renueve el Consejo no va a existir el mismo interés en despolitizar el órgano de gobierno de los jueces, tanto por el PSOE como por el PP", afirma ante una posible renovación con el actual modelo de elección de los vocales.
Según Oliva "resulta absolutamente inaceptable que los presidentes del Congreso y del Senado lleven más de cinco años omitiendo de forma flagrante el ejercicio de sus funciones al no convocar los plenos para renovar el CGPJ". "Los parlamentarios están atados de pies y manos por los partidos políticos", se queja la asociación, que denunció ayer que el Tribunal Constitucional (TC) lleva un año "incumpliendo" la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que condenó a España por vulnerar los derechos de seis jueces candidatos a vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desde 2018.
"La anomalía democrática sin precedentes que estamos padeciendo con la no renovación del CGPJ está vulnerando los derechos civiles de los seis candidatos", se quejó Oliva, para quien resulta evidente que nos encontramos "ante un sistema fracasado".
Por su parte, Fernando Portillo, presidente de Foro Judicial Independiente, afirma que su asociación está "manifiestamente en contra de una renovación del Consejo sin antes cambiar la ley y, por tanto, el sistema de renovación porque considera el actualmente vigente "claramente en contra de los estándares europeos de separación de poderes e independencia judicial y de lucha contra la corrupción, como ya se han cansado de decirnos desde diversas instituciones europeas".
"De lo politizado que está, el actual sistema lleva en sí mismo la semilla del bloqueo", se queja Portillo, para quien "empeñarse en renovar con un sistema que es claramente un fracaso es abonarnos a más politización y más bloqueos".
La posición del Supremo, dice, "es humanamente entendible", pero recuerda que su situación "no es un problema directo de la falta de renovación sino de aquella ley de hacer tres años que dijo que el Consejo en funciones no puede hacer nombramientos". "La responsabilidad es de los mismos que ahora están teniendo prisa por renovar", añade en referencia al PSOE.
La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo exigió ayer el relevo en el Consejo "sin más demora", tras constatar que tras sus anteriores llamadas a la renovación -en septiembre de 2021 y junio de 2022-, cuando alertó de los "muy graves y crecientes problemas" a los que le abocaba la acumulación de vacantes (ahora del 30% de su plantilla), "nada se ha hecho". En un comunicado, se quejó que a día de hoy el Tribunal Supremo "carece de presidente y de vicepresidente titulares, de los presidentes titulares de tres de sus cinco Salas y de veinticinco magistrados", por lo que "el perjuicio causado es enorme".
El alto tribunal achacó a las Cortes el incumplimiento manifiesto de la Constitución y de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), lo que no solo perjudica al CGPJ, sino también "al Tribunal Supremo y a los demás tribunales, pues no parece importar privarles de los magistrados que han de integrarlos o presidirlos" y, en definitiva, "al Poder Judicial en su conjunto".