El Supremo considera estafa agravada los anuncios falsos de viviendas en internet

El Tribunal Supremo (TS) ha ratificado la condena por estafa agravada a una mujer que publicó una oferta falsa en internet de una vivienda que no era suya y con un precio barato para conseguir que alguien le pagara creyendo que era real. Concretamente, el alto tribunal mantiene la condena de un año y medio de cárcel y a 2.700 euros de multa. También que pague 750 de indemnización, la cantidad que le pagó la víctima de la estafa para alquilar la vivienda. La Sala de lo Penal, en una sentencia recogida por Europa Press, relata que el perjudicado vio el piso en una página de anuncios, le gustó y le hizo una transferencia, pero después se dio cuenta de que era un engaño , la vivienda no se alquilaba y las fotografías del DNI que recibió correspondían a la víctima de otra estafa. Ante la imposibilidad de conseguir un alquiler inmediato, el denunciante y sus padres se vieron obligados a alquilar unas habitaciones, añaden los magistrados. Además, la condenada no ha devuelto el dinero ilícitamente obtenido, precisan. La mujer responsable de la estafa fue condenada en 2021 por la Audiencia Provincial de Madrid y el Tribunal Superior de Justicia madrileño confirmó la pena. El Supremo indica que la condenada se aprovechó de la necesidad de vivienda que tienen los ciudadanos de alquilar inmuebles «en un contexto de elevación de precios en el mercado de alquiler». «Es reprochable desde el punto de vista penal la realización de ofertas en internet anunciando inmuebles en alquiler, cuando la realidad es que ese inmueble no lo tiene en alquiler la persona que lo ofrece, ni tiene disponibilidad sobre el mismo», sino que su objetivo es lograr un enriquecimiento patrimonial que ocasiona un perjuicio a personas que buscan un hogar a un precio asequible, señala. Con el magistrado Vicente Magro como ponente, el TS recrimina que se utilicen «estas fórmulas de engaño para conseguir un beneficio económico de quien puede que esté necesitado también de dinero y que carece de inmueble en el que residir, y que por esa necesidad se vea más expuesto a caer en la trampa «. Los magistrados inciden no solo en el grave perjuicio económico, sino también en el daño «moral y psicológico» que conlleva para las víctimas. En este sentido, llaman la atención sobre la delicada situación de muchas personas que «ven complicado encontrar una casa en la que vivir» y son engañados por los estafadores, «lo que en muchos casos supone agravar la ya de por sí vulnerable posición de las víctimas, haciéndoles más vulnerables aún».